A fin de que se disponga de un sistema de información eficaz y oportuno, que permita conocer el estado del ejercicio del gasto de los recursos que se transfieren a las entidades federativas durante el ejercicio fiscal en turno, la diputada Gabriela Cuevas Barrón (PAN) leyó una iniciativa que modifica los artículos 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La legisladora precisó que las reformas buscan la incorporación de mecanismos que promuevan el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía se constituyen en primordiales para consolidar las democracias contemporáneas.

Se pretende estimular una cultura de transparencia en la administración pública lo que implica transformar el modo en que los servidores desarrollan su trabajo cotidiano, ya que trastoca desde la organización de información, hasta aceptar que los documentos que generan no son de su propiedad. Se envió a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Adecuar el Código Penal Federal

En el país, los delitos contra la dignidad de las personas son un problema que ha tomado dimensiones considerables. Estadísticas muestran que sólo entre 2002 y 2007 han sido asesinadas mil personas por problemas homofóbicos, reveló la diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes (PAN) al presentar iniciativa que reforma los artículos 149 Ter y 149 Quáter del Código Penal Federal.

En tribuna, la legisladora dijo que actualmente este código no incluye el tema de crímenes por discriminación, por lo que se propone adecuar la redacción del texto constitucional en la materia.

Expresó que los delitos por discriminación tienen lugar cuando una persona ataca a otra y la elige como víctima en función de su pertenencia a un determinado grupo social, según su edad, raza, género, religión, etnia, nacionalidad, afiliación política, discapacidad u orientación sexual.

La presente iniciativa, continuó, tiene por objeto tipificar el delito de discriminación en el Código Penal Federal, toda vez que la propia Constitución considera la prohibición de la discriminación, y que, ante la realidad que vivimos de violencia contra los grupos menos favorecidos es necesario tomar acciones encaminadas a hacer valer los derechos de todos y velar por la dignidad de las personas. Se turnó a la Comisión de Justicia.

Exentar de impuestos a jubilados

El diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta (PT) impulsó una iniciativa que reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de que se eleve de 9 a 25 veces el salario mínimo o su ingreso equivalente y quede exento de la aplicación de este impuesto para los jubilados.

Ante el Pleno, Di Costanzo Armenta argumentó que estas personas ya pagaron impuestos durante toda su vida y no es justo que ahora sus ahorros sean doblemente gravados, como lo está haciendo la Secretaría de Hacienda”, subrayó.

Explicó que el aumento de hasta 25 salarios mínimos se debe a que es el tope máximo que establece la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social para que las personas se jubilen; “quizá a algunos lo consideren muy alta, pero la mayoría de los jubilados incrementan por su misma edad los gastos en salud; muchas veces tiene que acudir a las instituciones de seguridad social y éstas no cuentan con medicinas o los servicios que ellos requieren”. Se canalizó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Garantizar derechos colectivos

A la Comisión de Justicia se envió una iniciativa, a cargo del diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT), que adiciona diversas disposiciones al Código Federal de Procedimientos Civiles para proteger, garantizar y establecer las vías procesales que hagan posible los derechos colectivos en México.

El legislador indicó que se busca que los derechos e intereses difusos y los intereses y derechos individuales de incidencia colectiva sean una realidad mediante un sistema procesal específico que se contemple en el mencionado código.

En nuestro país, agregó, el sistema procesal ha sido diseñado desde una clave individualista, donde se protegen los derechos personales; en muy pocas materias existen procedimientos para garantizar derechos colectivos; por ejemplo, en materia laboral existen algunos mecanismos para garantizar los derechos colectivos de los trabajadores.

Que el Congreso nombre al titular de la CNDH

Con el propósito de facultar al Congreso de la Unión para que sea la Cámara de Diputados, con la ratificación de la Cámara de Senadores, se nombre al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se presentaron reformas a los artículos 102 constitucional y 10 y 18 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La proponente, diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (PRI), abundó que de esa manera se podrá contar con un organismo más eficaz, debido a que en un sistema bicamaral, como es nuestro Poder Legislativo, se dará origen al principio de equidad, mayor representatividad, más credibilidad y fuerza tanto legal como moral a dicha dependencia.

Informó que el presidente de la CNDH será elegido por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Diputados y ratificados por el mismo número de votos de los Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada.

Se canalizó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos.

Apoyos para ex trabajadores migratorios

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (PRI) propuso reformar el artículo 5 de la Ley que crea el Fidecomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios,a efecto de que se publiquen las bases y procedimientos a través de los cuales se autorice otorgar los apoyos por la cantidad de 38 mil pesos en una sola exhibición que se podrán entregar a los beneficiarios en un plazo de 180 días hábiles.

La iniciativa busca que el Fondo operado por la Secretaría de Gobernación a través de un comité técnico otorgue los apoyos con preferencia a los trabajadores con enfermedades terminales; los trabajadores de mayor edad respecto a los de menor edad; los trabajadores migratorios del periodo 1942-1946, y los trabajadores migratorios hasta el periodo 1964.

“Se debe de considerar a este sector de la sociedad como una prioridad por el número y rango de edad que representan los ex trabajadores migrantes, así como la morosidad con la que ahora se le hace efectivo un pago al que, con elemental sentido de justicia, tienen derecho”. Se envió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Comisiones de bioética

En tanto, el diputado Miguel Antonio Osuna Millán (PAN), a través de una iniciativa, busca que las instituciones de salud constituyan comisiones de bioética para la resolución de los dilemas derivados del ejercicio de los derechos de los usuarios, con respecto a las actividades de atención médica.

Afirmó que la creación de comisiones de bioética para que intervengan en la resolución de los dilemas derivados de la atención médica tiene el objeto de generar certeza en el ejercicio de los derechos de los usuarios, incluyendo aquellos que ocasionan los cuidados paliativos.

Asimismo, puede contribuir notoriamente a la mejora de la calidad de los servicios de salud en beneficio de sus usuarios y, por lo tanto, al cumplimiento de uno de los objetivos del sistema nacional de salud. Fue enviada a la Comisión de Salud.

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