A fin de apoyar financiera e institucionalmente los proyectos articulados en cadenas productivas con capacidad de atraer, organizar o mejorar su evolución a nivel local, regional y federal, la Comisión de Desarrollo Rural, que preside el diputado Javier Usabiaga Arroyo (PAN), aprobó un dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

En el documento se destaca que las características de las cadenas productivas se han modificado de manera significativa. Enfatiza que anteriormente se distinguían por tener un tamaño único, con una secuencia lineal, lenta y estática; mientras que los retos actuales la ubican dentro de una dinámica ágil y a la medida del consumidor.

Argumenta que en el sector rural el reto no sólo es organizar a la gente dentro de esta nueva dinámica, también se debe asegurar su acceso al modelo actual, con el propósito de ser competitivos y obtener los mayores beneficios del valor agregado con los productos finales, a partir de un proceso de transformación y comercialización.

Señala que existe un sector de pequeños y medianos productores que disponen de tierra y mano de obra, por lo que en caso de que se organizaran en cadenas productivas podrían tener mayor valor agregado y así acceder a una mejor calidad de vida.

Refiere que, sin embargo, para ello se requiere no sólo la organización, además es necesario tener acceso a la tecnología y crédito a fin de incrementar sus niveles de producción.

En esa perspectiva, subraya, es ineludible que la aplicación de los recursos públicos para el fomento del desarrollo rural sustentable, se haga teniendo en cuenta una visión integradora de los procesos de manufactura, de tal manera que la generación del valor agregado vaya permitiendo la capitalización de los productores para que logren su autosuficiencia.

En reunión ordinaria, la Comisión de Desarrollo Rural avaló otros tres dictámenes. El primero adiciona el artículo 24 bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para integrar en los consejos nacional, estatales, distritales y municipales comités consultivos alimentarios, a fin de buscar el incremento en la producción de insumos a través de la aplicación de políticas públicas orientadas al desarrollo sustentable.

El propósito de la adición es que el campo sea considerado de las principales herramientas para impedir que el país enfrente una crisis alimentaria. Por ello los miembros del consejo podrán opinar en materia de producción.

Asimismo, tendrían la facultad de utilizar criterios de factibilidad técnica y económica, considerando principalmente las características agroecológicas, sociales, culturales y económicas de cada región.

Se suscribe que podrán participar, además de los miembros del consejo, profesionistas inscritos en el padrón de prestadores de servicios del sector rural, perteneciente al Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, en carácter de expertos.

En el documento se precisa que es necesario incrementar la producción agropecuaria y pesquera, así como mejorar el contenido nutricional de lo que consume la población y aplicar medidas que aumenten la seguridad alimentaria mediante la creación de reservas estratégicas.

Otro dictamen avalado por el pleno de la comisión propone reformar el artículo 37 y adicionar un párrafo al artículo 43 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para incluir a las instituciones de educación superior en el Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural, a fin de que difundan sus conocimientos.

En el dictamen se plantea que la visión del campo y de los productores respecto al acceso de nuevas tecnologías de información y comunicación no es valorada de forma suficiente, por lo que se requiere organizarlos para que de manera colectiva puedan hacerlo.

Detalla que en el caso específico de la investigación y la transferencia de tecnología, se demanda una estrecha relación con los productores rurales, a fin de conocer cuáles son sus necesidades y darles a conocer los avances que se vayan registrando.

El último dictamen reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con el propósito de darle un valor agregado al sector agroalimentario.

Con las reformas se le otorgaría al Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad y Calidad Agroalimentaria la facultad de supervisar y evaluar que en puertos y fronteras se dé cabal cumplimiento de la normatividad vigente, esto debido a que actualmente no cuenta con esa jurisdicción.

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