La Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados denunció que este sector ha sido excluido de la discusión de la reforma política, por lo que pugnará para que sea incorporado en el marco de la transformación del Estado.

“Reclamamos nuestro derecho a ser parte de esa Reforma Política como los originarios de este país y vamos a trabajar en ese sentido. Queremos trabajar coordinadamente, a efecto de que regresemos a la Agenda Nacional el tema indígena, ya que hoy vemos que en algunos casos sigue la exclusión y el desprecio”, enfatizó el diputado Manuel García Corpus, su presidente.

Durante una reunión de trabajo del órgano legislativo con el director de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xavier Antonio Abreu Sierra, el legislador precisó que buscarán coordinar esfuerzos para que la representación política en la Cámara de Diputados tenga legitimidad a partir de una representación real de los indígenas a nivel de los partidos y de las candidaturas independientes.

“En este tema como en el tema energético o el de las reformas a radio y televisión deben estar presentes los indígenas y nosotros vamos a luchar por que esta agenda esté permanentemente”.

Añadió que el sector debe participar en torno a una política que contemple, de forma plena, los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, con quienes el poder público tiene la mayor y más antigua deuda.

Explicó que el motivo de la reunión es con el fin de establecer los vínculos y mecanismos de coordinación que pemitan avanzar hacia la concepción, definición e impulso de una verdadera política de Estado a favor de los pueblos y comunidades indígenas.

García Corpus indicó que la comisión mantiene la preocupación para tomar de frente los asuntos de concepción, estrategia y acciones necesarias que contribuyan a cambiar las condiciones de atraso en que se encuentra la población indígena.

Recordó que hace unos días, el rector de la UNAM hizo referencia a que lo mejor que debía hacerse en los festejos del centenario y bicentenario de la Revolución y de la Independencia, respectivamente, era llevar la justicia social a los pueblos y comunidades indígenas.

“La idea central es crear las condiciones legislativas presupuestales, operativas, para que los servidores públicos que operan el trabajo en las regiones indígenas lo hagan con toda responsabilidad y compromiso, pero sobre todo, con la participación de los representantes de los pueblos y sus comunidades, consultándolos y acompañándolos en sus demandas y permitir la transformación de sus precarias condiciones de vida.

Por su parte, el director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Xavier Antonio Abreu Sierra, dijo compartir la preocupación de los legisladores a fin de que los pueblos y comunidades indígenas definan sus proyectos de desarrollo, en un marco de equidad e incidan en la formulación y aplicación de políticas públicas para su beneficio; que vivan en condiciones sociales y económicas similares al promedio nacional y que ejerzan plenamente sus derechos.

Por otra parte, al ser cuestionado sobre la situación de los presos indígenas en el país, el funcionario afirmó que se han logrado excarcelar dos mil 570 de ellos en 28 entidades federativas.

“Son presos por no tener para pagar la reparación del daño y la multa están en la cárcel y la CDI los apoya, cada año hacemos un censo y con base en él empezamos a trabajar”, dijo.

Enfatizó que uno de sus objetivos es lograr leyes de amnistía en todos los estados, como ya se hizo en Veracruz y está a punto de concretarse en Oaxaca, para que todos los presos indígenas puedan salir lo más rápido posible.

En cuanto al programa de albergues escolares, precisó que se han rehabilitado 185 y ahora lo que se busca es mejorar la alimentación de los niños para evitar la obesidad y anemia.

Abreu Sierra señaló que el modelo que se pretende instaurar en la CDI, es “porque se quiere pasar de una política indigenista a una política pública indígena, hecha con y para los pueblos indígenas”.

Por eso decidimos construir una gran alianza y compartir un proyecto de futuro en todos los sectores para llegar a un modelo de desarrollo con identidad, aclaró.

“Nosotros perseguimos ser una institución que trabaje y transite en una política de desarrollo sectorizado, integral. Que se cambie de ver la cultura indígena como un obstáculo a una fortaleza y cambiar las políticas paternalistas en autogestivas y de largo plazo en lugar de asistencialistas y corto plazo”.

El diputado Filemón Navarro Aguilar (PRD) dijo que los pueblos y comunidades indígenas tienen los más bajos niveles de desarrollo humano y que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas es fundamental para abatir el rezago social en que viven alrededor de 12 millones personas.

Refirió que en pasadas administraciones la Comisión Nacional declaró que se requerían de 25 a 30 años para atender estos rezagos, en esta lógica cuestionó al funcionario sobre el diagnóstico, estrategias y tiempos que la dependencia realizará para cumplir con este propósito.

La diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz (PAN) dijo que a pesar de que se invirtieron aproximadamente 2 mil 480 proyectos en materia de medicina tradicional, herbolaria y fiestas, “pudiéramos quedar cortos en este tema que es un pilar de nuestra cultura”.

