• Presenta ante la Comisión Permanente informe anual de actividades 2009

• Convoca la CNDH a jornadas nacionales para fortalecer cultura de legalidad y el Estado de derecho

El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, resaltó en su informe anual de actividades, que se atendieron siete mil 703 expedientes de queja, las autoridades más frecuentemente señaladas en hechos presuntamente violatorios fueron: Secretaría de la Defensa Nacional, seguida por el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Procuraduría General de la República.

Enfatizó que la inseguridad ha ido en aumento durante los últimos años y que ha cobrado la vida de muchos seres humanos, “ocho mil ejecuciones atribuidas al crimen organizado en 2009 representan una clara muestra de ello”.

Se pronunció por que el Ejército no cumpla funciones que le corresponden a la policía. Por lo que promoverá que las policías reorganizadas puedan hacerse cargo de la función que les corresponde y que la milicia se mantenga en la esfera de sus facultades.

“Es necesario frenar esta situación y exigir a las autoridades que trabajen de manera coordinada, responsable y eficaz en el combate a la delincuencia para garantizar a cada mexicano el derecho a la seguridad pública”.

Ante el Pleno de la Comisión Permanente, invitó a los integrantes de la Cámara de Diputados, todos los actores políticos y sociales, servidores públicos y a la sociedad en general, sin distingos de partidos o intereses de grupo, a celebrar jornadas nacionales para fortalecer la cultura de la legalidad y el Estado de derecho, a fin de enfrentar la compleja problemática que padece el país.

En ese mismo sentido, dijo que es importante trabajar en una Carta de Deberes de las Personas, que clarifique los deberes y responsabilidades de todos los ciudadanos. “Dicha convocatoria busca que los habitantes del país sean los auténticos beneficiarios de los derechos que establece el orden jurídico nacional”.

Al hacer un recuento de las principales acciones realizadas por la CNDH, informó que en 2009 ofreció más de 45 mil servicios entre los que se encuentran orientación a quejosos, remisión a otras autoridades y revisión de solicitudes en materia de transparencia, lo que significó más de 123 acciones por día.
En este sentido, el funcionario señaló que se emitieron 78 recomendaciones específicas a más de 100 autoridades federales y locales.

Mencionó que algunas de las autoridades que no aceptaron algunas de estas recomendaciones fueron las siguientes: los titulares de los poderes ejecutivos de los estados de Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca y el jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Por otra parte, los secretarios de Relaciones Exteriores y del Trabajo y Previsión Social; el procurador General de la República; el director general de Petróleos Mexicanos; el comisionado del Instituto Nacional de Migración; los directores generales del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y del Instituto Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Salud, así como el Congreso del estado de Sinaloa.
Asimismo, los titulares de los ayuntamientos de Acayucan, Veracruz; Jiménez, Michoacán; Oaxaca de Juárez, Oaxaca; Olinalá, Guerrero, y Tijuana, Baja California.

Por ello manifestó que es oportuno fortalecer el trabajo de la CNDH, a través de reformas necesarias para que los funcionarios públicos que no acepten las recomendaciones o que no cumplan con las mismas, cuando hayan sido aceptadas, comparezcan ante las comisiones de derechos humanos de las cámaras de Diputados y Senadores.

Lo anterior, dijo, con la finalidad de fundar y motivar sus acciones u omisiones, y en todo caso se les pueda fincar responsabilidades administrativas o penales.

Plascencia Villanueva consideró que las coyunturas de distintos órdenes afectaron la vida en el país durante el año anterior, lo que ocasionó la generación de un ambiente adverso al desarrollo humano, económico y social.

“La crisis económica, la inseguridad social, la desconfianza de la población hacia las instituciones e incluso el entorno global, incrementaron la actividad delictiva”, subrayó.
En cuanto al Informe Especial sobre el Secuestro de Migrantes, precisó que en este trabajo se dejó claro que existe ineficiencia del sistema de justicia para prevenir, investigar, perseguir y castigar esta actividad delictiva, así como hay una ineficacia de la autoridad para proteger a las víctimas y lograr la reparación del daño.

Expresó su enérgica condena por el hecho de que en el 2009 se presentó el mayor número de atentados y agravios contra periodistas y defensores civiles de derechos humanos, ya que se radicaron 105 expedientes de queja, 79 de ellos por actos cometidos en perjuicio de periodistas y 26 en agravio de defensores civiles.

Resaltó que secuestros, robos, atentados contra migrantes, abusos contra grupos vulnerables, así como la imposibilidad real de disponer de recursos suficientes para enfrentar los principales reclamos sociales por parte del estado, generaron un sinnúmero de situaciones críticas en el país.

“En las actuales circunstancias que vive el país, con la presencia de una gran tensión social derivada de la inseguridad, agudización de las desigualdades y la polarización política, queremos ser una institución promotora del diálogo respetuoso y constructivo entre todos los actores sociales y políticos”, puntualizó.

El servidor público recalcó que buscará tender puentes y promover la tolerancia, armonía, conciliación, respeto a la disidencia, al distinto, al diferente, como condición necesaria para la construcción de un país de instituciones más justo y equitativo.
En tanto el diputado Francisco Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, afirmó que los legisladores analizarán el contenido de este informe y “tengan la seguridad de que estaremos trabajando por la defensa de los derechos humanos de los mexicanos”.

Asimismo, indicó que dicho documento será turnado a las comisiones de Derechos Humanos de las cámaras de Diputados y de Senadores.

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