En México se calcula que existen siete mil 543 mujeres purgando alguna condena en las cárceles; de éstas, el 86 por ciento tienen en promedio tres hijas o hijos y en su mayoría cumplen una sentencia por delitos del fuero federal, señaló la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (PRI).

En tribuna, la legisladora informó que alrededor de 33 mil 498 infantes, hijos de reclusas, carecen de las condiciones y espacios necesarios para proveerles un desarrollo armónico e integral, que les permita poseer los elementos necesarios a fin de alcanzar un mejor futuro.

Ante ello, presentó una iniciativa que reforma los artículos 3 y 6 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, con el fin de cambiar los modelos bajo los cuales son construidos la mayoría de los penales, “pues de las 446 cárceles que existen en México sólo 12 son para albergar a mujeres, el resto únicamente cuenta con un anexo para población femenina”.

Implementar dichos espacios permitirá a las mujeres sentenciadas convivir de forma segura, adecuada y continua con sus hijas e hijos, lo cual, sin duda, ayudará a tener un mejor proceso de reinserción social, que les permitirá una formación integral, dijo.

“La permanencia de mujeres sentenciadas en los penales que tengan los espacios funcionales propios de sus necesidades evitará las condiciones de hacinamiento, violencia, corrupción y violaciones a sus derechos humanos y les proveerá de espacios y servicios de desarrollo integral infantil”. Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

Los notarios públicos no son agentes económicos

El diputado Hugo Héctor Martínez González (PRI) presentó reformas al artículo 3 de la Ley Federal de Competencia Económica, con el propósito de eximir a los notarios públicos a ser catalogados como agentes económicos dentro de la mencionada normatividad.

Martínez González explicó que los notarios públicos han sido sujetos a investigación por presuntas prácticas monopólicas por parte de la Comisión Federal de Competencia. “Por tal motivo esta iniciativa se ocupa de su naturaleza jurídica; se busca quitar la laguna legal existente y establecer que los notarios no son agentes económicos”.

Esto es debido, continuó, a que el ejercicio del notario público obedece a una función de orden público, la cual está originalmente a cargo del Ejecutivo del Estado o del jefe de gobierno. Esta función es otorgada solamente a profesionistas del derecho. Se envió a la Comisión de Economía.

Divulgar la actividad científica

Con el objetivo de fortalecer las actividades de divulgación de la ciencia y la tecnología desde la educación básica, la diputada María de Lourdes Reynoso Femat (PAN) leyó una iniciativa que reforma los artículos 9 y 14, fracción VI; adiciona una fracción XIII al artículo 12 y una fracción VII al artículo 13 de la Ley General de Educación.

Argumentó que no sólo es necesario difundir el conocimiento científico y tecnológico, también resulta primordial hacerlo accesible para el entendimiento del grueso de la población.

“Es necesario incorporar en la Ley General de Educación el impulso a la divulgación de la ciencia y la tecnología como un elemento sustantivo en el proceso educativo que contribuya a la apropiación del conocimiento”.

Además, se tienen que armonizar las disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología con las establecidas en la de educación, respecto de las obligaciones del Gobierno Federal para apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. Se canalizó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Iniciativa legislativa ciudadana

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT) impulsó una iniciativa que reforma los artículos 35, 40, 41, 71 y 73 de la Constitución para que cualquier ciudadano que cuente con el sustento del 0.13 por ciento de las personas inscritas en el padrón electoral pueda iniciar un proceso legislativo.

La iniciativa, referida a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la de Cuenta Pública también propone la expedición de la Ley Federal que regula la Iniciativa Legislativa Ciudadana.

El legislador planteó que de esa forma se reconoce el derecho de los ciudadanos de retirar un proyecto de ley que durante el proceso legislativo ha sido modificado y que consideren que no se apega a su contenido original.

Supervisar calidad académica en universidades privadas

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público se envió una iniciativa, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar (NA), que reforma el artículo 101 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, a fin de implementar mecanismos regulatorios para las universidades particulares que vigilen y fortalezcan su calidad académica.

El legislador precisó que es urgente actualizar y profundizar su regulación, por lo que recomendó la construcción de marcos normativos más estrictos y pertinentes que permitan combinar libertad, pluralidad, pertinencia social y estándares mínimos de calidad académica.

“En este sentido, es necesario reforzar la regulación y vigilancia de las universidades e institutos de educación superior, con el fin de que cumplan plenamente con sus obligaciones fiscales”.

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