Agregó que los subejercicios son un tema recurrente, por lo que preguntó al funcionario sobre este tema en las pasadas administraciones de la CDI.

En tanto, el diputado Óscar Aguilar González (PRI) resaltó que es necesario mantener mayor comunicación entre la dependencia para que los legisladores tengan conocimiento de los programas para atender a los pueblos autóctonos.

Expresó que es de gran preocupación la “enorme marginación social” en cada uno de los municipios con asentamientos indígenas. Cuestionó al titular de la CDI sobre el programa de vivienda para el sector. Dijo que es muy importante diseñar estrategias para mitigar la migración.

A la reunión asistió el diputado David Penchyna Grub, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, quien señaló que es lamentable que el presupuesto de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas no haya crecido, por el contexto económico desfavorable.

Sin embargó, reconoció que las variables macroeconómicas en el que se diseñó el PEF mejoran y existe la posibilidad de la recuperación económica, así como de mayores ingresos para atender las demandas de los pueblos autóctonos.

El diputado Manuel García Corpus expresó que es necesario que las Mesas Directivas de las Comisiones de Asuntos Indígenas, de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública, así como CDI se reúnan urgentemente para revisar el presupuesto aprobado en la materia.

“Tenemos un tema no resuelto con Hacienda de cerca de 600 millones de pesos para la atención de pueblos indígenas. Hace una semana nos hicieron llegar un documento en el que ya no hablan del respeto a los 600 millones sino que hablan de 200 millones de pesos.

“Le tomo la palabra para que revisemos el nuevo comportamiento de esas variables macroeconómicas y podamos hacer efectivo esos 600 millones de pesos”, dijo.

En respuesta, Xavier Abreu aceptó reunirse cada dos meses para analizar los recursos aprobados, y reiteró que las líneas estratégicas del CDI se sustentan en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa de Desarrollo para Pueblos y Comunidades Indígenas 2009-2012 y tienen que ver con el desarrollo humano, la consulta, derechos indígenas y cultura.

Señaló que si se incrementa la inversión para combatir el rezago social se puede lograr en 10 años. El desarrollo, dijo, necesita que haya proyectos productivos, salud, educación y que las comunidades sean los actores fundamentales de éste.

El diputado Sabino Bautista Concepción (PRI) expresó que se necesita gente más sensible que entienda a los indígenas y le apueste a que los programas lleguen a esas comunidades. “Es cierto y reconozco los esfuerzos pero aún falta mucho por hacer a favor de ellos”.

Denunció que algunos programas se quedan truncados porque no alcanzó el presupuesto o los recursos se perdieron, pero sobre todo, en donde la CDI “se lava las manos, argumentando que entregó los recursos; es necesario revisar las reglas de operación y hacerlas más accesibles”.

Por Acción Nacional, la diputada Alba Leonila Méndez Herrera se manifestó por conocer la participación de los estados y municipios, en cuanto a los programas de infraestructura que van en coordinación con los diversos niveles de gobierno y, que en ocasiones, no son iniciadas las obras.

Cuestionó sobre la posición y participación de la Comisión ante los hechos de violación de los derechos humanos de las comunidades o pueblos indígenas.

La diputada Florentina Rosario Morales (PRD) solicitó al titular de la CDI información precisa sobre la situación jurídica de los más de ocho mil presos indígenas, de los cuales siete mil no contaron con un traductor para conocer su situación o al menos el delito que se les imputa, y más de mil no tuvieron defensor de oficio.

Dijo que en el estado de Guerrero, el proceso de militarización contra el narcotráfico ha costado once muertes, por lo que preguntó sobre la postura de la Comisión ante los operativos militares que de alguna u otra forma están coartando las garantías individuales de los pueblos indígenas, violan el principio constitucional de libre tránsito y los derechos humanos.

En respuesta, Abreu Sierra precisó que en los próximos meses se tendrán a más de 200 traductores certificados, mismos que defenderán sus derechos y, con ello, “estar en condiciones de coadyuvar en los juicios, a fin de que los indígenas que sean procesados tengan a alguien que hable su lengua”.

Respecto a los casos de excarcelación de presos, afirmó que se trabaja exclusivamente con los delitos del orden común. “Nosotros levantamos un primer censo, y ese nos da la base para empezar a excarcelar; lo estamos haciendo en un promedio de 900 a mil anuales”.

Mencionó que defenderá a quien haya que defender cuando hayan sido violados sus derechos humanos. Agregó que todas las obras de infraestructura las hacen los gobiernos estatales y nunca la CDI, y se congratuló con la propuesta de los legisladores por fortalecer las reglas de operación.

También participaron los diputados Domingo Rodríguez Martell (PRD), María Felícitas Parra Becerra y Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, del PAN; María Hilaria Domínguez Arvizu y Héctor Pedraza Olguín, del PRI.

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