• Participarán representantes del Legislativo y Ejecutivo

La Cámara de Diputados aprobó la constitución de un grupo de trabajo de alto nivel entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, cuyo propósito será crear una estrategia y un programa eficaz en materia de atención y prevención de las adiciones.

Al leer la propuesta, la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (PRI) expresó que en la actual administración el crecimiento de la violencia es evidente, pues hasta ahora se contabilizan 16 mil 205 ejecutados.

Precisó que en el contexto de la ofensiva del gobierno federal contra el narcotráfico y los cárteles que se disputan las plazas en el territorio nacional, y a la pregunta ¿qué balance ofrecen las políticas contra el narcotráfico?, la respuesta es que después de tres años hay una verdadera guerra que ha militarizado gran parte del territorio nacional.

Los resultados de ella, dijo, han sido limitados, ya que las hectáreas de cultivo no se han reducido; se ha dañado de manera importante a la población civil; han sido multiplicadas las redes delictivas y aumentado el consumo de sustancias adictivas.

Aguirre Maldonado denunció que las políticas se centran en el aspecto punitivo, “nos parece que la prevención es inconsistente, insuficiente e ineficaz”.

Se estima que un millón 700 mil mexicanos consumen diariamente cocaína; tres millones son consumidores de marihuana, lo que representa, además de un problema de salud pública, un importante mercado cuyo valor anual se calcula en 811 millones de dólares.

Refirió que en 2007 se realizó un importante decomiso de dinero, de cerca de 207 millones de dólares, procedentes del tráfico de efedrina, y de la propuesta de aplicarlo a clínicas especializadas en el tratamiento de las adicciones, “hasta ahora se desconoce cuántas se han instalado y sobre los resultados obtenidos, así como el destino de dichos recursos económicos”.

El consumo, añadió, amenaza a los jóvenes y niños. “Este es un gran problema”.

Por ello, dijo que es importante que se cite a los titulares de las secretarías de Educación Pública, de Salud, de Seguridad Pública, de Hacienda y Crédito Público, de la Procuraduría General de la República, del Sistema de Administración Tributaria, y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para analizar la integración de un grupo de trabajo interinstitucional entre los poderes Legislativo y Ejecutivo.

Su objetivo será elaborar un programa nacional contra las adicciones que comprometa a todas las instituciones y niveles de gobierno.

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