Integrantes de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas, que preside la diputada Rosi Orozco, expresaron su rechazo por la liberación del sacerdote Rafael Muñiz López, acusado de pertenecer a una red de pornografía infantil.

Asimismo, en la primera reunión ordinaria de la Comisión, a la que asistieron el Procurador de Justicia del Distrito Federal y el subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública, legisladores y funcionarios se pronunciaron por homologar los criterios jurídicos para combatir la trata de personas.

El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín (PAN) expresó: “Debemos mandar un mensaje de cero tolerancia a la pederastia y a la trata de personas” y para ello es indispensable la coordinación estrecha entre la Cámara de Diputados y cada una de las dependencias y organismos competentes.

Advirtió que el “caso de Casitas del sur, en el que próximamente un magistrado federal resolverá sobre la liberación o no de la ex directora del albergue donde desaparecieron 11 menores; la liberación del Lobo siberiano; los amparos que probablemente se pueden conceder a integrantes de una red de ciberpederastas y el traslado de Jean Succar Kuri de una prisión de máxima seguridad a una cárcel municipal, son síntomas verdaderamente preocupantes”.
La trata de personas se ha incrementado en nuestro país y “si no hacemos algo de inmediato corremos el riesgo de desbancar a Tailandia” en la comisión de este delito. “Le quiero solicitar que hagamos un pronunciamiento sobre los hechos referidos”.

Dijo que “los criterios que están adoptando jueces y magistrados, tanto federales como locales, en lo que se refiere a la investigación y persecución de los delitos vinculados con la trata de personas, es un tema de preocupación que se debe revisar de inmediato.

La diputada Leticia Quezada Contreras (PRD) aseveró: “Creo que estamos viviendo el mundo al revés, al dejar en libertad o dar facilidades a pederastas. Me sumo al llamado que hace el diputado Agustín Castilla, a fin de hacer un pronunciamiento serio y enérgico sobre la resolución del Juez 44 porque creo que fue equivocada la interpretación que le da al derecho”.

Enfatizó que la Comisión Especial tiene toda la autoridad para intervenir y solicitar a la Quinta sala del Tribunal Superior de Justicia, que revise el proceso, modifique la resolución y dicte de nueva cuenta el auto de formal prisión.

“No es una cuestión de partidos políticos ni de colores; este tema nos debe unir a todos. No se puede dejar en libertad a una persona como esta”, advirtió.

Sobre el tema, la presidenta de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas, Rosi Orozco, expresó: “Me sumo, y por supuesto tomo esto como algo muy importante que podemos hacer en esta primera sesión”.

A su vez, el Procurador de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, y la Subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito de la misma dependencia, Samantha García Espinosa, coincidieron en realizar reuniones de trabajo entre diputados, e integrantes de Poder Judicial federal y local, a fin de homologar los criterios jurídicos sobre la materia.

Mancera Espinosa señaló: “Tenemos que sensibilizar sobre los alcances y el espíritu de las disposiciones para perseguir este delito, “a fin de no quedarnos cortos en las interpretaciones jurídicas.

Estamos empezando en este tema, es un momento muy importante para sensibilizar a los órganos judiciales y sobre todo a los que son sumamente estrictos con las descripciones normativas y típicas”.

Por su parte, el subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido García, dijo que la trata de personas afecta a toda la organización social porque existe un “desgarramiento de valores”.

Asentó que la posición geográfica provoca que en este delito, México se ubique como un país de tránsito, origen y destino; “en esas tres vertientes tenemos que trabajar y para ello necesitamos mayor coordinación e información.

“Quiere refrendar que todas las corporaciones policiales y de procuración de justicia necesitamos intensificar nuestra sensibilización en este tema”, subrayó.

En su turno, el diputado Óscar González Yáñez (PT) consideró que el otorgamiento de amparos a través del cohecho es una forma de delincuencia organizada.

“Debemos reconocer que hay personas que no comparten esta preocupación dentro de las dependencias; si no reconocemos esa realidad, si no hacemos un diagnóstico correcto, estaríamos dando pasos en falso”.

En tanto, el diputado Rolando Zapata Bello (PRI) se pronunció por fortalecer la cultura de la prevención. “Representamos a una sociedad en la que buena parte de ella no asume la dimensión del problema por falta de información o desconocimiento”.

La señora Isabel Miranda de Wallace afirmó que las niñas, niños y adolescentes son los más vulnerables en el delito de trata de personas y manifestó que la sociedad civil debe participar con las autoridades para erradicarla.

-- ooOoo --