En agenda política, diputados de todas las fracciones parlamentarias fijaron comentarios sobre la violencia e inseguridad en el país reflejada en el asesinato de los jóvenes en Ciudad Juárez, Chihuahua y Torreón, Coahuila, el pasado 31 de enero.

El proponente del tema, diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (PT) se preguntó: ¿qué esperamos? “a que esa violencia nos toque a nosotros, a nuestros familiares, porque nadie está exento en este momento en el país de que pueda sufrir una situación de esta naturaleza; es gravísimo”.

En lo que va del mes de enero van 933 asesinatos; en el actual gobierno federal 17 mil 859 fueron muertos. En 2009, ocho mil 281 por su relación con el crimen organizado, lo que representa un incremento de 147 por ciento, es decir, 22.68 asesinatos por día, abundó.

Enseguida, la diputada Cora Pinedo Alonso (Nueva Alianza) señaló que los hechos de los últimos días deben de motivar un debate serio sobre la nación que se está construyendo. “Es inadmisible que una sociedad tolere y acepte como parte de su normalidad la muerte de los jóvenes víctimas de una violencia irracional, de la impunidad”.

Se manifestó porque se exija a las autoridades una acción decidida, enérgica y oportuna que le devuelva a los mexicanos la tranquilidad. “Una solución a largo plazo a este y otros fenómenos relacionados con la inseguridad, pasa por la educación; es urgente que la enseñanza que se imparte desde la familia promueva valores y fomente una cultura a la legalidad”.

Del PRD, la legisladora Teresa del Carmen Incháustegui Romero dijo que México es hoy de nuevo noticia de primera plana en todo el mundo, ya que la masacre en contra de jóvenes deportistas sin vínculos con las bandas del narcotráfico muestra la falacia con que se cubre la fallida guerra contra el narco.

Tal acontecimiento, indicó, ratifica que la estrategia asumida por el gobierno no está dando los resultados esperados y que, contrariamente a lo que se afirma, las condiciones de inseguridad son más alarmantes cada día, que la sustitución de cuerpos policiales no es el camino para generar seguridad y fortalecer los derechos ciudadanos.

Se necesita discutir una ley que ponga límites y condiciones; que dé muestras a la ciudadanía de que no estamos pasivos a cuestiones como ésta que lesionan, indignan y lastiman tanto”, enfatizó.

La diputada María Antonieta Pérez Reyes (PAN) señaló que van cien años de que Ciudad Juárez es y ha sido plaza codiciada para los grandes grupos de narcotraficantes. “Nunca antes un gobierno federal había hecho nada para disminuir o enfrentar el monstruo que hoy nos ahoga”.

Agregó que Juárez es hoy una mezcla injusta de desvergüenza política, de incapacidades, de ineficiencia y de corrupción. Chihuahua, es botín de la delincuencia organizada como también es víctima de secuestros, robo de vehículos, y de pandilleros.

“Ahí se vive uno de los peores capítulos y ante la gravedad de los hechos el gobernador deja detrás de ellos una serie de evasiones, agregó.

Posteriormente, el diputado Héctor Agustín Murguía Lardizábal (PRI) afirmó que no es echándole la culpa al presidente, al gobernador o al presidente municipal como se resolverá el problema en Juárez, se requiere unidad, cooperación y entendimiento.

Agregó que el problema no tiene que ver sólo con pistolas y policías, sino con falta de oportunidades y educación. “Lo importante es qué vamos a hacer de aquí en adelante para resolverlo; necesitamos solucionar el problema sumando esfuerzos”.

Señaló que ese municipio, que antes representó esperanza de progreso y empleo para muchos mexicanos, “se nos está escapando de las manos, como si fuera un pueblo fantasma, entre secuestros, extorsiones, delitos impunes y todo tipo de siniestros”.

Por su parte, el diputado Víctor Manuel Castro Cosío (PRD) señaló que no habrá armonía en la nación mientras a unos se les aplique la ley que conviene a sus intereses.

En su intervención, la diputada Laura Itzel Castillo Juárez (PT) señaló que Chihuahua ocupa en primer lugar en denuncias por violación a los derechos humanos, “es un estado completamente militarizado, pero a pesar de esto los asesinatos violentos con armas reservadas para uso del Ejército han aumentado entre un 500 y un 700 por ciento”.

Enfatizó que los constantes abusos militares, cateos arbitrarios, torturas, secuestros, desapariciones forzadas y robos denunciados por la población a manos del Ejército y la policía federal han motivado denuncias reiteradamente por la inconstitucional militarización de la ciudad y del país.

Refirió que organizaciones han denunciado que la presunta lucha contra el narcotráfico es aprovechada para exterminar a los luchadores y luchadoras sociales.

