El diputado César Augusto Santiago Ramírez (PRI) presentó una iniciativa para reformar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a fin de replantear los términos en que debe fundarse el principio de rendición de cuentas en el sistema electoral mexicano y la pertinencia de garantizar la aplicación de medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria en el desarrollo de los procesos de renovación de autoridades representativas.

La propuesta señala que es evidente el reclamo social para establecer nuevos criterios legales que definan reglas más eficaces en los procesos de vigilancia y fiscalización de los recursos empleados en la renovación de los poderes en el país.

“Los innumerables estudios, foros, seminarios, conferencias y opiniones dados a conocer sobre el tema coinciden en señalar que es preciso replantear los criterios en materia de revisión del gasto electoral y de las erogaciones de las autoridades en la materia, así como los mecanismos de fiscalización de los gastos de los partidos políticos en su conjunto”.

Añade que los procesos de rendición de cuentas se han constituido como elementos esenciales de las democracias representativas en la época contemporánea. “De ahí que tales procesos sean de los principales instrumentos que permiten controlar el abuso del poder y garantizar que los órganos electorales cumplan con transparencia, honestidad y eficacia las tareas que constituyen su función constitucional. Se turnó a las comisiones unidas de Gobernación y Justicia.

Eliminar subrogación

El diputado Pedro Vázquez González (PT) propuso una reforma a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que este elimine la subrogación de los servicios de guarderías con particulares o terceros, a fin de que sea éste quien preste el servicio de guarderías a las madres trabajadoras que cotizan al IMSS.

Señaló que el costo es menor en el esquema subrogado, sin embargo éste no cumple con los requisitos mínimos de seguridad y atención de los niños, “además se ha llegado al extremo de otorgar guarderías subrogadas a familiares de funcionarios del propio instituto y de otras dependencias de la administración pública federal”.

Refirió que de acuerdo a cifras proporcionadas por la Auditoría Superior de la Federación existen mil 417 guarderías subrogadas, el costo de atención por niño es de casi mil 700 pesos, mientras que en las guarderías operadas directamente por el Seguro Social es de 3 mil 781 pesos.

Juicio de amparo a favor de adultos mayores

En tanto, el diputado Francisco Saracho Navarro (PRI) a través de una reforma a la Ley de Amparo planteó que las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios a favor de las personas mayores de sesenta años, en la defensa de sus derechos de seguridad social, aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios.

La propuesta tiene por objeto atenuar el efecto propiciado por la carencia de recursos de las personas adultas mayores y otorgarles el debido asesoramiento en el planteamiento de una demanda de amparo y en la defensa de sus derechos de seguridad social. Se turnó a la Comisión de Justicia.

Informe presidencial cada seis meses

El diputado Jorge González Ilescas (PRI) propuso reformar el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 y 7 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, con el objetivo de que el plazo para la presentación del Informe Presidencial se reduzca a seis meses.

En ese sentido, dijo que el informe presidencial del estado general de la administración sea rendido al Congreso de la Unión el 1 de septiembre de cada año, correspondiente al inicio del primer periodo ordinario de sesiones y el 1 de marzo de cada año, comprendiendo el primer periodo ordinario del segundo y tercer años de sesiones.

Manifestó que la medida propone reducir el ámbito de la obligación de la rendición de la información y los criterios que en él se sustentan, estableciendo una orientación precisa de su contenido, toda vez que al tener por objeto el conocimiento del avance del Plan Nacional de Desarrollo. Se envió a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

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