La presidenta de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas, Rosi Orozco (PAN), afirmó que de acuerdo con organismos nacionales e internacionales se estima que en México existen entre 16 mil y 20 mil niños que son utilizados con fines de explotación sexual, de los cuales el 80 por ciento son menores de 10 a 14 años.

Destacó que a pesar de que desde el año 2007 se cuenta con la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, e inclusive con una Comisión intersecretarial, “desgraciadamente hoy en día sólo hay una persona en la cárcel por este delito”.

Lo anterior, dijo, debido a que la mayor parte del combate y la prevención corresponde a las entidades federativas y “es ahí donde encontramos un enorme problema, ya que en muchos estados de la República las autoridades están ligadas a estas mafias, por lo cual, las víctimas al pedir ayuda son revíctimizadas”.

Durante el Foro de Análisis sobre la Legislación Penal en Materia de Trata de Personas, precisó que únicamente cuatro entidades federativas cuentan con una ley específica para combatir y prevenir este crimen y aunque la mayoría de los estados han tipificado este delito en sus códigos penales se tiene una enorme disparidad en lo que contempla cada uno.

“Esta heterogeneidad en los marcos jurídicos ha permitido que tratantes queden libres y que la impunidad se imponga ante el sufrimiento y el dolor de las víctimas y, peor aún, crea desconfianza en las instituciones y pocos incentivos para la denuncia”.

Por ello, pidió que se dote a las instituciones con recursos, marcos legales eficientes, información, competencia y de personal capacitado, “de nada sirve la mejor ley, el mejor equipo de policías especializados y un ministerio público sensible, si los jueces no conocen estas leyes ni el criterio correcto para aplicar la ley”.

Enfatizó que aunque este flagelo usualmente se relaciona con explotación sexual también es un problema laboral: “muchas veces los niños son explotados realizando trabajos peligrosos para su seguridad, su salud, su moral”.

En este sentido, informó que cifras del INEGI señalan que en México hay 3.6 millones de niños trabajando entre 5 y 17 años, de los cuales el 31 por ciento son menores de 14 años que laboran en la agricultura, uno de los más peligrosos junto con la construcción y la minería.

Es crucial analizar “lo que se ha hecho y lo que falta por hacer, revisar los instrumentos jurídicos, escuchar la voz de los expertos. Hemos asumido la responsabilidad de poner un alto a la esclavitud del siglo XXI”

Facundo Rosas Rosas, subsecretario y comisionado general de la Policía Federal, comentó que este fenómeno no se puede enfrentar solamente con la autoridad federal, sino que se necesita de la participación de las autoridades locales.

“Entendemos que es un asunto de competencias, de fueros, pero para la Policía Federal esto no es ninguna desventaja, es más bien la oportunidad para articular esfuerzos y hacer frente a este flagelo, no hay espacio para excusas y pretextos; estamos convencidos de que podemos resolver este problema”.

Aclaró que de parte de la autoridad el apoyo es total, “tenemos la convicción de que esto tiene que cambiar y sobre todo en estos aspectos donde se lacera la vida, la dignidad humana”.

En tanto, Miguel Ángel Mancera Espinosa, procurador general de Justicia del Distrito Federal, manifestó que la dependencia a su cargo ha asumido el compromiso de establecer como uno de sus ejes principales el combate al delito de trata de personas.

“El combate no es sencillo porque hay que luchar contra varios factores, primero descubrir la forma de operar, después convencer a las propias víctimas que están siendo sometidas, participar en el manejo de la crisis y además la lucha con los tribunales, donde el Ministerio Público debe establecer cuál es la diferencia de su planteamiento respecto de otras conductas delictivas”.

Por su parte, Fernando Batista Jiménez, quinto visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, resaltó que este negocio ilícito es considerado como el tercero más lucrativo después del tráfico de drogas y de armas, lo que constituye un atentado violento contra la dignidad y la libertad de las personas.

Subrayó que la OCDE ha estimado que las ganancias ilícitas generadas cada año por la trata de personas ascienden a cerca de 36 mil millones de dólares, mientras que la Organización Internacional para las Migraciones estima que 2.5 millones de personas son captadas cada año para este fin.

Asimismo, dijo que la ONU considera que en la actualidad 27 millones de personas realizan trabajos forzados y que en nuestro país, tanto la UNICEF como el INEGI, estiman que unos 16 mil niños y niñas se encuentran esclavizados para explotación sexual

“Este delito se ha convertido en un tema de enorme preocupación tanto a nivel nacional como internacional y de manera particular para la CNDH. Hoy el mundo enfrenta una expansión sin precedente de este flagelo social, que no es sino la reedición de la esclavitud”.

En su turno, Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía para los Delitos de Violencia contra la Mujer y Trata de Personas de la PGR, externó que es necesario un marco jurídico que permita trabajar en los aspectos de atención a víctimas, políticas públicas y persecución de delitos.

“Se trata de abatir este problema y no podemos hacerlo sin un marco jurídico. Hay algunos problemas como el de acreditar el tipo penal no sólo en la cuestión de la ley para prevenir sino los tipos penales específicos”.

Acentuó que se tiene que hacer un análisis jurídico que, “nos permita que no se recalifiquen las conductas delictivas, que se dé menos espacio a la corrupción y que en general todos los actores estemos en un mismo sentido combatiendo este delito”.

Posteriormente, Sadot Sánchez Carreño, consultor del Programa de Apoyo en Seguridad y Justicia de USAID México, precisó que es imperante tener un marco jurídico que permita con una eficaz y eficiente dirección, combatir este terrible y trágico flagelo.

Añadió que el nuevo marco jurídico se tiene que regir en los siguientes ejes: protección, prevención y asistencia, “para poder cumplir con estos propósitos se requiere de la herramienta jurídica indispensable”.

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