Al presentar, a nombre del grupo parlamentario del PRI, la iniciativa que crea la Ley General de Protección a Víctimas del Delito, el diputado Víctor Humberto Benítez Treviño dijo que el fenómeno de la delincuencia se ha incrementado de manera acelerada en los últimos años, lo que ha producido que las instituciones y estructuras de la autoridad vinculadas con el combate y prevención se vean rebasadas.

Advirtió que el alto índice delincuencial, la incapacidad mostrada por las autoridades, falta de instrumentos jurídicos eficaces en protección victimológica, han provocado “la desconfianza de quienes han sido objeto de una conducta criminal, para acercarse a las instituciones que hoy tienen por objeto cumplir la tarea de brindarles apoyo”.

Ante ello, el legislador señaló que con la citada ley se pretende la creación un Sistema Nacional de Protección a Víctimas del Delito, el cual estaría sustentado en una Base Nacional de Datos de Víctimas del Delito.

“Con esto se brindaría una mejor atención, proporcionando estadísticas de incidencia y comportamiento útiles para el combate a la delincuencia y, sobre todo, al secuestro”.

Manifestó que con esta ley se propone la creación de la Conferencia Nacional de Protección de Víctimas del Delito, a fin de brindar auxilio psicológico, médico, psiquiátrico, terapéutico, de trabajo social y jurídico a los ofendidos.

Esta ley contempla solventar, a través de la creación del Fondo Federal para la Protección a las Víctimas del Delito, atención especializada en instituciones no gubernamentales, a personas que hayan sufrido algún delito, cuando las dependencias oficiales carezcan de equipo o personal adecuado, así como construir y mantener refugios para testigos y ofendidos del hecho delictuoso, subrayó.

Benítez Treviño añadió que se busca formar centros de atención a en cada una de las entidades federativas, que contarían con procesos poco burocráticos.

Lo anterior, dijo, se lograría al reformar las leyes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Federal de Extinción de Dominio y de Amparo.

“Por ello, es necesaria la creación de una institución pública sensible y global que tenga las atribuciones, recursos y personal capacitado, para contrarrestar el efecto delincuencial de manera integral y enfrentar el difícil escenario del trama delincuencial”.

Se turnó a las comisiones unidas de Justicia, Seguridad Pública y Derechos Humanos, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública.

Partidas específicas en el PEF para desarrollo social

En tanto, la diputada Elsa María Martínez Peña (NA) presentó una iniciativa que busca reformar el artículo 22 de la Ley General de Desarrollo Social, a fin de que en el Presupuesto Anual de Egresos de la Federación se establezcan partidas presupuestales específicas para los programas de desarrollo social.

Asimismo, para estipular que no podrán destinarse a fines distintos, así como los servidores públicos responsables de ejercerlas lo harán observando el principio de imparcialidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Se canalizó a la Comisión de Desarrollo Social.

Que la ASF atienda denuncias del Congreso y ciudadanos

El diputado Alejandro Gertz Manero (Convergencia) planteó reformar la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a efecto de que cuando se presenten ante la Auditoría Superior de la Federación denuncias sobre el ejercicio fiscal en curso o los anteriores por parte de la Cámara de Diputados, de otros autoridades o de la ciudadanía ésta deba proceder a realizar las auditorías correspondientes del ejercicio fiscal en curso o los anteriores.

Expresó que si las denuncias no fueren procedentes, la Auditoría Superior de la Federación informará de ello a los denunciantes en forma fundada y motivada.
Se envió a la Comisión de la Función Pública.

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