Al inaugurar el simposio “Fuerzas Armadas, justicia y respeto a los derechos humanos: hacia una reforma legislativa del fuero militar”, el diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (PT) afirmó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha procesado 3 mil 21 denuncias contra militares en 2008 y 2009 por violación a los derechos humanos.

De igual forma, señaló que diversas organizaciones internacionales han revelado que el déficit en el acceso a la justicia es un problema que se extiende cada vez más hacia el sector castrense.

Ante ello, el legislador expresó que existe una preocupación social por el creciente número de casos a las violaciones a los derechos humanos y la espiral de violencia que se ha suscitado a partir del uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

“La inconveniencia de utilizar al Ejército para la persecución de las organizaciones criminales resalta de la confusión oficial entre los delitos del fuero común y del federal, como faltas a la disciplina militar. La impunidad que se verifica en dados casos confirma que el ocupante del Ejecutivo debe de desistir de una estrategia inadmisible”, subrayó.

En este sentido, manifestó que con retenes, cateos, operaciones y despliegue de elementos de la Defensa y la Marina se ha llenado el catálogo de delitos del Estado como abuso de poder, tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, a lo que se suma actitudes facciosas de autoridades que han atacado con violencia las manifestaciones de protesta política y de resistencia social.

“Nadie puede negar el poder corruptor de los poderes fácticos y los grupos criminales sobre las instituciones públicas y sobre quienes las conducen”.

Sin embargo, dijo, nos une la certeza de que la única solución posible consiste en una estrategia a largo plazo apegada a un Estado democrático de derecho y a un concepto de seguridad integral que incluya las causas económicas, sociales y políticas que motivan la violencia y las actividades ilícitas.

Enfatizó que el Poder Legislativo enfrenta el reto de comenzar las vías hacia la justica plena y democracia integral o “perderse en celebraciones vanas mientras el país se desborda en inercias catastróficas”.

Por lo que propuso que la ciudadanía cuente con recursos efectivos ante las instancias judiciales civiles, a efecto de que pueda disfrutar cabalmente de las garantías constitucionales, así como adecuar el orden jurídico a los mandatos del derecho internacional a los modelos de control civil y democrático de las Fuerzas Armadas.

“No buscamos cuestionar el honor ni la importancia de las Fuerzas Armadas como parte fundamental del Estado mexicano, al contrario requerimos difundir en la sociedad la información y los análisis más recientes que nos demuestran la inaceptable condición en que se encuentran los derechos fundamentales en nuestro país”.

Más adelante, en la mesa denominada “La jurisdicción militar y el furo de guerra en México”, Juan Velásquez, abogado penalista del ITAM informó que los plagios han crecido en 154 por ciento, y que nuestro país se ha convertido en el primer lugar mundial en plagios; es la meca de los secuestros”.

Asimismo, indicó que los homicidios han crecido en 96 por ciento y sólo el año pasado se cometieron más de 14 mil.

Precisó que la policía se encuentra dentro de las diez más ineficientes del mundo y es la segunda más corrupta mundialmente; “a final de cuentas no tenemos policía”.

“Tenemos un índice de impunidad del 98 por ciento de los delitos que se cometen, tenemos la misma inseguridad que Afganistán, peor inseguridad que Ruanda y el Congo y somos el peor país en seguridad en América Latina y uno de los cinco más inseguros en el mundo”.

Ante ello, justificó que el Ejecutivo utilice a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ya que, mencionó, las instituciones se encuentran amenazadas por las actividades del crimen organizado.

Velásquez puntualizó que durante el combate al narcotráfico se han registrado más de 650 soldados heridos y muertos, “eso no lo han dado a conocer las organizaciones”.

En este sentido, sostuvo que si se llegara a eliminar el fuero militar se correría el riesgo de desaparecer al Ejército; “me parece que si volviéramos el fuero militar en una justicia civil llegaríamos a lo absurdo”

Por su parte, Arnaldo Córdova, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, consideró que el problema del fuero es que da lugar a una esfera de impunidad “que ya ha sido delatada y denunciada muchísimas veces, particularmente por las organizaciones internacionales y mexicanas protectoras de los derechos humanos”.

Sostuvo que se debe analizar si los militares deben encargarse o no de la lucha en contra de la delincuencia organizada.

“Los militares que cometen delitos del orden común o federal deben ser juzgados por tribunales del orden común y del orden federal”, agregó.

En este sentido, externó que es inadmisible que lo militares sean juez y parte. “Es inaceptable que tengan el privilegio de juzgar a sus pares”.

En tanto, Bernardo Bátiz, integrante de la Asociación de Abogados Democráticos, dijo que los resultados de haber sacado al Ejército a las calles han sido desastrosos, “son muy negativos, han desgastado a una institución muy respetable, la han puesto en tela de juicio y en riesgos muy graves, incluidos el de corrupción”.

Pidió que el Congreso intervenga en la solución porque “es un problema lacerante en este momento el de la presencia de los soldados en las calles, en carreteras, en entradas de ciudades, haciendo labor de policía con tanquetas y armas de alto poder y grueso calibre; es inconcebible”.

Refirió que se necesita regular y discutir hasta qué punto, en qué momento, en qué condiciones y bajo qué reglas las fuerzas armadas pueden intervenir a solicitud del gobernador de un estado, de un Congreso estatal o del presidente de la República.

En su turno, el diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (PRI) se pronunció por mantener el fuero militar pero precisó que éste debe acotarse para evitar la impunidad en el ejercicio de las actividades militares, “tenemos que pensar en una legislación moderna y actual; el fuero debe permanecer pero debe acotarse y revisarse ya que hay ambigüedades e imprecisiones que necesitan determinarse”.
“El fuero militar ha llevado a la concepción o a la idea de que estamos ante un canal que más que considerara la condición específica de un miembro de las Fuerzas Armadas, está siendo un elemento que puede incurrir en el riesgo de protección cuando se violan los derechos humanos”.

En este sentido, mencionó que es importante definir cómo las Fuerzas Armadas pueden ser coadyuvantes en materia de seguridad pública o de procuración de justicia, según el caso, y con las características que se requieran.

Posteriormente, el general brigadier, José Francisco Gallardo Rodríguez, puntualizó que se han presentado más de 200 mil deserciones en el Ejército durante esta administración, “el asunto es que dentro del Ejército no hay justicia”.

“Hay una persistente y sistemática violación a los derechos humanos del personal militar y principalmente del personal femenino”.

En este sentido, dijo que es tarea del Congreso legislar a favor de modificar la jurisdicción del fuero militar a fin de penalizar las violaciones a los derechos humanos. “Es necesario mantener bajo vigilancia, en términos generales, la administración militar”.

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