Los estados fronterizos del sur del país presentan enormes retos y grandes oportunidades, por lo que se requiere trabajar a fin de impulsar su pleno desarrollo, a través de la presentación de propuestas, normas y programas acordes a las demandas sociales de la región, aseguró el diputado Juan Carlos López Fernández (PRD).

Al instalar los trabajos de la Comisión Especial de Atención de los Asuntos de la Frontera Sur, el legislador externó que Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo comparten similitudes en términos de desarrollo social y económico; por ello, mantienen agendas comunes. “Los temas tradicionales son, sin duda, la migración y la seguridad; sin embargo, no son los únicos”.

Subrayó que en la frontera sur se observan marcados contrastes, “que van de la enorme riqueza natural que caracteriza a esta región, a los más altos niveles de marginación en que viven la mayoría de los habitantes”.

El presidente de este órgano legislativo enfatizó que entre las facultades de la comisión está contar con recursos legales e institucionales para promover dictámenes, opiniones y resoluciones en relación con los asuntos de la frontera sur.

“Estamos facultados para evaluar las políticas públicas en relación con los programas y proyectos de desarrollo de la frontera sur; así como emitir los acuerdos y resoluciones que de manera colegiada analicemos y aprobemos, con base en el diálogo y respeto a la pluralidad”.

López Fernández añadió que buscarán impulsar programas que redunden en un mayor desarrollo económico y social. “Solamente con el esfuerzo de todos haremos posible el crecimiento de los estados que conforman la región para dotar de mejores condiciones de vida a sus habitantes”.

En su oportunidad, la diputada Yolanda del Carmen Montalvo López (PAN), secretaria de la comisión, informó que de acuerdo con informes del INM más de 240 mil extranjeros indocumentados entran al país anualmente, la mayoría de ellos provenientes de Guatemala.

Afirmó que temas como la migración, el narcotráfico, el tráfico de armas y de personas, así como la violencia derivada del crimen organizado forman parte de la vida cotidiana de esta región, que han generado una serie de esfuerzos por parte de las autoridades para resolver dicha problemática.

“De seguir creciendo a un ritmo tan acelerado la inseguridad pública relacionada con las maras, el tráfico de drogas y el crimen organizado puede constituirse en un problema de seguridad nacional, lo que por supuesto viene a deteriorar aún más el desarrollo social y económico del área”.

Por ello, dijo, se deben sumar esfuerzos a fin de crear estrategias, programas y proyectos legislativos que permitan reposicionar a los estados que conforman la frontera sur.

A su vez, el diputado Nicolás Bellizia Aboaf (PRI) recalcó que el sur del país requiere de programas y proyectos para lograr el desarrollo que no se ha tenido en mucho tiempo.

Destacó que la zona sur de México es “una frontera olvidada”, que presenta grandes problemas porque no hay infraestructura. “En el caso de Tabasco existe mucho atraso y tanto la migración como el tráfico de armas, drogas y de personas le ha dado una característica muy específica”.

Advirtió la urgencia de impulsar políticas públicas eficaces, debido a que “ni los estados ni los municipios podrán afrontar por sí solos”; para ello, comentó, se requiere un marco legal integral.

“En la parte que nos toca hay toda la voluntad a los trabajos de la comisión, pues sólo así podremos redirigir y participar en el desarrollo y la solución de la problemática que enfrenta la región”.

En tanto, la diputada Laura Arizmendi Campos (Convergencia) expresó su interés por crear programas y proyectos de desarrollo en esta región, totalmente viables e integrales.

“Que nuestra labor sea para el buen desarrollo, tanto en educación, medio ambiente, derechos humanos, migración, protección civil, turismo, trabajo, economía y desarrollo social”.

Estamos seguros, continuó, que si hay necesidad de legislar lo haremos en común acuerdo; haremos un grupo homogéneo y trataremos de sacar adelante una legislación acorde a las demandas ciudadanas.

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