A fin de “recuperar los pasajes históricos mutilados en los libros de texto gratuito”, así como evitar que se determinen de manera unilateral los contenidos de la educación nacional, la diputada Narcedalia Ramírez Pineda (PRI) presentó iniciativa que modifica y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

Dijo que uno de los propósitos de la iniciativa es “ponderar el valor de nuestra historia y exaltar su significado, sobre todo en niños y jóvenes que muchas veces sólo identifican a héroes a través de estampitas”.

Reafirmar el principio laico del Estado es lo que nos ha permitido preservar la libertad de conciencia, superar los conflictos religiosos y consolidar las instituciones democráticas de nuestro país, enfatizó.

La propuesta considera ampliar las facultades del Consejo Nacional Técnico de la Educación y del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación para garantizar que sus opiniones sean jurídicamente vinculatorias y evitar que se determinen de manera unilateral los contenidos de la educación nacional.

El documento se remitió a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Democracia participativa.

A la Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Participación Ciudadana, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública, se remitieron tres iniciativas del diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT) que proponen regular el plebiscito, referéndum y revocación de mandato como mecanismos de participación ciudadana para transformar al Estado en una República representativa, participativa, deliberativa y democrática.

Para ello, propuso modificar diversas disposiciones de la Carta Magna y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como expedir las Leyes que regulan el Plebiscito, el Referéndum y la Revocación de Mandato, respectivamente.

Cárdenas Gracia dijo que no existen mecanismos de participación democrática idóneos para transformar al Estado y que “mientras los poderes fácticos se superpongan a las instituciones para conseguir lo que a sus intereses conviene no podremos avanzar como sociedad ni como país”.

Cultura financiera

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (Nueva Alianza) presentó una iniciativa que reforma el artículo 5 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a fin de promover, a través de la Secretaría de Educación Pública, programas en materia de cultura financiera.

En el documento enviado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público se refiere que un programa de educación financiera ayuda a crear conciencia de la importancia del ahorro, manejo del crédito y cuidado del dinero por medio del conocimiento y la prudencia en el manejo de los recursos financieros.

Exentar de impuestos a automóviles ecológicos

Con el propósito de reducir la emisión de gases efecto invernadero producidos por el parque vehicular, la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (PRI) planteó adicionar el numeral IV al artículo 8 de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos para exentar de este gravamen a la enajenación al consumidor por el fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante de vehículos que funcionen con motores híbridos o eléctricos.

En tribuna, la legisladora dijo que las políticas fiscales son primordiales para fomentar el desarrollo de industrias limpias que contrarresten la degradación del medio ambiente y cumplir con los compromisos internacionales en la materia.

La utilización de estos vehículos, dijo, permitirá mitigar la emisión de gases efecto invernadero, sobre todo en las zonas urbanas; es necesario eliminar la carga impositiva que representa el ISAN en los autos ecológicos. La propuesta se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Multar a difamadores electorales

A la Comisión de Justicia se turnó la iniciativa, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez (PRI), que adiciona un artículo 412 Ter del Código Penal Federal para que la persona que con fines electorales o pre electorales impute a otro falsamente un delito se le impongan de seis meses a seis años de prisión, así como una multa de 100 a 200 días de salario.

En el caso de que el responsable de dicha conducta fuese funcionario electoral, funcionario partidista, precandidato, candidato o incluso servidor público, la pena será de 200 a 300 días de multa y prisión de dos a nueve años.

Testigos sociales

El diputado Guadalupe Vera Hernández (PAN) presentó modificaciones al artículo 134 de la Constitución, para que las universidades públicas e instituciones de educación superior participen como testigos sociales en las contrataciones que llevan a cabo las dependencias y entidades de la administración pública federal.

De esa manera, se garantiza que la supervisión de los procesos se realizará por personas con los conocimientos técnicos requeridos para llevar a cabo dicha encomienda. Se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales.