El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI) presentó una iniciativa de reformas al artículo 69 Constitucional, para que en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la República acuda personalmente y presente un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país.

El diputado se manifestó por recuperar la disposición original de la Constitución de 1917 reformado en 2008 para establecer la presencia del presidente en el Congreso al presentar su informe anual escrito.

Añadió que es de gran importancia establecer la figura del discurso presidencial y la respuesta del Congreso. “Para ello es necesario elevar a rango constitucional disposiciones ya previstas en la Ley Orgánica del Congreso General y en el Reglamento para el Gobierno Interior del citado órgano, relativas al discurso que pronuncia el Ejecutivo en la presentación del informe, mismo que será contestado en términos generales por quien presida el Congreso”.

La propuesta enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales destaca que es un medio a través del cual se puede avanzar en la construcción de bases sólidas para un verdadero control sobre el ejercicio del poder y una genuina y respetuosa rendición de cuentas al Congreso y a los mexicanos.

Integración social de las personas con discapacidad

Con el fin de expedir una Ley General para la Integración Social de las Personas con Discapacidad, la diputada Claudia Edith Anaya Mota (PRD) leyó una iniciativa.

Algunos de los objetivos de la ley serán: garantizar el desarrollo integral de las personas con discapacidad, de manera plena y autónoma, de acuerdo con sus capacidades; fomentar su integración comunitaria; establecer los principios rectores de la actuación del Estado Mexicano, relativos a la prevención, rehabilitación e incursión social; planificar, coordinar e integrar en las políticas públicas todo lo concerniente a la discapacidad, y asegurar a las personas con discapacidad el ejercicio de su derecho al trabajo.

Refirió que de acuerdo con la Organización Mundial de Salud, en el mundo existen alrededor de 650 millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad. Lo que equivale al 10 por ciento de la población mundial; es decir, una de cada 10 personas, pero para el caso de México, “es necesario que el Instituto Nacional de Geografía y Estadística construya indicadores precisos que permitan conocer el número de personas con discapacidad que habitan en el país y las distintas tipologías de la misma”. Se turnó a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública.

Mejor uso de la Internet

Fue remitida a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, una iniciativa de la diputada María del Pilar Torre Canales (Nueva Alianza), que modifica los artículos 2 y 7 de la Ley General de Educación.

El propósito es educar en el uso correcto de la Internet y las nuevas tecnologías de la comunicación, con el fin de que se cuenten con las herramientas necesarias para reflexionar y hacer un uso seguro de estos medios y se aprenda a explorar la tecnología.

Precisó que hasta diciembre de 2009, se tenían reportados 320 casos de niños que cayeron en prostitución infantil por medio de la Internet, mientras que durante 2008 hubo 173 denuncias. Es decir que en tan sólo un año el incremento de casos de este tipo fue del 84.9 por ciento.

Los riesgos del uso de las tecnologías de la información y la comunicación se concentran en la cooptación para crimen, explotación y pornografía, dado que actualmente toda persona en cualquier parte del mundo puede publicar en Internet información de todo tipo o mantenerse en contacto permanente por este medio con millones de personas, abundó.

Farmacias

Para que las farmacias y boticas capaciten al personal de mostrador, poder ofrecer un servicio más confiable para quien decide comprar un medicamento, la diputada María Cristina Díaz Salazar (PRI) propuso reformas al artículo 261 de la Ley General de Salud.

Mencionó que las farmacias no sólo se dedican a expender medicamentos, sino también productos de perfumería, belleza y aseo, por lo que los requisitos para quienes fungen como responsables sanitarios disminuyen.

El número de farmacias en el país asciende a 20 mil, de las que 80 por ciento son pequeñas y medianas empresas, Pymes, situadas principalmente en el Distrito Federal y Estado de México, donde se calcula hay aproximadamente 8 mil. Además, el 60 por ciento de los medicamentos comercializados están en manos de los establecimientos comunitarios y 40 por ciento en los autoservicios y las cadenas. Se canalizó a la Comisión de Salud.

Fortalecer seguridad nacional y pública

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT) leyó una iniciativa que reforma los artículos 56, 57 y 60 de la Ley de Seguridad Nacional, y 14 y 18 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Se busca fortalecer la facultad de control y supervisión del Poder Legislativo respecto del Ejecutivo, particularmente por lo que hace al tema de la seguridad nacional y la seguridad pública en México.

En materia de seguridad nacional, se pretende solicitar informes concretos al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a su ramo o actividades. En materia de seguridad pública, se propone que el Consejo Nacional de Seguridad Pública rinda a la Cámara de Diputados, a través del secretariado ejecutivo, un informe trimestral que contenga las principales actividades y estrategias del ramo. Se remitió a las Comisiones de Gobernación y de Seguridad Pública.

Emigración

A la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios se mandó una iniciativa del diputado Francisco Ramos Montaño (PRI), cuyo objetivo es reformar el artículo 76 de la Ley General de Población, a fin atender el fenómeno de la emigración.

La propuesta plantea combatir las organizaciones que se dedican al tráfico ilícito de las y los emigrantes, en diferentes aspectos en las dos fronteras; establecer un marco normativo que regule el proceso migratorio, atendiendo los problemas específicos, como es el sistema de salud; atender la reinserción de los migrantes con programas, asistencias y promoción del trabajo sea cooperativo, familiar o de microempresas.

Se busca potenciar, desarrollar y fortalecer las relaciones y los compromisos internacionales para favorecer el tratamiento de la migración regional, de forma legal, en el marco de las alianzas, foros, conferencias y cumbres iberoamericanas.

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