A fin de agilizar el acceso a los recursos y establecer con base al convenio los periodos de ejercicio y los montos de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), integrantes de la Comisión de Seguridad Pública plantearon reformas al artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Salvador Caro Cabrera (PRI) refirió que este Fondo tuvo un subejercicio para 2008 de 61.7 por ciento, es decir, de un monto de 5 mil 400 millones, únicamente se ejercieron 2 mil 68 millones.

Por esta razón, dijo, la Comisión conformó un grupo de trabajo para analizar las causas de los elevados niveles de subejercicio en el FASP y en el Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios (Subsemun).

“Las conclusiones a que se llegó refieren que los problemas estructurales del FASP se originan principalmente al contenido del artículo 44 de dicha Ley, que establece que los recursos deben otorgarse mediante diez ministraciones mensuales, lo que en términos generales dificulta el ejercicio de los recursos por distintas razones, siendo una de las principales, la convocatoria a licitaciones públicas”, precisó.

Por ello, la iniciativa plantea que los recursos estén disponibles a partir de la firma del convenio con el gobierno federal y de acuerdo al contenido del mismo, lo cual implica la firma de este en el primer mes del año y la entrega de los recursos mediante ministraciones acordadas y referidas al convenio conforme a los planes propuestos por las entidades federativas.

Además,”es necesario actualizar la legislación para ajustar el papel del Consejo Nacional y del Secretariado Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública a las exigencias que les fija la nueva legislación y la dinámica interacción de este último con las entidades federativas”. Se envió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Garantizar protección a víctimas de violencia

La Comisión de Equidad y Género analizará la propuesta del diputado Guillermo Cueva Sada (PVEM) que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para establecer que las entidades federativas garanticen la seguridad e integridad física de las víctimas que denuncian a través de las instituciones de procuración de justicia y de seguridad pública y que se ordene que se les brinde protección.

Según información disponible, 9 de cada 10 mujeres víctimas de violencia familiar no denuncian por temor a que el agresor incremente la violencia que ejerce sobre ellas o por falta de recursos económicos propios para subsistir con los hijos fuera del hogar conyugal, dijo.

Afirmó que la iniciativa atiende al reconocimiento de que los problemas fundamentales que enfrentan las mujeres víctimas de violencia familiar son "la falta de denuncia ante el Ministerio Público por temor al agresor, la falta de autonomía económica, no tener una vivienda propia y no contar con redes familiares y sociales de apoyo".

Crear Comisión de Prevención y Protección Civil

Con el objetivo de crear la comisión ordinaria de prevención y protección civil, el diputado Pedro Vázquez González (PT) presentó una iniciativa que reforma la Ley Orgánica del Congreso General.

Señaló que dicha comisión permitiría crear mecanismos de coordinación y supervisión que permitan la alerta, preparación y respuesta inmediata ante estas contingencias.

“Es insuficiente que la responsabilidad de la prevención y protección civil sea únicamente la Secretaría de Gobernación”, dijo. Se envió a las Comisiones de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y la de Gobernación.

Fondo para Atención de Emergencias Epidemiológicas

A fin de crear un Fondo para Atención de Emergencias Epidemiológicas, el diputado Alejandro Carabias Icaza (PVEM) propuso reformas a la Ley General de Salud.

Añadió que el turismo cayó hasta 90 por ciento, con un costo estimado en 366 millones de dólares, el consumo de productos porcinos cayó 70 por ciento; y en el Distrito Federal el sector turístico tuvo pérdidas por 15 mil millones de pesos; en Jalisco de 12 mil 500 millones y en Yucatán de 650 millones.

“Por ello, consideramos que este fondo no debe ser temporal, sino permanente, para lo cual se le debe otorgar certeza jurídica”, dijo. Se mandó a la Comisión de Salud.

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