El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar (PRI) presentó una iniciativa que pretende reformar diversas disposiciones de la Constitución y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de disminuir el financiamiento público que reciben los partidos políticos nacionales para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y campañas políticas.

Asimismo, para que los partidos que pretendan mantener su registro obtengan por lo menos el 3 por ciento de la votación en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o presidente de la República y no del 2 por ciento como lo establece el texto vigente.

Lo anterior, dijo, con la finalidad de que los partidos políticos que logren su registro cuenten con un mínimo de representatividad social que les permita acceder al financiamiento público y a las demás prerrogativas que la ley en la materia establece.

Resaltó que en 2009 el Instituto Federal Electoral ejerció un presupuesto de 12 mil 180 millones de pesos, de los cuales 8 mil 450 fueron para su gasto operativo y 3 mil 730 en prerrogativas de los partidos políticos, “lo que sigue siendo un costo altísimo y ofensivo para los mexicanos”.

Se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación.

Dar autonomía de legislación al D.F.

Por su parte, la diputada Esthela Damián Peralta (PRD) planteó reformar diversas disposiciones de la Constitución y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, con el objeto de otorgar a la capital del país autonomía en materia de legislación de la administración pública local, en su régimen interno y en los procedimientos administrativos y de responsabilidad de servidores públicos.

Señaló que es imperativo que el órgano local tenga facultades plenas para legislar en materia de responsabilidades de los servidores, a fin de generar un verdadero marco jurídico actual, en donde se marquen los parámetros para que se desenvuelva todo servidor público y reconozca sus derechos, pero que también imponga obligaciones legales en el ejercicio de sus funciones.

“Le corresponde al gobierno pugnar por la existencia de mecanismos legítimos y propios, pero más, por dotar de facultades a los que por derecho les corresponde velar y vigilar por el cumplimiento de un Estado de derecho”, subrayó. Fue turnada a las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales y del Distrito Federal.

Incentivar inversión en infraestructura

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (NA) propuso reformar el artículo 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de que los recursos invertidos en las subcuentas de aportaciones complementarias de retiro, en las subcuentas de aportaciones voluntarias o en los planes personales de retiro que se inviertan por diez años consecutivos, así como los rendimientos que ellos generen, sean exceptuados hasta por el monto de deducción al que se refiere la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Dijo que con esta propuesta se darían ahorros con rendimientos más atractivos a los trabajadores que aporten recursos voluntarios a su cuenta de ahorro, “ya que el ahorro voluntario es un factor determinante para elevar el monto de la pensión y finalmente a la sociedad mexicana al acortar ese déficit de infraestructura que afecta directamente la competitividad de su economía, la productividad y el bienestar social de la población”.

Se envió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Establecer una Manifestación de Impacto Regulatorio en tratados internacionales

En tanto, el diputado Adán Augusto López Hernández (PRD) presentó una iniciativa que pretende reformar el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a efecto de obligar a que exista una Manifestación de Impacto Regulatorio en materia internacional cuando México firme tratados interinstitucionales.

Explicó que esto significa que debe haber un estudio de los efectos de los compromisos internacionales suscritos por las dependencias del Ejecutivo a nivel federal, local y municipal, con el objeto de no vulnerar la armonía que debe prevalecer entre el derecho interno y el derecho internacional.

Asimismo garantizar que la entidad que busca adquirir un compromiso con un ente extranjero estará apegada a derecho y se encontrará en plenas condiciones para cumplir a cabalidad con su responsabilidad. Se canalizó a la Comisión de la Función Pública.

Reformar el artículo 135 de la Ley de Amparo

En tribuna, el diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (PRI) propuso reformar el artículo 135 de la Ley de Amparo y los artículos 103 y 107 de la Constitución, a efecto de que cuando la autoridad fiscal embargue bienes del deudor y éstos sean suficientes para asegurar el interés del crédito fiscal exigible, el contribuyente no tendrá que realizar el depósito en efectivo que se le exige.

Explicó que el artículo 135 de la Ley de Amparo exige al contribuyente a quien ya se embargaron bienes suficientes para garantizar el interés fiscal, volver a garantizar ese interés a través del depósito en efectivo del total de la deuda a nombre de la Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o municipio que corresponda; “entonces, el artículo 135 es desproporcional y excesivo porque obliga al contribuyente deudor a garantizar dos veces un mismo crédito fiscal”. Se envió a la Comisión de Justicia.

Aprendizaje a favor de obreros e ingenieros mexicanos

El diputado Pedro Vázquez González (PT) presentó una iniciativa que reforma la Ley de Inversión Extranjera, a efecto de establecer los requisitos que deben cumplir las empresas extranjeras en materia de aprendizaje tecnológico y operativo a favor de los obreros e ingenieros mexicanos.

La propuesta establece que las empresas con inversión extranjera directa que tengan su asiento en territorio nacional deberán capacitar a los obreros y técnicos mexicanos para que aprendan a reproducir los diseños, los procesos de operación y producción objeto de explotación, así como las reparaciones y mantenimiento de las máquinas y equipos que se utilizan en los centros de producción y anexos.

De igual forma, que sus centros de desarrollo e investigación, establezcan programas de vinculación con los centros de investigación y las universidades públicas del país para garantizar la transferencia de tecnología asociada al aprendizaje tecnológico de los procesos productivos, diseños, procedimientos, especificaciones técnicas de producción y calidad que explotan en el territorio nacional. Se envió a la Comisión de Economía.

Ley Federal de Asistencia a Madres Solteras Jefas de Familia

Por su parte, el diputado Alejandro Carabias Icaza (PVEM) presentó la iniciativa de la Ley Federal de Asistencia a Madres Solteras Jefas de Familia con el propósito de reconocer el importante papel que desempeña la madre soltera y coadyuvar al desarrollo y ejercicio de los derechos fundamentales de sus dependientes económicos menores de edad.

Señaló que con la expedición de esta ley se busca el establecimiento de políticas públicas y diversos programas entre los cuales se encuentra el de una ayuda económica mensual, equivalente a 40 días de salario mínimo general diario vigente en el área geográfica de aplicación, cantidad que las madres solteras jefas de familia deberán destinar a los alimentos de sus hijos menores de edad.

“Considero que aun cuando existen disposiciones legales y programas para favorecer el desarrollo de las mujeres en ámbitos como nutrición, violencia intrafamiliar, salud, atención infantil y derechos humanos ello no implica que necesariamente se brinden los apoyos adecuados al segmento de las mujeres solteras jefas de familia con hijos menores de edad”.

Se remitió a la Comisión de Desarrollo Social, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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