Legisladoras de los diversos grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados aseveraron, durante la sesión del Pleno, que a pesar de los avances en materia de equidad, éstos siguen siendo insuficientes para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres.

Enfatizaron que se sigue registrando desigualdad entre hombres y mujeres en ámbitos como el acceso a la salud, a la educación, a trabajos dignos y bien remunerados; además, mencionaron que el problema más grave que se debe revertir es la violencia por motivos de género.

Al fijar su posicionamiento respecto al Día Internacional de la Mujer, la presidenta de la Comisión de Equidad y Género, diputada Martha Elena García Gómez (PRD), precisó que la violencia de género es un fenómeno intergeneracional que deriva en un problema de salud pública provocado por la desintegración social.

“Se requiere crear un nuevo ambiente familiar, cultural y social para las niñas y niños, quienes serán las generaciones responsables de terminar con los ciclos de violencia y de esa forma construir una sociedad diferente, con mejor calidad de vida y convivencia”.

Al fijar la postura de su partido, la diputada Paula Angélica Hernández Olmos (PRI) dijo que no es un día para solamente recibir felicitaciones, también es la oportunidad para hacer un balance de los logros obtenidos hasta la fecha.

Se pronunció por garantizar la participación de las mujeres en condiciones de igualdad en todos los campos de la actividad humana, así como laborar con visión clara hacia la autonomía y la autosuficiencia de este grupo.

Comentó que si se aspira al desarrollo integral de la nación, se debe generar una lucha de igualdad de género que incluya las voces tanto de mujeres como de hombres. “Es momento de reducir la profunda brecha existente entre las oportunidades y el acceso a éstas”.

Expresó que el reto es hacer posible el avance democrático de las mujeres construyendo bases institucionales formales y focalizadas, que permitan acceder al financiamiento y a la propiedad. “Se trata de eliminar las desventajas para que tengamos relaciones de igualdad política, social y cultural”.

En tanto, la diputada Josefina Vázquez Mota (PAN) externó que el Congreso debe trabajar para garantizar que la no discriminación sea parte cotidiana en la vida de todas las mexicanas. “Hoy seis millones de hogares tienen una jefa de familia y 70 por ciento de los hogares reciben ingresos de las mujeres; además, somos ya el 38 por ciento de la población ocupada”.

A México, continuó, le urge crecer para que las mujeres tengamos más posibilidades de participación en la sociedad; asimismo, requerimos con urgencia que se concreten las reformas que México nos exige y acabar así con inercias, mitos, candados y prebendas que sólo fortalecen a muy pocos.

Agregó que en los últimos años los recursos etiquetados para las acciones de adelanto a las mujeres ha crecido; “sin embargo se requiere etiquetar de mejor manera y más clara el presupuesto que aprobamos en esta Cámara de Diputados”.

La diputada Leticia Quezada Contreras (PRD) dijo que el Día Internacional de la Mujer debe servir para que el Congreso denuncie, trabaje y se comprometa por el reconocimiento y pleno ejercicio de los derechos humanos de este sector.

“Lamentablemente en este país los derechos humanos de las mujeres son violados sistemáticamente ante la mirada indiferente y la complicidad de las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, que no atienden los reclamos de las millones de mexicanas”.

Recalcó que en México los feminicidios no disminuyen, “por el contrario se han extendido a todo el territorio nacional”. Aseguró que la violencia de género es un obstáculo para un adecuado desarrollo laboral, escolar y social; “sobre todo cuando esta violencia es institucional”.

Detalló que las mujeres siguen percibiendo salarios más bajos que los hombres, “alrededor de un 25 o 30 por ciento. Vaya forma de conmemorar este día, con mujeres asesinadas, perseguidas, encarceladas, reprimidas, explotadas y también olvidadas, por lo que no hay mucho qué celebrar”.

A su vez, la diputada Adriana Sarur Torre (PVEM) afirmó que los gobiernos no han estado a la altura de la riqueza del capital humano que representa el 52 por ciento de la población del país, mujeres esforzadas.

Consideró que requieren criterios transversales de género en todas las políticas públicas, legalmente sancionables por un organismo encargado de velar por su efectiva aplicación.

“Se debate todavía sobre la salud reproductiva y la autonomía de decisión de la mujer cuando estamos ante problemas fragantes de discriminación laboral, acoso, violencia intrafamiliar, las prestaciones en el derecho civil-penal de la condición de ser mujer”, agregó.

México no será del todo sin la aportación y el desarrollo a plenitud de sus mujeres en el siglo XXI, ésa es la esencia y la columna vertebral de la nación, finalizó.

Por su parte, la diputada Laura Itzel Castillo Juárez (PT) enfatizó que existe una paradoja entre las obligaciones y sanciones impuestas por las leyes a las mujeres y la negativa a reconocer sus plenos derechos.

“La oficina de Naciones Unidas en México advirtió ayer que las reformas contra el aborto aprobadas en 18 estados del país son un retroceso y vulneran el desarrollo de los derechos humanos de las mujeres, y sin embargo, organizaciones feministas han denunciado hasta 169 presas por abortar”, comentó.

Planteó revisar las leyes relacionadas con la violencia de género en el país. “Exijamos que con motivo del Día Internacional de la Mujer, se liberen a todas las presas que se encuentran recluidas por ejercer el derecho humano al aborto”.

En su turno, la diputada Cora Pinedo Alonso (NA) resaltó que la brecha en el diferencial de ingresos entre hombres y mujeres de 2001 a 2007 ha aumentado del 29. 8 por ciento al 32. 6, lo que significa que las mujeres ganan menos a los hombres, incluso por el mismo trabajo.

En el ámbito de la educación, dijo, el 49.7 de la población trabajadora femenina tiene hasta un nivel de secundaria, socialmente importa menos la educación de las mujeres.

Señaló que el acto de justicia es lograr que las mujeres sean generadores de sus propios ingresos y puedan ser dueñas de sus propias decisiones, “y el camino comienza por el acceso a la educación porque no pueden ser ellas las que nutran las filas del empleo precario, del empleo informal y del auto empleo con las mínimas garantías”.

Puntualizó que es necesario reforzar el papel de las mujeres que desempeñan en la familia y que no son ellas las únicas que deban cargar con las tareas de la reproducción cotidiana, es decir, el trabajo doméstico.

La diputada María Guadalupe García Almanza (Convergencia) señaló que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en muchos países no existen instrumentos legales para sancionar la violencia en los hogares y en México pese a las leyes locales al respecto la violencia intrafamiliar constituye un problema social cuyas dimensiones ha rebasado la capacidad de los organismos responsables de su atención.

Refirió que otra forma de agresión hacia la mujer es la reciente escalada en muchos de los congresos locales a favor de la penalización del aborto, según la Organización Mundial de la Salud cada año mueren 529 mil mujeres a consecuencia de complicaciones relacionadas con el embarazo.

En México, pese a los avances legislativos en los ámbitos laboral y político persisten actitudes de discriminación que sufren muchas mujeres, realizan los mismos trabajos o profesiones que los hombres por menor remuneración, enfrentan obstáculos, prejuicios y acoso sexual en el logro de ascensos, añadió.

“No es a través de decretos que se logrará la equidad entre los géneros, sino mediante la implementación de políticas públicas que comprendan no sólo medidas de sanción sino también de prevención, a través de un replanteamiento de la educación entre otras cosas”.

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