Ante la Comisión de Derechos Humanos, que preside el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdéz, el titular de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, propuso terminar con el debate en torno a la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado y trabajar en las propuestas y mecanismos que requieren para que realicen esta tarea con la debida eficacia, oportunidad y diligencia sin vulnerar los derechos de la sociedad.

De igual forma, dijo que regresarlos al cuartel, como se ha señalado en distintos foros, sería muy arriesgado en estos momentos, sobre todo, en aquellas regiones del país en donde la presencia militar de alguna manera ha logrado contener a los delincuentes.

En la reunión de trabajo efectuada en el Recinto Legislativo de San Lázaro, el Ombudsman propuso a los legisladores determinar cuáles deben de ser los procedimientos, protocolos o principios generales de coordinación entre los elementos de las fuerzas armadas con las autoridades del orden civil, para el combate a la delincuencia, con el objetivo de generar mecanismos de acceso a la justicia más eficientes y disminuir la violación a los derechos humanos.

En la ronda de preguntas y respuestas, la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (PT) cuestionó al secretario acerca de la sentencia del caso de Rosendo Radilla Pacheco, así como las agresiones a periodistas y los estudios que se han realizado en relación a las detenciones arbitrarias y torturas bajo la práctica de arraigos atribuidos a elementos policiacos y militares.

La diputada María del Rosario Brindis Álvarez (PVEM), solicitó una explicación en relación de la propuesta de crear una sexta visitaduría encargada de cuidar los derechos naturales y el hábitat de las personas.
Señaló que hay deficiencias legislativas, lo que ha dado lugar a que el ataque al medio ambiente resulte difícil de proteger, “tengo el compromiso de sumar esfuerzos para que podamos garantizar y hacer efectivo una defensa de estos derechos colectivos a través de la regulación adecuada de los mismos”.

Por su parte, la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (PRD) solicitó su opinión en relación a las mujeres que se encuentran presas por ejercer el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos; y la necesidad de una auditoría que especifique el destino de los recursos aprobados a la Comisión.

En tanto, la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (PRI) pidió explicar lo que se hará en la mejora de la CNDH y las reformas que requiere la comisión.

Afirmó que para lograr efectividad se debe realizar un trabajo cercano a la sociedad que permita conocer y atender la problemática con el objeto de tener una radiografía de qué pasa en el país en relación de derechos humanos.

Teresa Incháustegui (PRD) dijo que a pesar de que la CNDH es una institución “sin dientes”, es la última ventanilla para todos los que ya recorrieron las demás instituciones para tener una verdadera justicia. Cuestionó sobre el tema de la explotación sexual y comercial contra niños, niñas, mujeres y hombres, así como de la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en torno al caso “Campo algodonero”.

La diputada Rosi Orozco (PAN) cuestionó sobre la trata de personas y pidió al Ombudsman nacional exponer algunas medidas para la atención a las víctimas de este delito y para el resarcimiento del daño, a fin de que los legisladores podamos colaborar con los demás poderes y con los órganos autónomos.

El presidente de la CNDH respondió que de acuerdo con informes, en 2008 la trata de personas implicó ganancias de 32 mil millones de dólares aproximadamente. En nuestro país hay datos de Unicef y DIF que reportan que cada año, 16 mil niñas, niños y adolescentes mexicanos y centroamericanos son objeto de este lamentable y terrible fenómeno.
En este sentido, propuso homologar los procedimientos en la prevención y ataque del delito. “Es decir, sería muy importante su federalización”.

El diputado Víctor Báez Ceja (PRD) dijo que más allá de criticar a la CNDH, la LXI Legislatura debe apoyarla, por lo que debe legislar para darle la fuerza y sea respatada por los poderes de la nación y cuando haga recomendaciones sean acatadas y cuando no, que sean sancionados. Es muy grave que en este país a la CNDH no se le respete, cuando es el último bastión para poder acudir en auxilio cuando son violentados los derechos de la ciudadanía.

La diputada Teresa Reyes (PT) cuestionó sobre el estado que guarda la queja presentada ante la CNDH por los familiares de los elementos pertenecientes al 21 agrupamiento de la Policía Federal Preventiva, desaparecidos en el operativo del 16 de noviembre de 2009 y sobre el fuero militar.

El presidente de la CNDH dijo que ya ha platicado con los familiares de los desaparecidos y es un asunto que se sigue investigando y se da un seguimiento muy puntual. Por lo que respecta al fuero militar, refirió, es un asunto que debe ser revisado por los legisladores.

La diputada María Yolanda Valencia Vales (PAN) presidenta de la Comisión Especial de Agresiones a Periodistas, quien manifestó su preocupación por la documentación de los casos y el seguimiento puntual de éstos.

El Ombudsman nacional refirió que se radicaron 79 casos de quejas por agravios en contra de periodistas y fueron 12 los comunicadores que perdieron la vida. “Hemos identificado que en el más de los casos, las investigaciones en agravio de los periodistas y que derivan en la limitación de la libertad de expresión continúan hoy por hoy durmiendo el sueño de los justos”.

