El Pleno de la Cámara de Diputados conoció en primera lectura un dictamen por el que se aumentan de 8 a 16 años de prisión a quien por sí o por interpósita persona, con propósito de tráfico, pretenda llevar o lleve mexicanos o extranjeros a internarse a otro país, sin la documentación correspondiente.

El dictamen de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, mismo que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Población, fija multa de cinco mil a quince mil días de salario mínimo, a quien cometa dicho ilícito.

Se establece que este delito se perseguirá de oficio; queda obligada la autoridad migratoria a proporcionar al Ministerio Público Federal, los elementos de convicción necesarios para su persecución.

Indica que se aumentarán hasta en una mitad las penas, cuando las conductas descritas se realicen respecto de menores de edad; o en condiciones o por medios que pongan en peligro la salud, la integridad o la vida de los indocumentados, o cuando sean sometidos a tratos inhumanos que vulneren sus derechos fundamentales; o bien, cuando el autor del delito sea servidor público.

“Debemos garantizar el mínimo de protección de los derechos humanos a los migrantes, que nuestra Carta Magna ofrece, toda vez, que nosotros peleamos y pedimos ante los países del extranjero protejan y respeten sus derechos a nuestros connacionales”, añade el documento.

Educación indígena

Para establecer que en las escuelas de educación básica donde se atiende mayoritariamente a población indígena, los materiales que se proporcionen sean en la lengua indígena que corresponda, el Pleno Camaral conoció un dictamen que modifica los artículos 21 y 33 de la Ley General de Educación.

Se busca que los docentes que brindan sus servicios en educación indígena certifiquen su bilingüismo en el dialecto que corresponda y el español; aquellos que no cuenten con licenciatura como nivel mínimo de formación, se deberán incorporar a los programas de capacitación que diseñe la autoridad educativa.

“La reforma no pretende constituirse en un mecanismo que permita a personas sin la formación adecuada acceder, en un futuro, como docentes de educación indígena, sino garantizar que todos los profesores adscritos actualmente a este subsistema cuenten con estudios profesionales en la docencia”.

El dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos precisa que de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública, los jóvenes maestros que atienden a los niños indígenas tienen una "insuficiente capacitación y actualización", pues sólo tienen estudios de secundaria o preparatoria, ya que 9 por ciento (4 mil 626) del total de los maestros indígenas han logrado acreditar exámenes para profesores en servicio.

En el presente ciclo escolar la SEP, a través del subsistema de educación indígena, atiende a más de 1.3 millones de alumnos de primaria y secundaria, para quienes se producen materiales educativos en las 42 lenguas indígenas, más algunas variantes dialectales.

Reconocimiento de derechos humanos a extranjeros

De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios se conoció un dictamen que reforma los artículos 67 y 113 de la Ley General de Población, a fin de establecer que no se podrá negar o restringir a los extranjeros que lo requieran, cualquiera que sea su situación migratoria, la atención de quejas en materia de derechos humanos y la procuración de justicia en todos los niveles.

Se establece que los extranjeros tendrán derecho a ser auxiliados en el caso de desastres, así como a recibir la atención médica que requieran en enfermedades o accidentes que pongan en riesgo su vida.

El dictamen garantiza una estabilidad laboral para aquellos servidores públicos que presten o brinden el auxilio que requieran los extranjeros en casos de emergencia y así darles el apoyo que otorga la Carta Magna, sin que por esas acciones se encuentre en riesgo su estabilidad laboral.

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