La construcción de un marco legal en materia de protección de datos personales sería incompleta sin una legislación en torno al derecho a la vida privada, que regule la participación de entidades particulares en su manejo y administración, coincidieron académicos y funcionarios.

En la primera mesa de análisis del seminario Retos y perspectivas legales en materia de protección de datos personales, Miguel Carbonell Sánchez expresó: “No nos resolvería nada si sólo regulamos al Estado en esta materia; tenemos que involucrar a los particulares como sujetos potencialmente vulneradores de este derecho”.

Se pronunció por una la regulación que no sólo integre el procesamiento, rectificación y cancelación de datos personales; “esto está muy bien pero hay un derecho a la intimidad y a la vida privada, que es la otra cara del derecho a la información”.

El experto del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM refirió que la vida privada consiste en la facultad que tienen los individuos para no ser interferidos o molestados por persona o entidad alguna, en todo aquello que desean compartir únicamente con quien ellos eligen.

Ángel Trinidad Zaldívar, comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) subrayó que la proliferación de centros de datos ha permitido -gracias a los avances tecnológicos- producir una imagen total y pormenorizada de las personas; es decir, crear un perfil de la personalidad incluso en el ámbito de su intimidad.

Hay que reconocer que hay un derecho a la privacidad y a la intimidad, “esto debería estar regulado no solamente en el derecho a los datos personales: es importante contar con una ley de datos por su íntima relación que tiene con la economía”, añadió.

A su vez, Miguel Ángel Flores Guerrero, de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), destacó que para expedir una ley secundaria en materia de datos personales se requiere de la convergencia de cuatro elementos básicos: un conjunto de datos jurídicos, la valoración de justicia de dicha información, la solución al problema y la construcción técnica de la solución.

Abundó que una ley cuyo fin es proteger el manejo personal de los individuos, deberá comenzar delimitando la conducta de los sujetos que llevan a cabo la recolección, el tratamiento o la transmisión de los datos personales, ya que son ellos quienes pueden causar un cambio en la esfera jurídica del titular, ya sea por el uso excesivo de éstos o por una utilización no autorizada de su información.

Por su parte, Jorge Arturo Cerdio Herrán, jefe del departamento de Derecho del ITAM, consideró que es una tarea legislativa el establecer los principios que deriven en un marco regulatorio que proteja los derechos de los ciudadanos, además de que debe estar asociado al procesamiento de datos.

En este sentido, mencionó que tener un mínimo de regulación en el marco constitucional significaría atender definiciones básicas, derechos, principios y algunas garantías muy específicas de procedimiento.

En su turno, María de los Ángeles Jasso Cisneros, asesora de la subsecretaria de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, puntualizó que la ley debe contener que los datos personales sean tratados y recabados legalmente, los que estén en posesión de particulares deben ser actualizados y exactos, el titular tenga acceso a ellos y medidas de defensa y protección del ciudadano.

Además, establecer políticas generales y procedimientos que deberán observar los particulares para garantizar a las personas el adecuado tratamiento de su información personal. “Debemos asegurarnos que esta ley contenga los suficientes procedimientos y defensas y en su caso sanciones”, añadió.

Luis Gustavo Parra Noriega, diputado local del Estado de México, indicó que ante la ausencia de una legislación en materia de protección de datos personales, especialmente los que se encuentran en posesión de particulares, se pueden generar actos discriminatorios.

Lo anterior debido a que en el uso de la información se van creando perfiles de consumo, lo cual puede provocar el negar el otorgamiento de un bien o servicio, así como limitar algún tipo de empleo.

Ante ello, recalcó que el reto del Legislativo es trabajar para realizar una ley antes del 30 de abril, que proteja los datos personales y sus derechos, y no impida la llegada de inversiones importantes en diversos rubros y áreas comerciales del país que pudieran ser un detonante económico importante.

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