Diputados del PRD y PT fijaron comentarios sobre la situación jurídica de los presos de San Salvador Atenco, en donde se manifestaron porque los impartidores de justicia revisen la problemática y den paso a la justicia tomando como base la ley y el derecho.

En agenda política, el diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (PT), mismo que suscribió el tema en el orden del día, solicitó al Poder Judicial Federal cumpla el compromiso que se hizo con familiares y abogados de Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo para que pueda atraer el caso.

Se manifestó porque la Secretaría de Gobernación y las autoridades mexiquense reparen las injusticias a las que se enfrentan los presos, y porque los consignados sean trasladados a un reclusorio del fueron común y no en uno de alta peligrosidad, como el de Almoloya.

Pidió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia que, de acuerdo al artículo 105 fracción V párrafo II de la Constitución Política, puedan conocer de los amparos directos que ya están en marcha interpuestos por los abogados de los detenidos.

“Seguiremos insistiendo en que el Ministerio Público (MP) deba de tener plena autonomía; mientras no ocurra ello, el MP en sus diversos órdenes seguirá actuando por consigna y a petición de parte”, abundó.
Ibarra Pedroza recordó que revisando el proceso de Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo se puede establecer que las autoridades del Estado de México argumentaron que debido a su peligrosidad y por razones de seguridad tales personas deberían ser ingresadas a un penal de alta seguridad, lo que aconteció el 4 de mayo de 2006, siendo recluidos en Almoloya, uno de los penales más inhumanos de los que hay en el país, argumentó.

Se ha podido acreditar, añadió, que el Ministerio Público no acreditó en el proceso penal la causal de peligrosidad que invocó para sustentar su petición de competencia territorial y el traslado a ese penal.

Además, que el ingreso de ellos fue a todas luces indebido porque la autoridad federal obsequió la petición a la mexiquense de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación.

Otro caso injusto el de las condenas. “Imagínense la desmesura y la desproporción de las sentencias, por poner un ejemplo, a Ignacio del Valle se le asignaron 112 años de cárcel y están pendientes 5 procesos, en contraste, a un varón ligado al narcotráfico y delincuencia organizada, como es Rafael Caro Quintero sólo tiene una sentencia de 40 años”, abundó.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío (PRD) señaló que en este país no habrá paz social y credibilidad en la impartición de justicia mientras que estas contradicciones se sigan presentando.

“Cómo ha de creer nuestro pueblo en las autoridades judiciales por estas terribles condenas a los luchadores sociales; cómo habrá de creer en la justicia si a los líderes sociales que defienden su tierra se les encarcela de manera abusiva; no pedimos impunidad, exigimos sólo justicia”.

Argumentó que no es posible que por haber defendido en Atenco la tierra que por generaciones les ha pertenecido éstas mujeres y hombres conozcan este rostro inhumano de la injusticia. “No habrá armonía en la nación mientras que algunos se les aplique la ley que conviene a sus intereses, no habrá justicia mientras se encarcele a la gente que demanda justicia y ser atendidos”.

A su vez, el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (PT) mencionó que en el país se vive el absurdo. “Qué tiene que pasar el país para que reaccionemos, qué tiene que suceder para pongamos orden en esta tragedia nacional que se viene desarrollando”.

La petición de que de Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo vayan a un penal de fuero común, puntualizó, es lo menos que se puede en un proceso que empieza a enderezar la justicia hacia ellos, “deben estar en libertad; no cometieron ningún delito”.

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