La Cámara de Diputados exhortó al Ejecutivo federal a requerir al titular de la Secretaría de Gobernación, así como al Procurador General de la República a que de manea inmediata ofrezcan disculpas públicas y reivindiquen el nombre, prestigio y honor de los servidores públicos del estado de Michoacán que fueron acusados de presuntos vínculos con el narcotráfico y liberados por resultar inocentes.

Al justificar la proposición, el diputado Pablo Escudero Morales (PVEM) dijo que “para poder preservar el estado de derecho en este país es necesario que se subsanen los excesos en los que incurrió el gobierno federal, a través de disculpas públicas en los diferentes medios de comunicación”.

Agregó que los ex funcionarios acusados de delincuencia organizada, “casualmente”, fueron detenidos el año pasado, un mes antes del proceso electoral y tratados como delincuentes, sin tener pruebas contundentes en su contra, en un operativo espectacular.

“El proceso estuvo lleno de dudas, procedimientos turbios y múltiples violaciones a los derechos humanos; es inadmisible lo ocurrido en el operativo: ingresos a domicilios sin órdenes de cateo, detenciones arbitrarias sin órdenes aprehensión ni de presentación.

“¿Así es como el gobierno federal quiere dar la lucha contra la delincuencia organizada y en contra de cualquier ciudadano que desafortunadamente se encuentre en su camino o en un proceso electoral?”, cuestionó.

Al respecto, el diputado Víctor Manuel Báez Ceja (PRD) expresó: “Después de 8 meses de haber purgado una sentencia, resulta que no hubo pruebas y elementos suficientes para declararlos culpables”. Es necesario que “hagamos un alto en el camino” y legislar en materia de arraigo y testigos protegidos para que esto no vuelva a suceder.

Se requiere, agregó, legislar para que la justicia esté apegada a la Constitución y garantice que los mexicanos tengamos nuestros derechos a salvo; para que no existan ciudadanos que tengan que estar recluidos en un centro de readaptación sin haber pruebas suficientes que los inculpen.

“No hemos recibido las michoacanas y michoacanos ni nuestro señor gobernador una disculpa pública por las violaciones que se dieron el 26 de mayo del año pasado”, subrayó.

En tanto, el diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) advirtió que este tema pone de relieve “el nivel de manipulación que ha habido en la mal llamada guerra contra el narcotráfico, los ciudadanos son tratados como si fueran delincuentes en retenes militares, en revisiones violatorias de derechos humanos”.

En el caso de las autoridades municipales y funcionarios del gobierno de Michoacán, añadió, se les vejó desde la detención, se les hizo un juicio sumario donde ya eran tachados de narcotraficantes y se les aplicó un “mal llamado arraigo domiciliario” que viola los derechos fundamentales.

“Lo menos que se debe hacer es dar una disculpa pública y reparar el daño a los funcionarios. Este caso es particularmente grave porque se actuó de manera dolosa y de manera electoral. Celebro que se empiece a enderezar la impartición de justicia”, dijo.

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