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Boletín N°. 0945 Tenemos confianza plena en la tarea del IFE: Diputado Francisco Ramírez Acuña

• Recibió del Consejero Presidente Leonardo Valdés el informe general sobre elecciones 2008-2009

La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, que preside el diputado Francisco Ramírez Acuña, recibió del Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés Zurita, el Informe General sobre la Implementación de la Reforma Electoral durante el proceso 2008-2009.

Al respecto, Francisco Ramírez Acuña agradeció la entrega del Libro Blanco que contiene el Informe y manifestó que los legisladores lo revisarán con mucho cuidado.

“Hoy por hoy los mexicanos nos hemos dado instituciones que nos garantizan procesos electorales donde todos los partidos políticos tenemos plena confianza en la tarea que realiza el Instituto Federal Electoral”, asentó.
Valdés Zurita dijo ante la Conferencia, integrada por el Presidente de la Cámara de Diputados y los coordinadores parlamentarios de los partidos políticos representados, que durante el proceso electoral la columna vertebral de la reforma fue la nueva regulación de la radio y televisión.

Advirtió que “mientras no exista un catálogo de sanciones” que inhiba las faltas en esta materia, los mayores desafíos al modelo de comunicación política continuarán exhibiéndose en aquellas cadenas nacionales de televisión que por problemas técnicos, negligencia, o bloqueo intencionado, omitan la transmisión de promocionales.

Refirió que el Instituto está obligado a cumplir su función de administrador de los tiempos del Estado para fines electorales y que para ello instauró un nuevo modelo de comunicación que asegura el acceso permanente de los partidos políticos y las autoridades electorales a la radio y televisión, “evitando la compra de espacios y asegurando la transmisión de los promocionales pautados de acuerdo con la ley”.

Leonardo Valdés subrayó que en conjunto, la administración de los 48 minutos diarios del tiempo del Estado en radio y televisión durante el proceso electoral federal 2008-2009, significó la transmisión de alrededor de 33 millones de promocionales, subrayó.

Acotó que fue un acierto reformar la ley para garantizar el acceso a través del tiempo oficial a los partidos políticos. “Esto no quiere decir que el modelo no exija cambios puntuales para hacerlo más flexible, sencillo y efectivo.

“Considero que en virtud de que tenemos una ciudadanía más crítica y que requiere estar mejor informada”, es necesario trascender la idea del promocional como único vehículo de comunicación electoral; revisar la legislación de las nuevas formas de comercialización, como la llamada propaganda integrada y establecer una diferencia clara entre sujetos regulados de muy distinta naturaleza, añadió.

El titular del IFE comentó que la elección del 2009 se convirtió en uno de los procesos con el mayor número de quejas y denuncias resueltas: un total de mil 26, que se ubicaron en cuatro vertientes: violaciones a las disposiciones en materia de radio y televisión; conductas de servidores públicos que contravienen al artículo 134 constitucional; los actos anticipados de precampaña y de campaña y la propaganda denigratoria o calumniosa.

Sostuvo que es necesario adecuar las disposiciones relativas a los Procedimientos Especiales Sancionadores porque persisten imprecisiones en la ley que no permiten determinar con claridad la competencia de los órganos locales para subsanar dichos procedimientos.

El plazo establecido para conocer de los proyectos de resolución de estos procedimientos en el Consejo General es limitado y no abona a la exhaustividad del análisis de los casos; es poco eficaz la emisión de las medidas cautelares, toda vez que en diversos asuntos no se pudo evitar el daño, aunque se haya cesado de manera inmediata la conducta correspondiente, señaló.

Consideró que la promulgación a la ley reglamentaria que dispone el último párrafo del artículo 134 Constitucional, es fundamental para definir claramente los alcances de la propaganda gubernamental y la relacionada con lo político-electoral.

Se pronunció por reglamentar el derecho de réplica, ya que ante la carencia de legislación no fue posible que los medios de comunicación repararan o enmendaran, con carácter obligatorio, la posible afectación a uno o varios candidatos y partidos.

Dijo que el recuento de paquetes electorales es un requisito de la certeza y la confiabilidad, ya que permitió disminuir la tendencia hacia la judicialización de los procesos electorales y regresarle la credibilidad a la autoridad, en los lugares donde la competencia entre el primero y segundo lugar era muy cerrada.

“La experiencia del 5 de julio permitió que nos diéramos cuenta que la capacidad operativa del personal de carrera del Instituto, en los términos en los que actualmente se encuentra, permite recontar la votación del 30 por ciento de una elección. Si es clara la recurrente competitividad de los procesos electorales, creo que los legisladores deberían prever los tiempos y procedimientos del cómputo”, afirmó.

Asimismo, se pronunció por fortalecer la confiabilidad de la credencial para votar como instrumento de identificación ciudadana. En el periodo de diciembre de 2008 a diciembre de 2009 se expidieron alrededor de 8 millones de credenciales que incorporan la CURP, con una vigencia de 10 años.

“La credencial para votar y el Padrón Electoral son los pilares del sistema electoral mexicano. Corresponde a todas las instituciones democráticas del país velar por su solidez y permanencia”, dijo.
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