• La Comisión de Presupuesto iniciará la dictaminación de la Cuenta Pública 2007
• También se integraron grupos de trabajo para dar seguimiento al gasto del gobierno federal y revisar los asuntos turnados a este órgano legislativo

El diputado Luis Videgaray Caso anunció que en reunión con la Mesa Directiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se acordó la integración de tres grupos de trabajo para dictaminar las cuentas públicas del 2002 al 2007; dar seguimiento al gasto del gobierno federal y revisar los asuntos turnados a este órgano legislativo.

Existe un rezago “muy importante” en la dictaminación de las cuentas públicas y “hemos tomado la decisión de proceder al dictamen empezando por la de 2007”, que corresponde a la administración federal vigente, aseveró.

Agregó que “es definitivamente un objetivo el que tengamos y pongamos a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la Cuenta Pública 2007 en este periodo de sesiones que inicia el 1 de febrero”.

Subrayó que es inaceptable que no se dictaminen las cuentas públicas del gobierno federal porque es una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados, pero también una obligación y “se está perdiendo una oportunidad de evaluar de manera crítica, pero también constructiva y propositiva, el cómo se está ejerciendo el dinero público”.

Al dictaminar sobre el tema se abre la posibilidad de reducir los subejercicios, tener programas sociales de mayor calidad, así como de presupuestos que cumplan con las expectativas y proporcione los resultados, agregó.

“Hoy sin duda tenemos un ejercicio del gasto que no es satisfactorio… resultados que no se cumplen y en parte, tal vez, es porque no hemos podido conectar el ejercicio de rendición de cuentas con un mejor proceso presupuestal”.

El acuerdo de todos los grupos parlamentarios, manifestó, es darle prioridad en la Comisión de Presupuesto a la dictaminación, en primer lugar, de la primera cuenta pública que le compete a esta legislatura directamente, que es la de 2007.
Adelantó que el método de trabajo se pondrá a consideración del Pleno de la Comisión el próximo 3 de febrero.

En tanto, el diputado David Penchyna Grub precisó que “tenemos seis cuentas públicas por aprobar, en dos de ellas hubo dictamen, fue rechazado, me refiero a 2002 y 2003 del sexenio de Vicente Fox y las subsecuentes 2004, 2005, 2006 y 2007 pendientes por elaborar dictamen y proceder, en su caso, a su discusión y a su aprobación”.

| Expresó: “Que el escenario en el que nos movemos va a estar plagado de un ambiente electoral, esa es una realidad, pero no es la razón suficiente para que no lo hagamos”. La dictaminación y aprobación de la cuenta pública, señaló, tiene que ver con la construcción de mejores presupuestos, “de señalar responsabilidades con datos duros que eviten la electorización de los asuntos”.

“…el dictamen de las cuentas públicas, su revisión y sus consecuencias jurídicas se tienen que llevar hasta sus últimos elementos porque es lo que merece el pueblo de México… se están ejerciendo recursos y es lo que debemos vigilar, es nuestra obligación, no vamos a renunciar a ello y estoy seguro que lo haremos con profesionalismo, con datos duros sobre documentos y no sobre premisas que no existan”.

Dijo que se creó un grupo plural donde están incluidas todas las fuerzas políticas y que se aspira a realizar un trabajo que es fundamental no sólo para la evaluación, sino para la toma de decisiones en la construcción del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año.

Respecto al grupo de trabajo para dar seguimiento al gasto federal, mencionó que tendrá como función ordenar y coordinar los trabajos de la Comisión de Presupuesto para que se cumpla con la normatividad aplicable, incluyendo la emisión de un programa nacional de reducción del gasto público de alcance trianual que está previsto en el PEF-2010.

Sobre el tema, el diputado Jesús Alberto Cano Vélez afirmó que se trata de dar seguimiento preciso al ejercicio de todos los programas federales, particularmente de inversión en infraestructura. Añadió que se tiene que vigilar que la aplicación de los programas sociales no tenga fines ni tintes electorales.
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