Durante el segundo día del Foro de Análisis sobre la Legislación Penal en Materia de Trata de Personas, Cecilia Romero, comisionada del Instituto Nacional de Migración, informó que se han detectado hasta el momento, 106 posibles víctimas de trata de personas.

Mencionó que de estos casos el 57 por ciento se trataba de explotación laboral, 38 por ciento sexual, “y también tuvimos uno que se presume sea extracción de órganos”.

Aclaró que 68 por ciento son mujeres y el 32 por ciento hombres. Asimismo el 58 por ciento eran menores y 42 por ciento adultos “en este tema de menores y adultos hemos instalado la figura de oficiales protección a la infancia”.

Por nacionalidad, dijo que 49 por ciento son guatemaltecos, 9 por ciento hondureños, 8 por ciento chinos y 6 por ciento salvadoreños.

En este sentido, explicó que la dependencia a su cargo trabaja en regular a los grupos vulnerables migrantes, en especial a los trabajadores de la industria agrícola y textil, así como a los trabajadores y trabajadoras domésticas y el personal que labora en centros nocturnos.

“Adicionalmente nosotros coadyuvamos con las dependencias que están facultadas para ello en la cuestión de la investigación del trabajo policiaco”.

En el panel llamado “Políticas públicas para el combate a la Trata de Personas”, subrayó que se busca la prevención del delito y específicamente que la autoridad o el funcionario público no lleve a cabo funciones delictivas que lo conviertan en un tratante de personas.

Por su parte, Patricia Espinoza Torres, subsecretaria de Inclusión Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, afirmó que la STPS está impulsando políticas públicas con el objeto de evitar el tráfico y explotación laboral de personas en el país.

Enfatizó que redes criminales trabajan en complicidad con las autoridades para atrapar a personas, a través de promesas de empleo, estudios, turismo, reunificación familiar y con contactos personales y anuncios en periódicos.

Resaltó que la Secretaría del Trabajo está realizando una campaña de divulgación de materiales para la protección de los derechos humanos y prevención de todas las formas de explotación laboral. Así como impartir talleres de sensibilización en el tema de explotación laboral infantil.

En el ámbito agrícola, señaló que se coordinarán campañas de difusión de los derechos de los jornaleros agrícolas y sus familias, “el tema agrícola y de los migrantes se presta mucho al problema de trabajos forzados y la trata de personas”.

Por su parte, Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos de INMUJERES, consideró que la política nacional en materia de combate a la trata debe constituirse como la más alta prioridad del Estado.

Aseguró que es fundamental visibilizar este fenómeno, a efecto de combatirla, “con todo lo que esto implica y desde la fuerza misma del Estado”.

En este sentido, precisó que la política de Estado en materia de combate a la trata no puede ni debe limitarse al terreno de lo penal, debido a que se restringiría la respuesta de éste a una serie de componentes que tiene que ser más amplios.

“La respuesta del Estado tiene que ir más allá del derecho penal porque entonces dejamos vacíos elementos relevantes del contexto social, cultural, económico y político que generan, propician y toleran la trata de personas”.

En tanto, Eliseo Rosales Ávalos, director general adjunto de Enlace Institucional de la Unidad para la Protección y Defensa de los Derechos Humanos de la SEGOB, manifestó que es muy complejo hacer políticas públicas en cuestión de trata de personas.

En este sentido, aclaró que el Gobierno federal está implementando una serie de políticas públicas que se basan en el marco jurídico que atiende el fenómeno, asegurar la transversalización en la atención de este problema en la administración pública federal.

Asimismo, anunció que el Programa Especial para la Trata de Personas se enfocará en integrar a diversas dependencias, con el objetivo de hacer del combate contra estos actos delictivos más eficiente.

Previamente, Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, subprocuradora de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, de la PGJDF, manifestó que es necesario crear un tipo penal más completo, a fin de evitar el concurso de delitos e impedir que las personas que se dedican a estos flagelos puedan tener rendijas por las cuales logren salirse.

En este sentido, señaló que se tiene que construir una institucionalidad en materia de trata, así como de procuración de justicia, ya que, dijo, “una cosa es la capacitación y otra muy distinta la formación”.
Por su parte, Yuriria Álvarez Madrid, directora general adjunta de Averiguaciones Previas Control de Procesos y Amparo de FEVIMTRA, sostuvo que los tipos penales deben de ser estrictos, claros y simples, con el objeto de que puedan ser operativos.

“Si le metemos demasiadas cuestiones subjetivas entonces tenemos el problema de cómo integramos y cómo demostramos determinadas cuestiones”.

Pidió crear un tipo penal que sancione al tratante y a quien solicita y ofrece estos servicios, así como a los facilitadores, promotores y al consumidor final que es el explotador directo; “es decir, considerarlo como un tratante, ya que tiene la pena mayor porque él sí está teniendo una afectación directa en la víctima”.

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