En el tema de agenda política, los diputados del PT, Gerardo Fernández Noroña y Jaime Cárdenas Gracia fijaron su postura sobre actos de saqueo y corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex).

El impulsor del tema, Fernández Noroña, refirió que el libro “Camisas azules, manos negras”, de Ana Lilia Pérez, documenta diversos actos de corrupción que durante los gobiernos panistas se han venido desarrollando en la paraestatal.

“Están absolutamente documentados no solamente los negocios derivados del petróleo, sino el uso de recursos de programas gubernamentales que tendrían que ser dirigidos en apoyo de zonas deprimidas o de dificultades económicas y no para negocios de hamburguesas”.

Cuestionó hasta dónde se va a permitir el desmantelamiento de la riqueza principal que tiene el país, como el petróleo.

“Hasta cuándo vamos a poner un alto a este saqueo criminal del dinero que debería ser para beneficio de todos los mexicanos; está llevándoselo una minoría rapaz y voraz que de manera corrupta y prepotente han estado saqueando la riqueza nacional”.

Propuso la creación de una Comisión plural cuyo objeto sea investigar las denuncias que son ampliamente documentadas en el libro.

“Debemos parar de manera definitiva el saqueo que se viene dando en torno a Pemex y al petróleo que es de todos los mexicanos, pues no es de una administración, gobierno, fracción, grupo de familias, sino de todos”, abundó.

El diputado Jaime Cárdenas Gracia precisó que el libro debería invitar no solamente a la reflexión, sino a la toma de medidas tanto legislativas como de control por parte de la Cámara de Diputados.

“Es conocido y lugar común que en México una de las instituciones en donde prevalece la corrupción en todos los niveles es en el organismo descentralizado Pemex”.

Se manifestó por prohibir cualquier tipo de negocios privados cuando se están en cargos populares; regular los conflictos de interés; establecer reglas precisas en torno al cabildeo y aprobar una nueva Ley de Transparencia y de Acceso a la información Pública para que no exista poder fáctico o asunto que tenga qué ver con los contratos del Estado y se puedan considerar información reservada o confidencial.

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