Con el objetivo de desaparecer las exenciones sobre las contribuciones a la propiedad que tienen los inmuebles de la federación, el diputado Omar Fayad Meneses (PRI) propuso reformar la fracción IV, inciso c), del artículo 115 de la Constitución Política.

Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la federación, de los estados o los municipios, que exclusivamente estén destinados a universidades, escuelas, bibliotecas, hospitales, clínicas de salud y zonas arqueológicas, con la aprobación de las legislaturas locales.

Refirió que de acuerdo con un diagnóstico con motivo de la realización de la Primera Convención Nacional Hacendaria, los recursos transferidos a las entidades federativas y los municipios son insuficientes para cumplir sus mandatos constitucionales de gasto, situación que se agravará al no tener contribuciones propias de peso recaudatorio relevante, lo que también hace mínima su corresponsabilidad fiscal.

“El impuesto predial es un impuesto local eficaz, ya que los bienes inmuebles tienen una ubicación dentro de la jurisdicción de un gobierno municipal. Éste grava la propiedad o posesión inmobiliaria, y su rendimiento contribuye de manera importante a fortalecer la economía municipal, acrecentando la posibilidad de dotar de más y mejores servicios públicos a la ciudadanía”, dijo.

Consideró que “es momento de dejar exenciones de donde se sustentan muchos inmuebles para no pagar los servicios públicos y el impuesto predial, además de contribuir a acrecentar a la hacienda municipal, la autoridades tendrán más calidad moral para solicitarle al ciudadano su cumplimiento”. Se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Establecer precios máximos a productos agrícolas

El diputado Alberto Jiménez Merino (PRI) propuso modificar los artículos 34 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de conferir atribuciones a la Secretaría de Economía para que establezca precios máximos a los productos agrícolas, considerando los costos de producción señalados por la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Señaló que la propuesta pretende constituir un tabulador con los rangos de variación, a fin de establecer una franja que no afecte a los consumidores.

Esos precios finales deberán estar por encima de los costos de producción promedio que presenta cada uno de los productos, sin importar la temporalidad o la región, y considerando las eventualidades climáticas o de otra índole que pudieran incidir en la producción, precisó. Se envió a la Comisión de Gobernación.

Sanciones mayores a robo en escuelas

A la Comisión de Justicia se remitió la iniciativa de la diputada Elsa María Martínez Peña (NA) que reforma el artículo 381 Bis del Código Penal Federal para que el robo en escuelas amerite sanciones mayores respecto a otras modalidades de dicho delito.

Se propone que el robo en escuelas se considere dentro de las modalidades que merecen sanciones adicionales, como una forma de aplicar un mayor castigo a quien cometa acciones delictivas que menoscaben el patrimonio de los centros escolares; así como una forma de reconocer la importancia de la educación en la vida nacional y contribuir a generar las mejores condiciones para su desarrollo, dijo.

Pagar uso de telefonía móvil por segundo

La diputada Ana Estela Durán Rico (PRI) planteó reformar los artículos 60 y 61 de la Ley Federal de Telecomunicaciones para establecer que los usuarios de telefonía móvil comercial paguen proporcionalmente lo que consumen, es decir, por segundo.

Precisó que esto favorecería el uso de la telefonía móvil, cobrar únicamente el tiempo efectivo utilizado, eliminando el redondeo, otorgando al usuario la elección del servicio que desee contratar de acuerdo con sus necesidades y posibilidades.

Subrayó que de aprobarse la reforma, se suprimirán prácticas discriminatorias en el cobro del servicio de telefonía móvil, como actualmente ocurre cuando se efectúa una interconexión entre dos modalidades de telefonía, así como entre concesionarias distintas en un mismo lugar de cobertura local. Se turnó a la Comisión de Comunicaciones.

Derecho a seguridad social a uniones civiles

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (PRD) y el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI) presentaron una iniciativa que reformas diversos artículos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

La legisladora señaló que las reformas van dirigidas a garantizar el derecho a la seguridad social de las uniones civiles, matrimonio, concubinato, pacto de solidaridad, sociedad de convivencia o unión civil.

También propone que el tiempo para conferir un estatus de estabilidad de las relaciones de concubinato se acorte de cinco a dos años, ya que el criterio que aplican las legislaciones del orden civil para presumir cierta voluntad de permanencia y ayuda mutua en una relación conyugal distinta al matrimonio, como es el caso del concubinato, es un periodo de dos años. Se mandó a la Comisión de Seguridad Social.

Ampliar protección de seguridad social

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT) presentó diversas reformas a las Leyes del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y General de Salud.

Señaló que la iniciativa tiene como propósito ampliar la protección que otorga la seguridad social a más sectores de la sociedad; reconocer la existencia de las familias diversas en las leyes de seguridad social y de salud e incorporar la visión de género en las leyes de seguridad social y de salud de nuestro país.

Consideró que con la reforma se contribuiría a lograr un significativo y urgente avance en el reconocimiento de los derechos de las parejas y familias diversas, así como en la consecución de uno de los objetivos principales de la seguridad social consistente en la ampliación de sus sectores protegidos, aunado a la inclusión de la perspectiva de género en el diseño de nuestra legislación nacional.

Se turnó a las Comisiones de Seguridad Social y de Salud.

-- ooOoo --