Con el objetivo de crear la figura de revocación de mandato al presidente de la República para que sean los electores, los ciudadanos, quienes determinen si procede o no su destitución, el diputado Omar Fayad Meneses (PRI) planteó reformas a la Constitución Política.

Planteó derogar los párrafos segundo del artículo 108 y cuarto del artículo 111 para que quede encuadrada en una sola figura con mayor claridad, la responsabilidad a la que estará sujeto el presidente de la República.

Se incluiría la revocación del mandato al presidente de la república, por las siguientes causales: Por actos u omisiones contrarios a las disposiciones de la Constitución Política y de las leyes federales que de ella emanen; por manejo indebido de fondos y recursos federales; por la comisión de delitos graves, así clasificados por la ley penal, dijo.

Mientras que los sujetos legitimados para solicitar la revocación del mandato serían: la mayoría de integrantes de la Cámara de Diputados o de Senadores; los gobernadores de las entidades federativas y del Distrito Federal; el 25 por ciento de los municipios; cualquier ciudadano, por causa fundada y motivada, añadió.

Señaló que dicha solicitud deberá ser presentada ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, quien procederá a la conformación de una comisión especial con participación de la Cámara de Senadores, a efecto de integrar el expediente respectivo, debiendo allegarse de la información necesaria para verificar la procedencia o no de la solicitud y emitir una resolución que deberá ser votada como dictamen y aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión de Congreso General.

Una vez revocado el mandato, el presidente de la República sería sustituido por quien designara el Congreso de la Unión por mayoría absoluta de sus miembros estando presentes cuando menos las dos terceras partes del total de miembros, agregó.

“Esta iniciativa opta por la inclusión de esta figura, ya que sería riesgoso incorporar al titular de tan alta responsabilidad al esquema vigente del juicio político, toda vez que es el Congreso de la Unión quien substancia dicho procedimiento, siendo muy posible la confrontación y desestabilización de este órgano de gobierno”, puntualizó. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Presidentes municipales, regidores y síndicos duren cuatro años

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (Convergencia) presentó reformas a los artículos 115 y 122 de la Constitución Política para que los presidentes municipales, regidores y síndicos, así como los jefes delegacionales del Distrito federal duren en su encargo cuatro años.

Consideró que es uno de los cambios que el poder municipal necesita, con el propósito de coadyuvar al mejoramiento y aplicación de las políticas públicas de los gobiernos locales. Se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales.

30 por ciento de la plantilla laboral de más de 35 años

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social se remitió la iniciativa de la diputada Sandra Méndez Hernández (PRI) que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo para que sea obligación de los patrones mantener permanentemente en su plantilla laboral, por lo menos un treinta por ciento del personal, con una edad de más de 35 años sin distinción de género.

Comentó que la tasa de desocupación registrada en agosto de 2009, fue de 6.28 por ciento, la más alta desde hace 14 años. El abatimiento laboral ha sido progresivo desde el año 2008, cuando la tasa de desocupación era del 4.15 por ciento, y ha tenido su mayor impacto en las personas mayores de treinta y cinco años.

Por lo que respecta al año 2009, el INEGI registró un total de 738 mil 611 eventos de pérdida de empleos, de los cuales 298 mil 677 fueron de personas mayores de treinta y cinco años, lo que representó el 40.43 por ciento del total de eventos.

Derecho al trabajo

El diputado Ramón Jiménez López (PRD) presentó reformas al Apartado A del artículo 123 constitucional para transformar el derecho al trabajo en una obligación prioritaria a cargo del Estado, debiendo garantizar su cumplimiento, o bien, asumir su responsabilidad en caso contrario.

Para lograrlo, dijo, el gobierno deberá tomar las medidas jurídicas, económicas, administrativas, en el marco de su poder político, para cumplir su principal atribución y, al propio tiempo, el principal derecho de los mexicanos: el derecho a que se le garantice un trabajo digno.

“Esto exigirá poner límites al saqueo y corruptelas tanto del sector público como del privado. Cuando esto se concretice con un carácter general, la riqueza económica y humana volverán a florecer en el país a raudales. Estamos pues hablando del denominado pleno empleo, añadió.

Mencionó que al tercer trimestre de 2009, la población desocupada llegó a un total de 2 millones 925 mil 45 personas, que debe sumarse a una población disponible de 5 millones 447 mil 927 y a las 3 millones 41 mil 399 personas que no reciben remuneración alguna. Además de los 3 millones 825 mil 67 de subempleados y más de 12 millones de trabajadores informales. Se mandó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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