Al instalar la Comisión Especial de Seguimiento a la Problemática Surgida por los Conflictos Mineros en el País, el diputado Miguel Ernesto Pompa Corella, señaló que se requieren reformas sustanciales que propicien nuevas condiciones laborales.

Refirió que esta Comisión especial se conforma en un curso crítico de hechos, en los que las tareas de diálogo y consenso se han aplazado. “Avancemos aportando nuestras mejores cualidades para iniciar diálogos y abonar soluciones a los conflictos mineros del país”.

Afirmó que México puede competir en el ámbito internacional del mercado de metales y tiene todos los recursos para hacerlo, sin embargo, “el detener los trabajos en las minas de Cananea, Sombrerete y Taxco ha generando graves desequilibrios en el entorno económico, político y social de México”.

El diputado Cuauhtémoc Salgado Romero (PRI) dijo que los integrantes de esta Comisión se deben enfocar en la reactivación de la economía y defender los derechos de los trabajadores.

Propuso la búsqueda de mecanismos de trabajo con los diferentes actores políticos y manifestó su desacuerdo en la prolongación de los conflictos, “lamento que las instancias que el gobierno federal y de los estados no hayan tenido el tiempo suficiente para poder atender esta necesidad”.

El diputado Leonardo Arturo Guillén Medina (PAN) señaló que cerca del 70 por ciento de la población del municipio de Cananea vive de la minería, por lo que existe la obligación de poner fin a este problema que ha paralizado las actividades de la mayor mina de cobre en el país.

“Esperamos que Cananea pueda volver cuanto antes a las actividades productivas que permitan reactivar la economía local, así como su importante aportación a la economía nacional, que redundarán en mejorar las condiciones de vida de miles de familias mexicanas”

El diputado Ramón Jiménez López (PRD) afirmó que el 20 por ciento del territorio nacional está concesionado a empresas mineras y “desafortunadamente algunas de ellas violan la ley minera y algunos artículos de la Constitución”.

En concordancia con la problemática minera actual, propuso una reunión con los secretarios del Trabajo y Previsión Social; Gobernación; así como con el procurador General de la República, para que explique el estado que guardan las averiguaciones previas relacionadas con los conflictos mineros; y el de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“Esto resulta fundamental para que en la solución de la problemática minera se usen las vías del diálogo y la negociación, desechando el uso de la represión”.

El diputado Carlos Samuel Moreno Terán (PVEM) planteó solicitar la intervención del Presidente de la República, para que en uso de sus facultades ejecutivas, llame a las partes para una conciliación e instruya a llevar a cabo un programa emergente de atención a la salud, al empleo y reactivación económica.

Manifestó el apoyo a los trabajadores mineros y sus familias, en la búsqueda de la permanencia de las prestaciones obtenidas en el contrato colectivo de trabajo, tanto para trabajadores en activo como retirados. “Se deben orientar los esfuerzos de este órgano legislativo en la búsqueda eficaz de resultados tangibles”.

Por su parte, el diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) se manifestó por recuperar el mineral para el dominio de la nación y respetar los derechos de los trabajadores, su contracto colectivo y el sindicato “están por definirse las relaciones laborales para el futuro del país y no debemos permitir el atropello en Cananea, Sombrerete y Taxco”.

“Espero que esta comisión tenga una vida cortísima, que resolvamos los conflictos mineros; lo que esta Comisión tiene que hacer es ponerse del lado de los trabajadores”.

En tanto, la diputada Laura Arizmendi Campos (Convergencia) afirmó que la actividad minera en Cananea genera el 46 por ciento de la producción de cobre y una derrama económica de alrededor de 150 millones de pesos mensuales, “por lo que la Comisión debe estudiar a fondo el problema minero y buscar soluciones que contribuyan a resolver dicho conflicto.

“En estos últimos años la industria minera se ha visto afectada por la falta de apoyo del gobierno federal y de la Junta de Conciliación y Arbitraje, ya que declaró inexistente una huelga legalmente procedente y que forma parte de un derecho que tienen los trabajadores”

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