Al instalar la Comisión Especial para el Seguimiento de la Implementación de la Reforma Constitucional en materia de Fiscalización, Evaluación y Armonización Contable, el diputado Gastón Luken Garza (PAN) señaló que el objetivo principal es la homologación de los sistemas contables que existen en el país dentro del sector público.

“Es increíble pensar que se tienen distintas maneras de presentar las contabilidades de los estados, la federación, los municipios, por ello, es importante que todos tengan el mismo sistema”, añadió.

Precisó que el hecho de no tener contabilidades homologadas dificulta la rendición de cuentas, “independientemente de que instancia de gobierno y de qué partido gobierne en ella”.

El diputado David Penchyna Grub (PRI) resaltó la importancia de la comisión, “máxime en un país donde pareciera un debate inacabado, permanente, el tema de la rendición de cuentas y que en muchas ocasiones se ha perdido el objetivo central de lo que es auditar, fiscalizar, vigilar que los recursos se apliquen de la manera para lo que están destinados”.

Consideró que la comisión debería ubicarse como una subsidiaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que coadyuve a impulsar los dictámenes. En este sentido, planteó tener un encuentro con el auditor Juan Manuel Portal, “porque hoy en México hay seis cuentas públicas pendientes por dictaminar, de 2002 a 2007”.

“La Comisión debería coadyuvar a impulsar un dictamen objetivo de esas cuentas públicas, porque además este año nos llega la séptima, que es la del 2008, y ese debe ser un objetivo central para nosotros; estamos heredando cuatro cuentas públicas pendientes de la anterior legislatura”, aseveró.

El diputado Jesús Giles Sánchez (PAN) indicó que la comisión es toral en términos de lo que el país requiere, es decir, rendición de cuentas y transparencia.

Explicó que en los estados se encuentran diferentes sistemas contables. El primer paso debe ser esa armonización y el resultado tendrá que dar opiniones similares en torno a desempeños o subejercicios.

Añadió que deberá procederse a un diagnóstico porque no es lo mismo una entidad que maneja miles de millones, a municipios que manejan millones.

Por su parte, el diputado Arturo Santana Alfaro (PRD) dijo que es importante que desde esta Comisión se obtengan resultados que se traduzcan en cuestiones legibles para toda la ciudadanía y llegar a una armonización de los sistemas de fiscalización, de los sistemas contables que rigen el país.

Señaló que ya existen algunas iniciativas de reformas a la Constitución Política en el tema la fiscalización con participación ciudadana, “que nos llaman a tratar ineludiblemente este tipo de asuntos que en el pasado eran inaccesibles”.

En tanto, el diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT) refirió que el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) elaboró un documento y la primera crítica es que no existe rendición de cuentas en México porque no hay cuentas, la contabilidad es dispersa, desordenada, diversa en los estados y municipios y “entonces cómo pueden rendirse cuentas cuando hay esquemas de contabilidad diversos, por ello es un asunto toral y fundamental que haya uniformidad en la contabilidad”.

Se deben analizar los artículos 116 y 122 de la Constitución, cómo se ha dado este proceso de conformación de las entidades de la República de los órganos de auditoría superior de los estados, “porque va a pasar lo mismo que en materia electoral que vamos a encontrar órganos de auditoría estatal con más autonomía y otros con menos”, dijo.

Afirmó que la ASF fiscaliza las aportaciones federales pero no las participaciones federales y es importante ver cómo se están fiscalizando para que esos recursos no se desvíen.

La diputada Elsa María Martínez Peña (NA) dijo que la fiscalización del gasto público es una función fundamental del Estado y la sociedad exige que los recursos públicos se ejerzan con eficacia y honradez. “Que los servidores públicos no se aprovechen de su posición para desviar o malversar estos recursos y que tampoco los manipulen para promover intereses políticos, electorales o personales”.

Enfatizó que los ciudadanos exigen combatir de manera sistemática y comprometida la corrupción en todas sus modalidades, “pero hoy por hoy no basta con la fiscalización del gasto público para sanear la acción del Estado, es preciso intensificar las auditorías que evalúen el desempeño de las entidades y los programas que ejercen los recursos públicos”.

Es necesario revisar si los objetivos y metas que se plantean en los programas y planes se cumplan a cabalidad, si se tiene el impacto social proyectado y si se requieren mayores recursos o bien cambios profundos, puntualizó.

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