Dijo también que se está elaborando un informe especial para dar cuenta de las investigaciones de las agresiones y que permitan establecer estrategias para prevenir y evitar la repetición de actos de estas características, “el ejercicio de la función periodística se ha transformado en una función peligrosa”.

Gerardo Fernández Noroña (PT) consideró que la participación del Ejército en el combate al crimen organizado es inconstitucional. Además, cuestionó sobre el número de quejas que ha recibido el organismo defensor de los derechos humanos en contra de instituto armado y de éstas cuántas son por asesinatos de civiles en retenes; asimismo, solicitó una estadística estado por estado.

En respuesta, Plascencia Villanueva destacó que en 2009 se recibieron mil 791 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos de las fuerzas armadas y los principales motivos fueron: detención arbitraria, trato cruel e inhumano, incumplir con las formalidades de órdenes de cateo, y eventualmente, atentados al derecho a la vida y desapariciones forzadas, en donde hubo 30 recomendaciones a la Secretaría de Defensa Nacional y una a la Secretaría de Marina.

Indicó también que es necesaria una mayor participación ciudadana en materia de seguridad pública, a fin de lograr que las acciones y decisiones gubernamentales estén orientadas correctamente a cubrir las demandas sociales.

Señaló que es fundamental hacer una evaluación permanente y continua de las acciones emprendidas con la finalidad de verificar el avance en materia de seguridad pública en todo el país.

“Si no evaluamos los avances, no podremos corregir los errores”, dijo, al tiempo que planteó de igual forma utilizar al máximo las facultades del gobierno federal en tareas de inteligencia, con la finalidad de atacar las fuentes de financiamiento y el patrimonio de las bandas de la delincuencia organizada, así como utilizar el avance tecnológico y la investigación científica como herramientas básicas en esta lucha.

Por lo que respecta a Ciudad Juárez, Plascencia Villanueva refirió que la realidad social que vive actualmente este municipio de Chihuahua “es un atentado directo en contra de la vida, la dignidad y la seguridad de las personas y del pueblo mexicano en su conjunto”.

Mencionó que a pesar de los diversos programas que tienen instaurados los tres ámbitos de gobierno en materia de seguridad pública, hasta el momento no se han alcanzado los resultados que permitan constatar la disminución de la violencia que impera, sino por el contrario, abundó, es continúa su escala ascendente.

“Desde 1993, Ciudad Juárez registra de manera sistemática homicidios y desapariciones de mujeres sin que el Estado, representado por los tres ámbitos de gobierno, pueda frenar la ola de violencia que se ha generado”.

Ante estos hechos lamentables, agregó, los cuales han sido oportunamente investigados por este organismo nacional, hemos emitido diversas resoluciones de fondo, en cada una de ellas se aborda una temática orientada a esclarecer el contexto social, jurídico, económico y político de aquella región, con el objetivo de conocer los motivos que detonan la violencia en contra de las mujeres que habitan en esa región de nuestro país.

“En la CNDH estamos decididos a continuar trabajando a favor de los derechos de las víctimas, de los derechos de las mujeres de Ciudad Juárez y de todas aquellas personas que por esta desafortunada actuación de las autoridades están siendo vulnerables ante el delito y el abuso de poder. Urge devolverles la seguridad a los juarenses”.

Destacó que en México la seguridad pública es un tema que dentro del panorama nacional lamentablemente es desalentador, ya que más del 95 por ciento de los delitos cometidos quedan impunes. “Esta situación, en el concierto internacional, nos convierte en uno de los países con mayores índices de impunidad y delincuencia per cápita”.

En su discurso inicial, destacó que la violencia nunca antes vista en México, es resultado, entre otros aspectos, del crecimiento desmesurado de los mercados de droga, de una incesante corrupción, de la carencia de políticas públicas efectivas en materia de seguridad pública, de una débil o en ocasiones inexistente coordinación de las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia de los tres niveles de gobierno y hay que decirlo otra vez, con todas sus letras, de una enorme impunidad

Las agresiones a defensores de los derechos humanos se han ido incrementando en los últimos años, lo mismo que las agresiones a los periodistas y comunicadores. Al respecto, dijo, la CNDH genera algunas líneas, algunos protocolos para que se les otorguen garantías en torno a la realización de sus funciones.

En cuanto al tema del aborto dijo que la función de la Comisión Nacional no es polarizar a la sociedad ni dividirla, “la defensa de los derechos humanos debe de ser una defensa que garantice el ejercicio de las libertades de todas las personas, independientemente de su condición o de su situación”.

Participaron los diputados María Teresa Ochoa (Convergencia), Lizbeth García Coronado (PRD), Sabino Bautista Concepción (PRI), Gloria Romero León, Silvia Pérez Ceballos y Juan Huerta Montero, del PAN.

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