Para incluir a los servidores públicos de organismos a los que la Constitución Política les otorga autonomía en la redacción del artículo 212 del Código Penal Federal y puedan ser considerados como sujetos de responsabilidad penal, el diputado Agustín Castilla Marroquín (PAN) presentó una iniciativa.

Se busca, expresó, evitar que escapen de la justicia penal por no configurarse debidamente el delito que cometan al no ser considerados como servidores públicos por la actual legislación penal.

Castilla Marroquín precisó que la iniciativa tiene como fin enfrentar la corrupción e ineficacia, de quienes tienen el deber de cumplir con su encomienda y de ser el caso de que incurran en alguno de los delitos relativos al ejercicio del servicio público sean castigados.

Refirió que actualmente el Código los excluye, por lo que si por ejemplo una persona que trabaja en el IFE, en la CNDH o en cualquier otro órgano constitucional autónomo comete peculado, cohecho, abuso de autoridad o cualquier otro delito, simplemente el tipo penal federal no se encontraría plenamente configurado, ya que el artículo 212 no considera a estas personas como servidores públicos, lo cual resulta inconstitucional, aunado a que se encuentra totalmente fuera de la realidad y abre un espacio a la impunidad.

La iniciativa se remitió a la Comisión de Justicia.

Elección de candidatos

A las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación, se canalizó una iniciativa del diputado Salvador Caro Cabrera (PRI) que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se plantea que 50 por ciento de las listas de partido sean de carácter abierto; se permita que éstas sean integradas por los candidatos de los partidos políticos contendientes por el principio de mayoría relativa en una circunscripción plurinominal que no hayan sido elegidos por ese principio, pero que tengan los mayores porcentajes de votación válida en su partido.

Precisó que con dicha medida se obliga a los partidos a postular ciudadanos con mayor capacidad de respuesta y compromiso hacia los electores, dado que todo candidato de mayoría relativa lo es también de representación proporcional.

Política de desarrollo social

A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se canalizó la iniciativa impulsada por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (Nueva Alianza) que modifica el artículo 32 a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para obtener mayores herramientas en la toma de decisiones que permitan priorizar los programas y proyectos propuestos en la política de desarrollo social.

Por ello, se plantea incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos, a través de un capítulo específico, los resultados de las diversas calificaciones a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Estas deberán incluir un resumen ejecutivo que con la opinión del Consejo señale específicamente las acciones de corrección, modificación, adición, reorientación o suspensión total o parcial que se deban llevar a cabo en dichos programas, con especial énfasis en el impacto de un programa, identificando las relaciones teóricas de causa-efecto entre los componentes del programa y los cambios en la situación de los beneficiarios. Esto con la información más reciente de evaluación, considerando también en retrospectiva el comportamiento del programa a través del tiempo, según la condición específica de cada uno.

Muro de Honor

Con el propósito de que se inscriba en letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados los nombres de las históricas ciudades de Dolores e Iguala, el diputado Esteban Albarrán Mendoza (PRI) presentó una iniciativa.

Expresó que la primera inscripción se debe a que es la cuna del inicio de la Independencia y la segunda por la consumación de este movimiento. “Estas dos ciudades históricas merecen ser reconocidas por este Congreso, porque representan el principio y el fin de la lucha y sufrimiento de aquellos mexicanos por conquistar la Independencia. No podemos, en tal sentido, esperar otros 100 años para rendirles un justo homenaje”.

Se canalizó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

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