En tanto, el diputado José Francisco Landero Gutiérrez (PAN) puntualizó que desde el Congreso se deben impulsar la reforma al marco jurídico laboral que incide positivamente en los jóvenes con flexibilidad y mayor acceso al trabajo “22 millones de jóvenes no estudian ni trabajan, 200 mil están en Chihuahua y no se hace nada por ellos”.

Añadió que también reformas al marco jurídico de seguridad social para que los jóvenes tengan acceso a vivienda; impulso a la ley de educación media superior que brinde mayores garantías y oportunidades; impulso a políticas a favor de la familia; fortalecimiento a los institutos de la juventud y reformas que garanticen la seguridad y la no discriminación.

Comentó que el éxito en otros países que han combatido la violencia ha sido la unión. “El caso de Colombia es el más simbólico; el precedente es que han estado unidos con la sociedad y la sociedad le ha dado el respaldo”.

Al hacer uso de la tribuna, el diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) dijo que es irritable que se diga que los jóvenes asesinados en Ciudad Juárez se volverían a morir. No tenían por qué haber muerto, mucho menos de esa manera miserable.

¿Preguntan que querían los jóvenes? Pues empleo, escuela. Han privatizado la educación pública, le han quitado el presupuesto a las universidades y por eso 7 millones y medio de jóvenes no tienen ninguna posibilidad de nada. El pueblo merece mejor suerte y espero que esta soberanía asuma su responsabilidad y tome las decisiones para que se le brinde vivienda, salud, educación, empleos bien pagados y mejores condiciones de vida.

A su vez, el diputado Juan Carlos Natale López (PVEM), señaló que su partido repudia la violencia en el país, “al igual que la ineficiencia del gobierno federal al no poder asumir sus funciones y no saber cómo hacerlo”.

Indicó que su grupo parlamentario se ha pronunciado por endurecer las penas contra la delincuencia organizada. “Vivimos en un país ensangrentado, donde gobierna la delincuencia organizada. En un país que ha sido superado en todos sus aspectos y sus políticas de seguridad pública por los malos y los rudos, los narcos y los delincuentes, que saben que impunemente pueden hacerlo”.

En tanto, Pablo Rodríguez Regordosa (PAN) indicó que el gobernador de Chihuahua, frente a los hechos ocurridos, debe asumir su responsabilidad al igual que el presidente municipal de Ciudad Juárez y el propio presidente de la República, de ahí que éste último, añadió, ha girado instrucciones para que se investigue a fondo.

“Pareciera que este país no ha vivido en paz desde hace muchos años, y no me refiero a 6, a 12 o a 18, sino a muchos años más. Porque no basta la tranquilidad, se requiere del orden, y no hay orden en el país cuando se tiene una delincuencia mejor armada que las fuerzas armadas que nos protegen”.

En su turno, el diputado David Penchyna Grub (PRI) recordó que el 11 de diciembre de 2006, el presidente constitucional de México declaró la guerra contra el narcotráfico y añadió que hoy, “a diferencia de sus aliados, el PRI no discute esa declaratoria, es legítimo compartir hasta sus últimas consecuencias lo que aqueja al Estado. No hay acción más legítima de un gobernante que procurar la seguridad de sus gobernados”.

Sin embargo, dijo, hablar de que lo que pasó en Ciudad Juárez es del fuero común, “es un despropósito y una ignorancia. Hoy han muerto jóvenes en un acto de delincuencia organizada. Replanteemos una estrategia porque la actual es equivocada, dende ha habido miles de muertos”.

David Penchyna destacó que “no existe un gobierno que tenga el ingenio y la imaginación más mínima para proponer programas de capacitación laboral, para profundizar en la verdadera raíz del crimen organizado en México que son la falta de oportunidades de empleo”.

El diputado Agustín Guerrero Castillo (PRD) dijo que el país vive un baño de sangre debido que después de tres años existen 18 mil muertos, de los cuales centenares de ellos eran mexicanos inocentes, “mujeres, jóvenes y niños que han perdido la vida por la sola desgracia de estar donde no debían estar”.

Externó que es una responsabilidad del Estado garantizar la integridad de los ciudadanos y habitantes, “esta guerra abierta sin estrategia ha tenido un costo altísimo para nuestro país”.

El diputado Emilio Serrano Jiménez (PRD) indicó que al país le hace falta medidas preventivas, “más espacios para que los jóvenes sigan estudiando; trabajo a quienes carecen de empleo; más recreación, deporte, que se ocupe el tiempo en cosas productivas y en no estar pensando en cómo delinquir”.

Afirmó que es necesario el cambio para que se tenga tranquilidad en el país, “les puedo garantizar que todos tienen miedo cuando llegan a sus casas, que no saben lo que les puede pasar a sus familiares, y si de verdad nos interesan nuestras familias, los jóvenes y la seguridad trabajemos por la prevención del delito”.

Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para el próximo jueves 4 de febrero a las 10:00 horas.

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