Los casos de niñas y niños desaparecidos en albergues como el de Casitas del Sur, en el Distrito Federal, La Casita, en Cancún, y el del Centro de Adaptación e Integración Familiar, AC, en Monterrey, hacen necesaria la implementación de un censo de las instituciones públicas y privadas de asistencia social, señaló el diputado Agustín Castilla Marroquín (PAN).

El integrante de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas dijo que la vulnerabilidad en que se encuentran miles de menores en albergues públicos y privados es altísima, ya que aunado a la falta de control estadístico en el ingreso y egreso de los infantes, tampoco se realiza en la práctica una supervisión real de su condición.

Dicha situación, añadió, “puede dar lugar a un sinfín de riesgos como puede ser la falta de educación, alimentación, asistencia médica o psicológica, pero sobre todo no se podrá supervisar si los menores son sujetos de corrupción, violencia psicológica, golpes, trabajo forzado, adoctrinamiento o fanatismo religioso, vejaciones, pornografía infantil, lenocinio, violación o abuso sexual”.

Agregó que la falta de supervisión de la presencia física de los menores dentro de los albergues también puede dar lugar a la comisión de otros ilícitos, como sustracción ilegal de menores, turismo sexual, tráfico de infantes u órganos, prostitución, adopción ilegal, entre otros.

De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México, en 2010 habrá en el país alrededor de 29 mil 310 niños que no contarán con cuidados familiares ni institucionales, por lo que es urgente que la autoridad informe respecto a la capacidad con la que cuenta el Estado para el cuidado de los menores que se encuentren en situación de desamparo.

El diputado dijo que ante la falta de información respecto a cuántas niñas y niños se encuentran en albergues, quiénes son, dónde y cómo están, se abre un amplio espacio de riesgo e impunidad que resulta necesario de atender.

Por lo que a fin de brindar seguridad y certeza jurídica en el funcionamiento de las instituciones de cuidado y con el objeto de salvaguardar los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes, impulsa un punto de acuerdo que presentará al Pleno Camaral para que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia actualice el directorio de las instituciones públicas y privadas de asistencia social.

Lo anterior, con el objeto de contar con información oficial respecto al número de albergues públicos y privados que operan en el territorio nacional, e informe respecto a la capacidad, programas y acciones con que cuenta el gobierno federal para la atención institucional de los menores que se encuentran en situación de desamparo.

Mencionó que la falta de estos datos es preocupante, si se toma en cuenta que al consultar el directorio de referencia, en el rubro de servicio de tutela y custodia de menores, solamente se tienen registradas a 281 instituciones en todo el país.

Castilla Marroquín precisó que la única estadística que proporciona el Sistema Nacional de Información de la Asistencia Social señala que hasta enero de 2009 en toda la República se tiene un total de 10 mil 326 menores, la gran mayoría en albergues privados, sin embargo, en 17 entidades federativas aún no existe información, lo que representa el 53 por ciento del total.

En tanto que dentro de las entidades que sí proporcionaron información, en algunos casos los números reportados resultan difíciles de creer, como es el caso de Chiapas, que asegura tener sólo 46 niños albergados, de ahí la importancia de que el directorio sea actualizado.

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