El Pleno Camaral aprobó en votación económica un punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Justicia cree una subcomisión de investigación y seguimiento de las actuaciones, determinaciones y sentencias emitidas por jueces del fuero común y federales, respecto de los delitos de pornografía infantil y delincuencia organizada en las que se encuentra en calidad de inculpado a Rafael Muñiz López y cuatro personas más.

Además se solicita a los Consejos de la Judicatura Federal y del Distrito Federal llevar a cabo las acciones necesarias para determinar si fue legal el proceder de jueces y de magistrados respecto a las sentencias emitidas en los expedientes integrados con motivo de la probable responsabilidad penal por los delitos de pornografía infantil agravada imputada al sacerdote Rafael Muñiz López y otros.

Mientras que a las legislaturas de las entidades del país se les pide revisar y reformar en el ámbito de sus respectivas competencias su legislación penal, a efecto que se tipifiquen, desde el punto de vista de protección integral de los menores, los delitos de corrupción de menores, pornografía y explotación infantil, trata de personas y lenocinio, a efecto de que se garantice la aplicación de la ley y de que estos delitos no queden impunes.

Al presentar el punto, la diputada Leticia Quezada Contreras (PRD) dijo: “Vengo a exigir justica, que no sea dilatoria, que no favorezca la impunidad, que no encuentre resquicios legales para dejar en libertad a pederastas y pornógrafos que se esconden bajo alguna sotana para cometer delitos que gozan de favores de las interpretaciones judiciales para seguir delinquiendo”.

Mencionó que es indignante que exista impunidad, corrupción y negligencia en la impartición de justica. “Quienes cometen delitos deben de ser sancionados más aún si éstos son cometidos contra las niñas y niños”.

Estos hechos, resaltó, tienen un antecedente en una averiguación previa por los delitos de pornografía infantil y delincuencia organizada, que derivó en la detención y el arraigo de los probables responsables, entre ellos, Rafael Muñiz López por tratarse de un sacerdote de la diócesis de Xalapa, Veracruz.

“Fueron más de 20 mil fotografías y videos de pornografía infantil de niñas y niños las encontradas en los archivos de este pornógrafo, mismas que intercambio y almacenó”.

Refirió que en su integración, la PGJDF logró acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de dichos sujetos, al recuperar los archivos borrados y eliminados en contra de pornografía infantil en las computadoras del inculpado Rafael Muñiz López.

“Con todos estos elementos se ejerció acción penal en contra de Muñiz López, señalando como el principal proveedor y distribuidor de la pornografía infantil, alias el Lobo Siberiano, y su cómplices. Sin embargo, de forma extraña, se le dio derecho a fianza”.

Quezada Contreras mencionó que el sacerdote interpuso demanda de amparo contra el auto de formal prisión dictado por el juez cuadragésimo cuarto de lo penal, que fue turnado al Juzgado Décimo de Distrito en materia penal, que otorgó la protección de la justicia federal al considerar que el auto de formal prisión no se encontraba debidamente fundado y motivado, determinando que no se acreditó la participación como coautor en el delito de delincuencia organizada.

Concluyó: “Este caso ha evidenciado la falta de conocimiento y voluntad de jueces y magistrados para garantizar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que todos los días y a cada hora son explotados sexualmente en este país”.

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