La Comisión Jurisdiccional, que preside el diputado César Augusto Santiago Ramírez, impulsará un nuevo régimen jurídico para la aplicación de sanciones a los servidores públicos a través de reformas constitucionales y leyes reglamentarias en los procedimientos de juicio político y la declaración de procedencia.

También buscará contribuir a la difusión de los derechos sociales para denunciar conductas ilícitas de los servidores públicos, a fin de abatir la corrupción y la impunidad “que tanto afecta la convivencia entre los mexicanos, desprestigia a las instituciones públicas dentro y fuera del país, quita legitimidad y credibilidad a su acción entre los ciudadanos”.

Del mismo modo, se impulsará una consulta nacional donde se debata sobre los límites del servicio público y sus responsabilidades ante la ciudadanía y se analice la doctrina, la jurisprudencia, el derecho comparado y las diversas experiencias sobre el tema que permita la reforma de la actual Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, “ya que no responde a la realidad actual, dando la impresión de que la institución del Ejecutivo encargada de su aplicación es obsoleta, cuando la escena social muestra omisiones, actos de corrupción e impunidad en la administración pública”.

En el plan de trabajo para el periodo 2009-2010, publicado en la Gaceta Parlamentaria, se precisa que en un contexto de creciente pluralismo, de alta competencia política pero sobre todo de profunda exigencia ciudadana, se necesitan instituciones sólidas y eficaces para el cumplimiento de la norma jurídica.

“La sociedad actual demanda erradicar la impunidad y la corrupción, que se observa en las instituciones de la administración pública, para ello es necesario llevar a cabo una revisión profunda que permita actualizar de forma integral el marco jurídico constitucional y su ley reglamentaria, referente a las responsabilidades de los servidores públicos”.

Es en este tema, añade el documento, donde con mayor frecuencia se presentan actos y hechos que motivan que la ciudadanía pierda la confianza en sus autoridades y las instituciones, por lo que es fundamental actualizar el marco legal para recuperar la confianza perdida.

“Si aspiramos a la construcción de una patria democrática, de un México justo e igualitario, donde la premisa fundamental sea el fortalecimiento de las instituciones y el respeto al Estado de derecho, donde ninguna persona se encuentre por encima de la ley, debemos darnos los elementos necesarios y las leyes que normen el ejercicio responsable y honesto del servidor público, el cual deberá tener siempre como fundamento el beneficio al pueblo y el respeto irrestricto de la ley”.

Para ello, se añade que la Comisión requiere de un diseño jurídico que le permita atender y resolver problemas sobre responsabilidades de los servidores públicos.

Se plantea ampliar las facultades de la Comisión que preside el diputado César Augusto Santiago, cuya tarea específica es que se designen a quienes habrán de conformar la Sección Instructora encargada de las responsabilidades a que alude el Título IV constitucional.

Asimismo, discutirá la propuesta en el sentido de si deben fusionarse la Comisión Jurisdiccional y la Sección Instructora a efecto de ser un solo órgano jurisdiccional que resuelva la declaración de procedencia, agrega el plan de trabajo.

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