Se busca que el presidente de la República regrese al Congreso de la Unión cada año en la apertura del primer periodo de sesiones para que rinda cuentas a la ciudadanía del estado que guarda el país, a través de una iniciativa que presentó el diputado Sergio Lobato García (PRI).

El legislador propuso reformar el artículo 69 constitucional para que el presidente de la República y el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acudan de forma obligatoria a la sesión de Congreso General de apertura del primer periodo de cada año de ejercicio.

Precisó que sólo sería obligación del titular del Ejecutivo federal la rendición de cuentas en una doble vertiente: dirigir un mensaje a la nación con los puntos o temas más sobresalientes y la entrega al Congreso General de un informe escrito y detallado del estado que guarda su administración.

Se incluye en el texto constitucional la corresponsabilidad política del Congreso General de fijar sus respectivos posicionamientos y que éstos sean escuchados por el presidente de la República, con la finalidad de hacer de esta obligación constitucional un acto republicano donde impere el respeto, la interlocución y, sobre todo, la civilidad política.

Con la reforma, aseguró, se vigorizaría la efectiva rendición de cuentas y obliga a que los auxiliares del titular del Ejecutivo federal, sean corresponsables en el ejercicio del poder público y en la rendición de cuentas de cara a la nación, ya que se recoge el espíritu de la reforma del 2008 y se obliga a los funcionarios enumerados a acudir al Congreso o a alguna de sus Cámaras para ahondar en el informe presentado por el presidente de la República.

Asimismo, el titular del Ejecutivo federal tendrá la obligación constitucional de responder por escrito a dudas o cuestionamientos que formulen los legisladores federales, durante el análisis del informe presentado.

Lobato García refirió que tras la reforma al artículo 69 constitucional, a partir de 2008, el presidente de la República sólo presenta un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país.

Sin embargo, añadió, el nuevo formato se encuentra en un estado de cuestionamiento pues se duda de su efectividad para cumplir su propósito principal, rendir cuentas a la nación, restándole al Congreso de la Unión la posibilidad de escrutinio al ejercicio del Poder Ejecutivo.

“El formato vigente del informe presidencial de gobierno, no permite al presidente de la República cumplir de una manera óptima la tradición y obligación histórica que se le ha conferido al cargo que ostenta; es decir, el informar a la nación el estado en el cual se encuentra la federación”, resaltó.

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