Al conmemorar el XCIII aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de 1917, diputados de los diversos grupos parlamentarios se manifestaron por modernizar la Carta Magna.

Al fijar la postura de su grupo parlamentario, el diputado Efraín Ernesto Aguilar Góngora (PRI) dijo que la promulgación de la Constitución de 1917 es, en síntesis, muestra de unidad y sentido como proyecto vigente de nación.

“En ella se reconoce la tradición histórica y política que caracteriza el perfil del México independiente en su lucha por encontrar su organización idónea. Al conmemorarla definimos el camino inequívoco que queremos seguir, pese a las presiones reaccionarias, nuestros proyecto es claro y está vigente en nuestra Constitución”.

Agregó que la Constitución del 1917 se promulgó debido a “los acuerdos entre opuestos”, a mexicanos que supieron colocar el interés superior de la nación por encima de las diferencias de grupo, “esto nos debe llamar a asumir un compromiso de la misma altura, calidad y ética”.

El legislador señaló que la urgente renovación de nuestras instituciones sólo puede alcanzarse con el perfeccionamiento de la Carta Magna, “adaptarla a la realidad del México contemporáneo, actualizarla conforme a las necesidades y problemas que nos enfrentamos y aportar nuestro mejor esfuerzo en la construcción de una nación más próspera, equitativa y justa”.

El diptuado Agustín Macías Romero (PAN) refirió que la Constitución recoge diversas experiencias, que son producto de un devenir histórico “en el que el país ha recogido lecciones no sólo de luchas y confrontaciones, también de acuerdos y consensos que fueron necesarios para la nación en momentos difíciles”.

Hoy, afirmó, la Constitución nos rige como la ley suprema de toda la unión, siendo una realidad ineluctable la división de poderes, en el que cada uno ha de ser un contrapeso efectivo de los otros.

“Que el aniversario de la Carta Magna sea motivo de reflexión profunda sobre los incentivos a la cooperación y al efectivo trabajo legislativo para aprobar reformas completas y sustanciales referente a temas de fondo. Falta mucho por hacer, sobre todo en materia de consolidación democrática”.

Es menester del Congreso construir espacios para la participación ciudadana y, sobre todo, para una efectiva rendición de cuentas. Evoquemos al Congreso Constituyente de 1917 como parte de una reflexión sobre nuestra situación actual como país.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho (PRD) señaló que entre revolución y revolución el pueblo mexicano ha esperado históricamente que sus representantes legislen buenas leyes con la esperanza de que se fomente un orden de equidad, libertad y de justicia para todos.

“Proponemos una reforma política integral para lograr que nuestra forma de gobierno sea una verdadera República, con una verdadera división de poderes, que sea una auténtica democracia representativa y participativa y sobre todo que lleguemos a una democracia económica, y que efectivamente sea federal, que se legisle sobre los poderes fácticos y que se rediseñe el sistema de seguridad pública, que se reconozca el estatus de estado al Distrito Federal”, dijo.

“La revolución democrática en esencia consiste en regresar la soberanía al pueblo”, precisó.

Por su parte, la diputada Caritina Sáenz Vargas (PVEM) indicó que el 2010 obliga a concretar el trabajo legislativo mediante la revisión integral de la Constitución y las leyes que de ella emanan, acorde a los tiempos y a la evolución histórica del país, promoviendo iniciativas que aborden la transformación del Estado.

“Se debe avanzar y tener una constitución acorde a la actualidad. Promoveremos las reformas necesarias para regular las actividades del Congreso, sus alcances como poder de la Unión y las necesidades para su modernización, la profesionalización de la función legislativa y la rendición de cuentas de los legisladores hacia sus electores”, sostuvo.

Resaltó que trabajará en el fortalecimiento de las Comisiones de Derechos Humanos como herramientas de protección de las garantías constitucionales, por la reforma estructural del Estado.

En su turnó, el diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT) señaló que los problemas de nuestra transición a la democracia tienen que ver con el incumplimiento de la Constitución.

Afirmó que México necesita una nueva Constitución basada en un consenso sobre principios, valores jurídicos y políticos.

“Una alianza auténtica sobre el proyecto de nación que requerimos, un proyecto de nación que garantice y respete el patrimonio de la nación, de los recursos naturales, que promueve la soberanía nacional, que desarrolle los derechos sociales”, enfatizó.

“Un proyecto de nación donde los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a la vivienda, a la salud, educación, empleo sean una realidad y contemos con instrumentos jurídicos que hagan posibles esos derechos. Es el tipo de Constitución que requiere el país para enfrentar el siglo XXI”, finalizó.

La diputada Elsa María Martínez Peña (Nueva Alianza) consideró que una manera de hacer honor a la Constitución consistiría en fortalecer las decisiones fundamentales que contiene, haciendo que la educación sea un asunto de alta prioridad en la agenda nacional, asignándole mayores recursos y ofreciendo educación media superior y superior.

Subrayó que en materia social la Carta Magna obliga a garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales, sin embargo, el año pasado se perdió casi medio millón de empleos y 6 millones de mexicanos pasaron a la condición de pobreza extrema.

Consideró que las leyes deben cambiar para no quedar al margen de la realidad, “por ello ahora que los grandes problemas nacionales se presentan de manera tan profunda tenemos que voltear a ver la Constitución de 1917 con ojos críticos para ver si el proyecto de nación que planteó está vigente”.

Al fijar la postura de su grupo parlamentario, la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (Convergencia) dijo que su fracción no renunciará a la posibilidad de construir un mejor país donde la diversidad y pluralidad se consoliden bajo el diseño de una nueva constitucionalidad.

En este sentido, afirmó que esta nueva constitucionalidad debe de ser garante de los acuerdos, la eficacia gubernamental y de la consolidación de las instituciones y de valores democráticos.

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