El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI) presentará una iniciativa con el objeto de reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de establecer una mejor coordinación en la materia entre órganos de gobierno y poderes del Estado.

Dijo que no se puede dejar de concebir a la seguridad sin la idea de una participación y coordinación federalista. Por lo que es preciso actuar con la certeza de que ésta no puede alcanzarse mediante estrategias y acciones aisladas de la autoridad; “requiere la articulación y coordinación de todos los órganos existentes en los tres niveles de la administración pública”.

Ramírez Marín recalcó que la seguridad pública debe concebirse como una estrategia global e incluyente, que al tutelar valores aceptados colectivamente nos lleve a realizar políticas públicas de verdad eficaces.

“En razón de lo anterior, es necesario enfrentar la inseguridad desde una visión integral, que contemple las realidades de cada localidad contemplando las causas de la delincuencia y la problemática social que la acompaña, así como los fenómenos sociales, valores culturales y la dimensión territorial en la que se desarrolla”.

Sostuvo que la preservación del orden público es un requisito indispensable para la conservación de las libertades y los derechos del ciudadano.

El orden público es una condición necesaria para la subsistencia de un Estado. Sin él se está en presencia de una sociedad desordenada, gobernada por el caos, la anarquía y la inseguridad, entorno en el que se destruyen los vínculos sociales y se erosiona el capital humano de una sociedad, al aumentar la desconfianza dentro de las comunidades, explicó.

En este sentido, indicó que de acuerdo con la encuesta Mitofsky de percepción ciudadana sobre la inseguridad en México de agosto de 2009, revela que a partir de una muestra de tres mil ciudadanos, dos de cada tres encuestados considera que la inseguridad es peor que la que se vivía en 2008.

Asimismo, que el 24 por ciento de los encuestados reportó haber estado cerca de la comisión de un delito. “La inseguridad y el delito amenazan con volverse actores culturales”.

Subrayó que México está calificado como el país sin guerra más violento del mundo, debido a que el combate al narcotráfico produce una muerte cada 85 minutos, es decir, cada 24 horas pierden la vida de forma violenta 17 personas, muchas de ellas decapitadas. Según informes de la Procuraduría General de la República, se han registrado 200 decapitaciones en los últimos tres años.

Consideró que a lo largo de tres años México ha vivido momentos más que sangrientos. “Día tras día los medios de comunicación dan muestra de ello. No acabamos de asombrarnos ante una noticia de esta índole, cuando al día siguiente nace otra que la supera en toda dimensión, sin que exista una prevención eficaz por parte de la autoridad ante estos hechos”.

Advirtió que el fenómeno de la inseguridad ha venido evolucionando, desde una concepción puramente represiva en sus inicios hasta una concepción mucho más acabada en la actualidad, que tiene que ver con todo aquello relacionado con la persona y su patrimonio, a niveles organizativos y territoriales que se creían impensables.

“Este fenómeno tiene una naturaleza indudablemente federal, en el más amplio sentido, tomando en cuenta que un solo nivel de gobierno no puede resolverlo; es necesaria la acción coordinada de los estados y de los municipios; asimismo, se requiere considerar al Congreso, por medio de la Cámara de Senadores, como expresión del pacto federal”.

Añadió que aunque se reconoce el esfuerzo de las corporaciones policiacas y de las fuerzas armadas, así como se cuenta con instrumentos para hacer frente a este fenómeno, estos mecanismos son insuficientes ante las urgentes necesidades en el campo de la seguridad pública, que exigen mejores resultados además de cooperación, diálogo permanente y coordinación en todos los niveles de gobierno.

Precisó que con esta reforma la Cámara de Senadores podría ratificar nombramientos y remociones que el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública haga del secretario ejecutivo y titulares de los centros nacionales.

Al ser la Cámara de Senadores la representación de la ciudadanía a nivel nacional, se considera necesario que sea partícipe desde su ámbito de competencia respecto de las acciones de colaboración y coordinación en materia de seguridad pública, puntualizó.

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