El Pleno Camaral conoció un informe de la Junta de Coordinación Política por el que se considera improcedente que la Cámara de Diputados presente controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a las disposiciones administrativas de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas de carácter productivo de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios, publicada el día 6 de enero de 2010 en el Diario Oficial de la Federación.

El acuerdo refiere que el 4 de febrero, el diputado Fernando Cárdenas Gracia (PT) presentó un punto de acuerdo por el que se pide al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presente en tiempo y forma, controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al respecto, mismo que se mandó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Se menciona que el tema fue incluido de forma inmediata en la agenda de la Jucopo, procediendo a realizar un análisis pormenorizado del tema en las reuniones de los días 8, 10 y 15 de febrero.

Añade que para efectos de profundizar en el tema, se solicitó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Cámara una opinión técnica –jurídica sobre la forma y el fondo del texto propuesto para la presentación de la Controversia así como su eventual viabilidad sobre los puntos denunciados.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados puntualizó que no hay observación u objeción alguna respecto a la forma del texto propuesto por el diputado Cárdenas en virtud de haber sido presentada de acuerdo por la ley reglamentaria del artículo 105 Constitucional.

En contra del informe de la Jucopo, el diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT) señaló que el impedir que se presentara una controversia constitucional ante la Suprema Corte por parte de esta Cámara, hace imposible que la Corte defina el alcance de la contratación privada que desarrollará Pemex y los organismos subsidiarios. “Estamos causando un daño a la nación al no haber formulado la controversia constitucional incalculable y a las generaciones futuras también, que son parte de la nación”.

A su vez, el diputado Víctor Manuel Castro Cosío (PRD) expresó que es momento hoy de evitar de nuevo que se violente la Constitución, ya que no es posible que un reglamento de carácter secundario, ni siquiera la ley reglamentaria, viole la Constitución. “No es posible que el petróleo vuelva a ser entregado al extranjero a través de estas medidas violatorias a nuestra ley máxima”.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (PT) dijo que quienes votan a favor del acuerdo, están votando en contra de la soberanía y de México, al representar una traición a la patria, y cuestionó cómo se puede decir que no es anticonstitucional esta reglamentación y disposiciones administrativas para la contratación que publicó el Consejo de Administración de Pemex, cuando se pretende entregar el patrimonio nacional a la inversión extranjera.

También en contra, Ramón Jiménez López (PRD) puntualizó que con el reglamento se pretende violentar diversos artículos de la Carta Magna, poniendo en riesgo la seguridad y soberanía nacional. “Votar el acuerdo en estos términos sin que hayan hecho las rectificaciones de fondo es traicionar a la patria y al pueblo”.

El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) destacó que en su partido no se comparte la acción de la coordinación de Pemex, ya que no tiene ninguna facultad la paraestatal para emitir disposiciones administrativas y mucho menos acciones que violenten la Constitución. “Hoy no hemos podido detener esta privatización criminal, de uno de los recursos más importantes del país: qué suicida es entregar a las transnacionales estos recursos”.

A favor del informe, el diputado Alfonso Navarrete Prida (PRI) sostuvo que debido a que Pemex aprobó modificar la redacción de esas disposiciones a las que se hace referencia en el punto, su grupo parlamentario “no apoyó la presentación de la controversia constitucional ya que se sigue adelante en la tramitación del juicio que se lleva acabo en la SCJN por el reglamento controvertido que teóricamente le da origen a estas normas”.

Del PVEM, el diputado Juan Gerardo Flores Ramírez manifestó el respaldo de su partido al informe que fue presentado por la Jucopo. “Estamos a favor de la constitucionalidad y de las normas, por ello apoyamos el dictamen”.

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