Con el propósito de que la Comisión de Salarios Mínimos establezca los salarios mínimos profesionales para los trabajadores de la construcción y ajustar las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que se da la relación de trabajo, la diputada María Cristina Díaz Salazar (PRI) planteó reformas a diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a efecto de incluir en el Título Sexto un Capítulo VII Bis.
Explicó que en México la población ocupada como albañil asciende a un millón 131 mil personas, prácticamente la totalidad son hombres (99.9 por ciento).

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) expone que la edad promedio de este grupo de población es de 41 años. De cada 100, tienen entre 30 y 49 años, 25, son mayores de 50 y 20 reportan una edad de 12 a 29 años. El 78.9 por ciento de los albañiles son jefes de su hogar, 13.3 por ciento hijos del jefe o jefa del hogar y 2 por ciento declaró ser cónyuge.

Además, nueve de cada 10 albañiles reportó no tener seguridad social como prestación laboral; 76.3 por ciento son contratados en forma verbal y 23.7 por ciento declaró tener contrato escrito. Se remitió a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Ley General de Protección de Datos Personales

Posteriormente, la diputada Norma Leticia Orozco Torres (PVEM) presentó una iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Protección de Datos Personales, para establecer los principios, derechos y obligaciones que regulan la protección y tratamiento de los datos personales en posesión de los sectores públicos y privados,

Indicó que el uso de tecnologías de la información ha avanzado de manera exponencial y trae consigo grandes riesgos, sobre todo por el uso que se le puede dar a la información.

El ordenamiento propuesto otorgaría facultades al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) para vigilar y sancionar e incluir a los particulares dentro de las responsabilidades para la protección de datos personales.

En lo que respecta a la seguridad pública y nacional, información hacendaria o sistemas de salud, las autoridades quedarían exentas de esta normatividad siempre y cuando su actuar sea conforme a lo establecido en la Ley y puedan verse obstaculizadas sus funciones. No obstante, deberán guardar la confidencialidad de los datos personales sin excepción alguna.

La Ley consta de 20 artículos en seis capítulos. En el sexto establece las sanciones a que se harían acreedores quienes infrinjan esta ley, las cuales van de 500 a 10 mil unidades de salario, independientemente de las de orden civil o penal que procedan, así como los procedimientos para el resarcimiento del daño ocasionado por los entes públicos o privados. La iniciativa se remitió a la Comisión de Gobernación, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública

Proponen que diputados ratifiquen tratados internacionales

En su oportunidad, la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (Convergencia) presentó una iniciativa de reformas a los artículos 76, 89 y 133 de la Constitución a efecto de otorgar a la Cámara de Diputados la facultad de ratificar –con mayoría calificada– los tratados internacionales, que hoy únicamente está reservada al Senado de la República.

Ante los altos grados de cooperación internacional y sus respectivos procesos de integración regionales, así como la diversidad de temas y problemas mundiales que aquejan a todas las naciones, es necesario que la Cámara de Diputados –como colegisladora y depositaria de la soberanía popular– se involucre en el debate y en proposiciones de política internacional que nuestra nación debe impulsar de manera más decidida. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Proponen modificar esquema de pagos fraccionados de ISR

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público se envió la iniciativa del diputado Roberto Gil Zuarth (PAN), que se refiere al tratamiento del régimen de consolidación fiscal, por medio del cual las sociedades controladoras deberán enterar, en cada ejercicio fiscal, el Impuesto Sobre la Renta actualizado que hubieran diferido con motivo de la consolidación fiscal.

Busca cambiar el esquema de pagos fraccionados para flexibilizar el horizonte de pagos y hacer el entero del impuesto más accesible para las sociedades controladoras, sin modificar el período para el pago del impuesto diferido.

-- ooOoo --