A fin de solicitar a la coordinadora general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Laura Gurza Jaidar, un informe sobre la situación que guardan los 159 hospitales públicos identificados como focos rojos o de alta complejidad, el diputado Marco Antonio García Ayala (PRI) promueve un punto de acuerdo.

El legislador refirió que el pasado 17 de enero, la funcionaria emitió un comunicado en el que se identifica a 159 nosocomios que se encuentran en zonas de alto riesgo y que por ello son considerados focos rojos o de alta complejidad, a partir de la evaluación de su infraestructura, ubicación, funcionamiento y preparación de personal médico y administrativo.

Agregó que Gurza Jaidar destacó que para evitar que el sistema hospitalario público colapse ante un sismo u otro fenómeno desastroso, el gobierno mexicano reiteró su prioridad de continuidad con la adopción del programa Hospital Seguro, a la cual México se comprometió ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante la conferencia mundial sobre reducción de desastres en Kobe, Japón.

“Hay informaciones que resultan si no contradictorias, sí preocupantes porque se informa que México es el país latinoamericano más avanzado en el cumplimiento del programa, pero la declaración sobre la existencia de hospitales públicos en condiciones críticas, revela la existencia de un grave riesgo y la duda sobre las acciones que las autoridades han realizado para que los nosocomios sean seguros”, señaló.
De los 159 hospitales identificados como focos rojos, 89 pertenecen a la Secretaría de Salud, 11 a la Secretaría de Marina, 32 al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 19 al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y 8 a Petróleos Mexicanos.

Argumentó que los desastres naturales, como terremotos, huracanes o inundaciones provoca no sólo la pérdida de vidas humanas, sino también graves afectaciones a los sistemas económicos, la gobernabilidad y a los servicios públicos, particularmente la atención médica.

“Esto es un gran problema porque no sólo se pierde fortaleza y capacidad institucional, también se disminuye de manera abrupta la capacidad instalada para la atención de las personas en condiciones de convivencia ordinaria y merma la recuperación y atención después de un desastre”, advirtió.

Recordó que en el terremoto de Haití, además del deceso de por lo menos 150 mil personas, se perdió prácticamente toda la capacidad gubernamental de aquella nación, entre ellos hospitales y clínicas, que incrementará la pérdida de vidas, el sufrimiento humano y la recuperación del país.

Catástrofes naturales como las inundaciones ocurridas en Ciudad Juárez, Tabasco y Chiapas, hace un par de años, o la tromba ocurrida hace unos meses en los límites del Distrito Federal y el Estado de México han provocado afectaciones perjudiciales graves a las instalaciones médicas, señaló.

“Vale la pena recordar el alto costo que representa la construcción de las instalaciones médicas, pero también su operación permanente, el pago de su personal, equipamiento adecuado, la adquisición de los medicamentos e insumos diversos que se consumen cotidianamente”, resaltó.
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