Al inaugurar el seminario sobre Retos y Perspectivas Legales en Materia de Protección de Datos, el diputado Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Gobernación, aseguró que no es hora de someter el derecho de acceso a la información de los ciudadanos a largos litigios judiciales, en el entramado de los distintos niveles de procuración de la justicia que hay en México.

En este sentido, manifestó su preocupación respecto al alegato a favor de la constitucionalidad presentada por el procurador General de la República ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para solicitar sea validada la reforma en el estado de Campeche, “que abre la puerta a las impugnaciones de las resoluciones de los órganos administrativos en materia de acceso a la información”.

“Con todo respeto, pero también con toda preocupación expreso que no prestigia al gobierno del presidente Felipe Calderón promover un alegato que valide una disposición que, por supuesto, atenta contra la eficacia práctica del acceso a la información y, por supuesto, contra la constitucionalidad de los principios de especialización, eficacia y característica expedita de las resoluciones del IFAI.

Corral Jurado señaló que hará llegar respetuosamente a la Corte su opinión --–y propondrá a la Comisión de Gobernación que pueda suscribirla— porque atender las consideraciones del procurador General de la República, “consideraríamos su resolución un paso atrás en el avance del acceso a la información pública gubernamental.

Añadió que es la hora de fortalecer y de consolidar la autonomía constitucional del Instituto Federal de Acceso a la Información; es hora de cerrar la trilogía del derecho a la información, acceso, archivos personales y de protección de datos personales”.

No es hora de crear más instancias burocráticas, pero sí de fortalecer la autonomía del IFAI y no vulnerar o mermar su capacidad de respuesta ante las exigencias de información de los ciudadanos, enfatizó.

Señaló que el citado seminario tiene la finalidad de lograr un punto de convergencia entre académicos, empresarios, partidos políticos, funcionarios públicos y, especialmente, quienes son los titulares de la información, para que a partir de las reformas constitucionales a los artículos 16 y 73, avanzar en la definición de las normas secundarias que den viabilidad del derecho a la protección de la información privada de los ciudadanos.

Precisó que la cada vez más abundante información de carácter personal que los ciudadanos entregan no sólo a las entidades públicas y cuya tutela se encuentra asegurada en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública gubernamental, hace necesario garantizar a la población que esos datos en posesión de entidades privadas se vea igualmente protegidos.

Especialmente, abundó, en momentos en los que las tecnologías avanzan y permiten la conformación de importantes bases de datos que se entregan para fines determinados y que no pueden ser utilizadas inadecuadamente para intervenir de manera arbitraria en la vida de las personas.

Se manifestó por impulsar un dictamen que permita contar con una ley secundaria que se sume a la protección de datos personales en manos del sector público, y defina procedimientos y mecanismos para defenderlos en el sector privado.

Mencionó que el encuentro permitirá fortalecer la voluntad y el criterio de los legisladores para dotar a los mexicanos de mecanismos que les garanticen la privacidad de la información que contiene datos personales y que sólo deben ser usados para los fines por los que fueron proporcionados.

La Comisión de Gobernación, dijo, está comprometida con el derecho a la información, y por ello en la protección de datos personales en manos de quienes los posee, entidades públicas o privadas.

Este derecho es reconocido a partir de los avances tecnológicos que permiten el uso, conservación y transmisión de información para diversos fines y, que además de ser reconocido, protegido a través de ordenamientos legales a fin de generar mecanismos legales que permitan que las personas titulares de la información puedan acceder a ellos, rectificarlos, cancelarlos u oponerse a su utilización.

Corral Jurado subrayó que es responsabilidad del Congreso dotar a la Constitución de instrumentos jurídicos que permitan que esa voluntad tenga oportunidad de ser operativa en beneficio de la sociedad. “De nada sirve seguir anunciando derechos constitucionales sin las leyes reglamentarias que los posibilite y los hagan objetivos y los vinculen a las autoridades”.

La celebración mundial de la protección de datos, es el momento propicio para hacer una reflexión sobre los retos, perspectivas y desafíos de la regulación en materia de datos a partir de las recientes reformas constitucionales.

En tanto, la comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Jacqueline Peschard Mariscal, afirmó que hay una gran preocupación por evitar injerencias arbitrarias e ilegales, tanto de entidades públicas como privadas en la información personal de los ciudadanos, por lo que se requiere una mejor regulación.

“Los tiempos son los adecuados: el Artículo 73 constitucional señala en sus transitorios que la ley deberá expedirse a más tardar en abril de este año. El Plan Nacional de Desarrollo también establece que es necesario el desarrollo de una ley federal que garantice que los datos personales en poder de los particulares estará protegida bajo los principios reconocidos en los tratados internacionales en la materia y que el Estado mexicano debe observar”, indicó.

En este sentido, dijo que la obtención, manejo y tratamiento de los datos personales requiere ser regulada bajo estándares internacionales que permitan garantizar a las personas la confidencialidad y seguridad de su información personal y al mismo tiempo potenciar las capacidades competitivas y comerciales del país.

“La experiencia internacional nos ha demostrado que leyes muy restrictivas con enfoques demasiado garantistas, pudieran entorpecer los intercambios comerciales y el crecimiento económico. También nos dice que la carencia de una regulación mínima lleva a extremos peligrosos, ya que se posibilita una injerencia en el actuar y pensar de las personas, sin que éstas tengan conocimiento de ello y sin que puedan controlar las consecuencias socioeconómicas que eso conlleva”.

Consideró que el dictamen aprobado por la Comisión de Gobernación en el periodo de sesiones pasado debe constituir la base sobre al cual se fundamente el debate.

“Nos enfrentamos hoy a la responsabilidad, al reto de configurar el mejor diseño legal para poder concretar una exigencia social, producto de la globalización, la competencia, intercambios comerciales y a las nuevas formas de convivencia virtual a través de redes sociales”, subrayó.

En tanto Sofía Charvel Orozco, coordinadora del Seminario de Derecho y Ciencia del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), dijo que el derecho constitucional a la protección de datos personales “constituye un instrumento jurídico imprescindible en el desarrollo de nuestra sociedad democrática que permite garantizar la libertad del individuo”.

Actualmente no existe actividad pública o privada, comercial o no, que pueda sobrevivir sin tratamiento de datos de carácter personal y el derecho a la protección de éstos se hace más que nunca necesario en todas las facetas de nuestra vida, argumentó.

“Y dando un paso más allá, consideramos que hoy en día en realidad nuestra identidad virtual es incluso más importante, al menos cuantitativamente hablando, que nuestra única, hasta el momento, identidad física”.

Resaltó la necesidad de reflexionar sobre el derecho a la protección de los datos sanitarios, porque por un lado se trata de datos sensibles y por otro que no se puede desconocer que éstos tienen que ser sometidos a tratamientos por parte de las instituciones y profesionales correspondientes con unas peculiaridades propias.

“No encontramos ninguna norma en el ordenamiento mexicano que los defina”. La protección de los datos relativos a la salud sea considerada como un derecho constitucional, fundamental o simplemente como una libertad civil, es una garantía de protección para los pacientes y usuarios del sistema de salud, señaló.

“Nos queda mucho camino por recorrer en el que sólo hemos dado pasos, y que necesariamente pasa por la información y formación del usuario acerca de sus derechos y obligaciones en el cuidado de su información personal, huyendo de los extremismos, con objetividad, así como por asentamiento legal, jurisprudencial, social y cultural del derecho a la protección de datos personales”.

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