A fin de castigar con penas de hasta 20 años de cárcel a quienes consuman o soliciten servicios de prostitución infantil y turismo sexual, el diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín (PAN) presentó una iniciativa que adiciona un artículo 203 Ter, y reforma el artículo 204 del Código Penal Federal.

Ante el Pleno, el legislador señaló que la ley vigente sanciona a quien vende o arrienda pornografía infantil, pero “no al depredador que paga por sexo con niños; esa conducta en particular no se encuentra tipificada y queda impune… a quien debemos atacar es al consumidor, al cliente explotador que mantiene con sus recursos económicos este negocio y contribuye al crecimiento de esta mafia”.

Es necesario mandar “un mensaje claro a los pederastas, para que de una vez por todas sepan que sus actos serán castigados y reciban esta iniciativa como advertencia de que no quedarán impunes”, añadió.

Destacó que en México se reconoce la existencia de este problema, sin embargo no hay estadísticas oficiales. Para 2007, se estimó que fueron víctimas unos 60 mil niños, predominando la prostitución infantil en Cancún, Acapulco, Tijuana y el Distrito Federal.

“Ello convierte a México en uno de los principales destinos de turismo sexual, prostitución infantil y producción de pornografía infantil, y lo sitúa en la disputa de los primeros lugares, junto a países como Tailandia, lo cual es a todas luces vergonzoso”.

Indica en el documento que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) refiere que en Tijuana actualmente hay de tres mil a 10 mil menores que son ingresados al comercio sexual; un informe de la Barra de Abogados de Estados Unidos en 2009 advierte de la presencia de 47 grupos de delincuencia organizada dedicados a la explotación sexual.

“Los grupos de explotación operan sobre todo en el Distrito Federal y en 17 entidades de la República, como Baja California, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Chiapas, Chihuahua, Tlaxcala, Tamaulipas y Jalisco, las cuatro primeras consideradas como de turismo sexual por ser lugares con destino de playa”.

Según la ONU, en México hay 70 mil víctimas, de las cuales 50 mil están en la frontera; y en lo que hace al caso particular del Distrito Federal, 7 mil han sido detectados en tres delegaciones: Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, y según datos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la capital aproximadamente 10 mil niños que viven en situación de calle han sido víctimas de abusos sexuales, además de ser explotados por pedófilos. Se turnó a la Comisión de Justicia.

Ley de Amparo

Más adelante, el diputado Ignacio Téllez González (PAN) planteó reformas al artículo 124 y adiciona un artículo 124 Ter a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política, para que el juicio de amparo, y en específico la suspensión del acto reclamado, no constituya una traba para la ejecución de obras públicas.

Explicó que las obras públicas constituyen uno de los principales motores de crecimiento de la economía, debido al monto de las inversiones realizadas, la derrama económica que generan, la creación de empleos y el aumento de la calidad de vida por los servicios públicos.

Propone definir en la Ley de Amparo los procedimientos, condiciones, supuestos garantías y formas específicas a seguir tratándose de la suspensión del acto reclamado.

Asimismo, crear un modelo específico en materia de suspensión del acto reclamado, negando o concediendo tal medida precautoria, siempre bajo la premisa de privilegiar la ejecución de las obras públicas, dada su relevancia colectiva e interés social, a menos que haya un interés social superior, ya que en tal situación deberá existir un ejercicio de ponderación judicial. Se envió a la Comisión de Justicia.

Fortalecer al Conadis

A su vez, la diputada Tomasa Vives Preciado (PAN) propuso fortalecer las atribuciones y el objeto del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conadis) y reforzar su integración para sentar las bases de transición hacia un modelo social centrado en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

Mediante una iniciativa, suscrita también por su compañera de bancada, Sonia Mendoza Díaz, presentó reformas a diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad para que el Conadis establezca, articule y coordine el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, y demás acciones y programas que generen la igualdad de oportunidades para estas personas.

Se busca coadyuvar para definir las bases legales que permitan transitar de una política asistencialista, a una que facilite el ejercicio pleno de sus derechos, así como su participación efectiva en la vida social, económica y política, en condiciones de igualdad de oportunidades con los demás miembros de la sociedad.

Además, facultar al Conadis para integrar, en coordinación con las autoridades competentes, el Sistema Nacional de Información para Personas con Discapacidad, y subsanar la carencia de información y datos sobre este sector de la población.

Plantea que se integren al Conadis la secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y que lo presida el secretario de Desarrollo Social; que participen como invitados permanentes, un representante del Instituto Nacional de las Mujeres, del Instituto Mexicano de la Juventud, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se envió a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Mayor cobertura de servicios financieros

Enseguida, el diputado Ovidio Cortazar Ramos (PAN) pidió reformar el artículo 46 bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito, para evitar que únicamente proliferen en aquellas regiones donde existe una cobertura de servicios financieros, sino en regiones en donde actualmente no existen oferentes de servicios financieros.

Las modificaciones contribuirían a fomentar una mayor cobertura de servicios financieros y reducir costos tanto para las instituciones de crédito como para los usuarios de sus servicios.

Se propone derogar el inciso a) de la fracción VI del artículo 46 bis 1 de este ordenamiento con objeto de que la ley no limite el monto de las operaciones y no marginar a la población del sistema financiero; además se permite que el monto de las transacciones que se realicen a través de las corresponsalías o comisionistas se sujete a los contratos que realicen la institución de crédito y el tercero. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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