En la agenda política del día de hoy, los grupos parlamentarios fijaron su posicionamiento con respecto al primer informe trimestral del Grupo Plural de Trabajo para dar Seguimiento al Proceso Judicial al que han sido Sometidos Servidores Públicos del Estado de Michoacán, Detenidos por Presuntos Vínculos con Organizaciones Delictivas.

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI) comentó que es necesario efectuar una minuciosa revisión a las figuras jurídicas del arraigo y testigo protegido “porque han quedado demostrado los riesgos que representan para los derechos humanos”.

Advirtió que actualmente la autoridad que recurre a estas figuras carece de contrapesos que limiten su actuación y no está obligada a rendir cuentas.

De igual forma, señaló que la ley tampoco establece sanciones a la autoridad y al testigo protegido que ofrece un falso testimonio ni define cómo reparar el daño a las personas que han resultado perjudicadas.

“Por tal razón se propone que se estudien y analicen las figuras referidas y otras que puedan resultar lesivas a los derechos humanos”.

En ese sentido, dijo que este grupo plural reconoce la lucha contra la delincuencia organizada, “pero no a costa de la violación de los derechos humanos y se declara en contra del uso ilegítimo de la fuerza y de que a la sombra de ese combate se restringa el disfrute y ejercicio de las garantías constitucionales”.

Manifestó el interés de los familiares y de los inculpados para que los procesos judiciales de estos servidores públicos que se llevan a cabo en Nayarit sean turnados a Michoacán con la finalidad de facilitar una defensa adecuada en aras de los principios de economía procesal y acceso efectivo a la justicia.

En su turno, el diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (PT) dijo que con los cateos practicados sin orden emitida por la autoridad competente se dieron violaciones a los derechos de legalidad, seguridad, y derechos humanos de funcionarios michoacanos.

Afirmó que todavía permanecen detenidos 22 servidores públicos del estado de Michoacán, por lo que “no podemos ser indiferentes ante estos atracos a los derechos humanos de parte de la Policía Federal y del Ejército mexicano”.

En tanto, el diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) reconoció el trabajo hecho por este grupo de trabajo, “ha ido a la esencia del problema y realizado una tarea con entrega que francamente me parece que esta soberanía debería reconocer”.
Este tipo de trabajo dignifica la tarea legislativa y la tarea plural que tenemos como responsabilidad”, subrayó.

Por su parte, la diputada María Dina Herrera Soto (PRD) manifestó que no se puede seguir permitiendo hechos como estos. “Una disculpa no vale porque ante el daño que se hizo a las familias de los detenidos no habrá palabras para resarcir los daños”.

Más adelante, se levantó la sesión y se citó a la que tendrá lugar el próximo martes 2 de marzo, a las 10:00 horas.

-- ooOoo --