A petición del diputado Camilo Ramírez Puente (PAN), el pleno de la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio en memoria de los policías: Francisco Alejandro Charles Rodríguez, Luis Eduardo Resendez Rodríguez y Juan Francisco Maldonado, quienes fueron ultimados en el municipio de San Nicolás de los Garza, en el Estado de Nuevo León, el pasado 6 de Marzo.
Rango constitucional a la investigación en ciencia y tecnología

El diputado Rodrigo Pérez Alonso González, del Grupo parlamentario del PVEM, propuso reformar el artículo 25 constitucional, a fin de establecer el interés público en la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación para los procesos de planeación nacional sean eficaces.
La reforma está encaminada a fortalecer a la ciencia mexicana, masificar el uso de la tecnología, generar más conocimiento y detonar procesos innovadores para repercutir en el incremento de la calidad de vida y el bienestar social.

Esto mediante la implementación de una sólida y segura infraestructura tecnológica, que extienda y mejore los servicios en salud, vivienda, educación, cultura, comercio, la formación de una población participativa, alfabetizada digitalmente, y una fuerza de trabajo calificada en el manejo de las tecnologías.

Establece que el Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico del país, por lo que orientará políticas públicas para favorecer su inclusión en el proceso de la planeación democrática nacional y promoverá la asignación de recursos suficientes en la implementación de los planes de desarrollo y sus respectivos programas, de acuerdo con lo establecido en la ley.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Derecho de minorías parlamentarias para interponer controversias constitucionales

Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del grupo parlamentario del PT, propuso reformas al artículo 105 constitucional, con el propósito de que las minorías parlamentarias puedan interponer de manera directa controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que actualmente se requiere de una mayoría absoluta del pleno de la Cámara de Diputados.

La iniciativa señala que con base en la teoría de división de poderes y del control de los poderes públicos entre sí, la controversia constitucional es un instrumento ideado para evitar que algún poder público se exceda en el ejercicio de sus atribuciones violentando con ello el orden constitucional.

Por lo cual considera que los grupos parlamentarios del Senado y de la Cámara de Diputados deberán estar legitimados para interponer controversias constitucionales cuando, a su juicio, existan actos o disposiciones generales del Poder Ejecutivo que puedan ser violatorios de esta Constitución.

Cambiar forma de designar los ministros de la SCJ

El diputado Jaime Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, propuso cambiar los artículos 76, 89 y 96 de la Constitución Política, con el objetivo de reformar el sistema de designación de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, para hacerlo avanzar hacia una mayor transparencia, mayor pluralidad en las propuestas y una mayor exigencia en los candidatos.

La propuesta contempla eliminar el sistema de ternas y suprimir la intervención del Poder Ejecutivo en la nominación de los candidatos, siendo el Senado quien tendrá la facultad exclusiva en la postulación de las candidaturas y su nombramiento.

Asimismo, llevar a cabo un proceso de comparecencias exhaustivas, con la finalidad de conocer a profundidad la experiencia de los postulantes a ocupar el cargo, así como la creación de un procedimiento abreviado –es decir, más corto en el tiempo– en el caso de que ocurra una vacante en la Suprema Corte por circunstancias extraordinarias.

Reconocer dentro de las políticas públicas la equidad de género

La diputada Elsa María Martínez Peña, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, presentó iniciativa que busca que la política de desarrollo social se sujete al principio de la perspectiva de género, como una manera de garantizar que la compleja condición de la mujer sea tomada en cuenta en el diseño de las decisiones públicas que tienden a promover el desarrollo social.

Establece que dentro de los principios a que debe sujetarse la política de desarrollo social se deberán establecerse el reconocimiento en términos de origen étnico, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, las opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra para superar toda condición de discriminación y promover un desarrollo con equidad y respeto de las diferencias.

Así como una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres que se propone eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género; que se plantea la equidad de género en el diseño y ejecución de las políticas públicas de desarrollo social.

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