La Comisión del Distrito Federal, que preside la diputada Gabriela Cuevas Barrón (PAN), aprobó exhortar al Gobierno el DF para que implemente una política pública de salud en la delegación Iztapalapa, basada en el diagnóstico integral de las zonas consideradas como de alta y muy alta marginación.

La proposición busca que mediante estudios especializados se plantee la posibilidad de construir un hospital general de fácil acceso para los habitantes de las colonias Álvaro Obregón, Renovación, Los Frentes y Leyes de Reforma segunda y tercera sección.

Se argumenta que a pesar de que esta demarcación concentra la mayor población en el DF sólo cuenta con tres hospitales administrados por el gobierno federal; tres nosocomios generales y tres unidades de medicina familiar del IMSS; dos hospitales y dos clínicas de medicina familiar del ISSSTE, que resultan insuficientes para atender a los habitantes.

Destaca que según cifras del Subsistema de Información en Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Salud, entre todas las unidades médicas de acceso público se registra un total de 806 médicos y mil 157 enfermeras, concluyendo que en los servicios hospitalarios se cuenta con un doctor por cada dos mil 258 habitantes.

Agrega que esto se debe a que la delegación Iztapalapa tiene una población de un millón 820 mil 880 habitantes; de éstos, sólo el 40.25 por ciento cuenta con seguridad social; es decir, 861 mil 36 personas carecen de este servicio.

Explica que el jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard Casaubón, tiene la facultad de impulsar la descentralización y consolidar la desconcentración de los servicios en las delegaciones, así como establecer y evaluar los mecanismos de acceso a los servicios tanto públicos como sociales y privados de la ciudad.

Durante la V Sesión Ordinaria, la comisión avaló otro dictamen con punto de acuerdo que solicita a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, a los gobiernos federal y del DF, así como a los jefes delegacionales de Álvaro Obregón y Cuajimalpa a que se coordinen y propongan alternativas de vivienda, a fin de que se recuperen las zonas de barrancas invadidas en dichas demarcaciones.

En la proposición con punto de acuerdo se precisa que las barrancas son formaciones geológicas que capturan y mitigan los daños que produce el bióxido de carbono, lo que contribuye a regular el clima de la capital.

Además, señala que son de suma importancia, debido a que dentro del ciclo hidrológico de captación de lluvia, éstas ayudan a la recarga en el manto acuífero y al abastecimiento, en un 70 por ciento, del agua que se consume en la ciudad.

Establece que a consecuencia de las invasiones, la deforestación y daños provocados por la falta de planeación y la correcta aplicación de políticas públicas al año se pierden alrededor de 500 hectáreas de suelo de conservación en el DF.

Enfatiza que en específico las barrancas ubicadas en las delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa se reporta un daño ecológico evidente, dado que se permitió la construcción de residencias, así como de viviendas de cartón y lámina.

Ante este panorama, integrantes de este órgano legislativo consideraron apremiante que las autoridades correspondientes aumenten las acciones para detener el deterioro de tales zonas, preponderando el respeto de los derechos humanos y abriendo vías de reubicación para quienes habitan en esas áreas.

El último dictamen aprobado por el pleno de la comisión pide al jefe de gobierno del DF, así como al jefe delegacional de Tlalpan, a que con estricto respeto a las formas internas de organización política determinadas por el Consejo de los Pueblos Originarios, se mantenga una puntual observación en los distintos procesos electivos que se realicen.

En la proposición se subraya que en la Constitución se consignan las garantías de autodeterminación de las comunidades indígenas, a fin de establecer sus reglas y mecanismos democráticos de organización política, con base en sus usos y costumbres.

Al respecto, añade, las autoridades competentes deben garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas en conjunto.

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