Con el objeto de que el consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés Zurita, comparezca ante las Comisiones de Gobernación y de Puntos Constitucionales para informar sobre el contenido del “libro blanco” del IFE, la aplicación de la reforma electoral de 2007 y posibles adecuaciones jurídicas, el diputado César Augusto Santiago Ramírez (PRI) leyó un punto de acuerdo.

Dijo que en días pasados, se presentó el denominado "libro blanco" en el que el Instituto Federal Electoral hace un balance de la aplicación de las reformas legales en los comicios de 2006 y 2009.

Subrayó que de acuerdo con señalamientos al interior del propio Consejo General del IFE, en la elaboración de dicho documento no existe esbozo alguno de autocrítica, a pesar de que hubo errores y omisiones en materia de radio y televisión, así como en el desahogo de las quejas mediante los procedimientos especiales sancionadores.

También se ha mencionado que el papel del IFE en las tareas de arbitraje no fue sustancial en la polémica elección presidencial de 2006 ni en los pasados comicios intermedios, por lo que el instituto no puede ampararse en los resultados y la participación ciudadana para justificar su actuación.

El documento canalizado a la Comisión de Gobernación destaca que el informe precisa: que existen graves deficiencias mostradas por el IFE que no fueron recogidas en el libro blanco, pues de las 355 quejas que presentaron los partidos, en cerca de 250 casos el instituto determinó no revisar el fondo por considerarlas improcedentes.

Además que de los 20 recursos de impugnación que presentaron los partidos contra la decisión de la autoridad, el IFE los perdió todos y fue necesario reponer el procedimiento y realizar las indagatorias ordenadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En el balance de la aplicación de la reforma de 2007 tampoco se refiere que en más de 80 por ciento de los casos el procesamiento de las quejas rebasó los cinco días fijados por la ley.

Trata de personas

Para que los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública continúen llevando a cabo las acciones pertinentes en conjunto con los demás miembros de la Comisión Intersecretarial para prevenir y sancionar la Trata de Personas, de protección y asistencia a las víctimas de este delito e impulsar programas en forma permanente con el propósito de prevenir dicho ilícito, la diputada Rosi Orozco (PAN) presentó un punto de acuerdo.

Señaló que algunos datos revelan que en México existen 16 mil niños que son víctimas de explotación sexual comercial en cualquiera de sus modalidades; en 2008 se estima que existían 40 mil trabajadores sexuales. Además, existen entre mil y cuatro mil trabajadores sexuales en ciudades como Tijuana, Cancún, Oaxaca, Juárez y Tapachula, entre otras.

El delito de trata, puntualizó, atenta directamente contra la dignidad de la persona, alejándola de las condiciones de vida que tiene como derecho fundamental que debe ser respetado y protegido. “Esta forma de esclavitud contemporánea no puede tolerar el dominio de la delincuencia a costa de la libertad de una persona y de la libre disposición de sí mismo”.

Manifestó que el fenómeno de esclavitud, históricamente, ha sido sustentado en el fortalecimiento y sostenimiento de la actividad económica; en su forma contemporánea, implica el fortalecimiento de la delincuencia y un retroceso del respeto a los derechos humanos, vejación directa a la dignidad de la persona y la vida.

La propuesta se envió a las Comisiones de Justicia y de Seguridad Pública.

Exhorto a Pemex

El diputado del PRI, Arturo Zamora Jiménez presentó una proposición por la que se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos uniformar los contratos de franquicia y suministro establecidos con las estaciones de servicio del país; a las Secretarías de Economía y de Energía emitir las normas oficiales mexicanas que certifiquen los volúmenes entregados por Pemex Refinación a las gasolineras.

Mientras que a las Comisiones Federal de Competencia, Nacional Bancaria y de Valores, Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pidió impulsar la compra de gasolinas y diesel con el uso de tarjetas de crédito y débito. Fue enviada a las Comisiones de Energía, Hacienda y Crédito Público, con opinión de la de Economía.

Transparencia del presupuesto

Con el fin de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal reforme el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, a efecto de que el presupuesto ejercido por los entes públicos sea publicado a nivel partida presupuestal y por unidad administrativa responsable de ejecutarlo, la diputada del PAN, Gabriela Cuevas Barrón leyó una proposición.

Se remitió a la Comisión del Distrito Federal.

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