Debido a que el secuestro en México es uno de los problemas que más preocupa a la mayoría de la población, la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (PRD) presentó una iniciativa por la que se expide la Ley General para Prevenir, Sancionar y Combatir el Delito de Secuestro.

Mencionó que actualmente este tipo de delitos no sólo afecta a empresarios o a personas con una desahogada solvencia económica, sino que alcanza a personas de todos los niveles económicos de la sociedad.

Se estima que el índice de secuestros que concluyó en homicidios se ha incrementado en un 80 por ciento en los últimos años, y son cada vez más aquellos que terminan en mutilaciones de las víctimas, destacó.

Nazares Jerónimo dijo que es importante contar en el país con un marco normativo que regule, combata, sancione y que prevenga el delito de secuestro de forma clara y precisa, a fin de prevenir y en su caso evitar que queden impunes estas conductas y que pasen a formar parte de las cifras negras de los delitos no denunciados.

La nueva Ley, establecerá los tipos penales, sus sanciones y la distribución de competencias entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios; se faculta a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario para implementar un programa nacional a fin de incorporar la tecnología necesaria para que de manera permanente y continua se bloqueen las señales de telefonía celular dentro de los centros de reclusión.

Se busca que la responsabilidad civil derivada de la comisión de los delitos de secuestro, recaiga en la organización criminal en su conjunto y que tenga naturaleza objetiva, por lo tanto, deberán responder solidariamente no sólo el sentenciado sino la organización criminal a la que pertenezca al pago de la reparación del daño que han causado a las víctimas y a sus familiares, así como a las comunidades donde han operado.

Para ello, se utilizarán los bienes que estén en el patrimonio o en posesión de los integrantes del grupo delictivo organizado o de las empresas con las que operaban, y se plantea que los bienes que sean decomisados a los miembros de la organización criminal a la que pertenezcan los secuestradores sean utilizados para reparar el daño causado a las víctimas directas o indirectas.

Asimismo, se plantean reformas a diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, y Federal de Procedimientos Penales, así como de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. El documento se canalizó a las Comisiones de Justicia con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública.

Autonomía al SAT

Con el objeto de considerar el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como un organismo público autónomo, el diputado Omar Fayad Meneses (PRI) leyó una propuesta que modifica el artículo 31 de la Constitución Política.

La propuesta pretende avanzar en fomentar la eficiencia administrativa, propiciando que la estructura impositiva se transforme en una administración notablemente eficaz, con un mínimo uso de recursos en su cumplimiento y recaudación.

Mencionó que al elevar el SAT a organismo autónomo del Estado se pretende coadyuvar a impedir la politización de la recaudación y su manejo discrecional por las autoridades, dar continuidad a las políticas recaudatorias sin estar al vaivén del cambio de administraciones. Se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Penas contra la piratería

El diputado Arturo Santana Alfaro (PRD) leyó reformas al Código Penal Federal, a fin de imponer una pena de seis a quince años de prisión y de dos mil a veinte mil días multa a quien produzca, reproduzca, introduzca al país, almacene, transporte, distribuya, venda o arriende piratería.

Señaló que en 2009 este delito generó ganancias por 74 mil 699 millones de dólares, que implican el nueve por ciento del Producto Interno Bruto y casi triplicó lo que percibe la nación por concepto de venta de petróleo, de acuerdo a la tercera Encuesta de Hábitos de Consumo de Productos Pirata y Falsificación en México de la Cámara Americana de Comercio.

La piratería, afirmó, creció “indiscriminadamente sin que la autoridad pueda revertir esta situación, aun y cuando se han llevado a cabo diversos operativos para combatir los delitos que atentan contra la Ley Federal de Derechos de Autor y la Propiedad Intelectual, no se ha podido reducir el índice delictivo en esta materia”. Se canalizó a la Comisión de Justicia.

Aplicación de productos de perfumería y belleza

Fue remitida a la Comisión de Salud, una iniciativa del diputado Guadalupe Eduardo Robles Medina (PAN), la cual reforma el artículo 79 y adiciona el 269 Bis a la Ley General de Salud, con el propósito de que los encargados de la aplicación de productos de perfumería y belleza, tengan los diplomas legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Se precisa que dichos productos son de aplicación tópica y no podrán ser aplicados mediante infiltración o incisiones en la piel; y podrán aplicarse en las instalaciones de establecimientos spa, estéticas, centros de masaje y clínicas de belleza.

Puntualizó que México cuenta con aproximadamente mil 600 spas, de los cuales más de 400 se encuentran en los principales destinos turísticos, y se consideran entre los mejores del mundo, generan gran derrama económica, tienen una tasa de crecimiento de 11 por ciento anual y, según datos de la Asociación Latinoamericana de Spas, generan más de 6 mil empleos directos.

Legislar en materia de trata de personas

La diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso (Nueva Alianza) presentó una iniciativa que reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política para que se establezca como facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar en materia de trata de personas, situación que implica la obligación de que las entidades federativas tengan que derogar de su legislación penal, los tipos penales particularmente los que establecen la trata de personas en todas sus modalidades.

“Consideramos necesario establecer una ley federal en la materia para mantener normatividad jurídica y una penalización uniforme y evitar la disparidad que se está dando. Lo anterior es así porque en la actualidad sólo 21 entidades federativas han realizado reformas en sus leyes locales para tipificar el delito de trata de personas, en tanto las once restantes aún no la tipifican”.

Puntualizó que sólo dos de ellas, Chiapas y el Distrito Federal, cuentan con leyes específicas sobre la materia que tutelan acciones de prevención de este delito, así como protección y asistencia a las víctimas, de ahí que se proponga una ley que prescriba y sancione este delito en cualquier parte del territorio nacional donde se cometa y, por lo tanto, sea de carácter estrictamente federal. Fue enviada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos.

Defensores vinculados a la problemática indígena

Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas una iniciativa del diputado Héctor Pedraza Olguín (PRI) que modifica el artículo 11 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, con el objeto de incentivar la profesionalización de los defensores vinculados a la problemática indígena y su especialización a través de las universidades y escuelas de educación superior que impartan la carrera de derecho en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, otorgando estímulos económicos a las instituciones académicas para su especialización.

Por otra parte, dijo, se busca establecer el premio anual nacional al defensor de los derechos de los pueblos indígenas, para aquellos profesionistas por su participación como representantes o defensores de los indígenas; así como a los estudiantes por sus trabajos de tesis, de postgrado o de investigación.

Refirió que en las cárceles mexicanas hay 8 mil 403 indígenas. De ellos, reportó la Secretaría de Seguridad Pública en noviembre pasado, 7 mil 530 son acusados de delitos del fuero común y 873 del federal. Aunque la Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas de la PGR señala, al cierre de 2009, que había mil 7 recluidos por delitos federales.

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