De acuerdo a diversas investigaciones, sólo el 45 por ciento de la población tiene pleno acceso a todos los bienes y servicios básicos asociados a los derechos sociales; es decir, a la educación, seguridad social, salud, vivienda y alimentación. Asimismo, únicamente el cinco por ciento de éstos vienen del medio rural.

Ante ello, el presidente de la Comisión de Desarrollo Social, diputado Francisco Yunes Zorrilla (PRI), informó que actualmente se revisan reformas a la actual ley general para fortalecer aún más dicha normatividad, a fin de reducir las desigualdades sociales, económicas, de género, regionales, intergeneracionales y étnicas

El propósito, manifestó, es avanzar de manera sostenida en la superación de la pobreza y que la mayor parte de la ciudadanía pueda acceder a los diversos programas sociales.

Durante el foro de consulta pública sobre la Ley General de Desarrollo Social, Gerardo Ordoñez Barba, miembro del Comité de Acreditación de Evaluadores en el Área de Ciencias Sociales y Económicas del Conacyt, manifestó que 20 por ciento de la población se compone de individuos, familias y, en algunos casos, comunidades enteras se encuentran totalmente desprotegidos de la política social.

“Los programas de combate a la pobreza se han constituido en el principal canal distributivo de este heterogéneo grupo que vive en regiones apartadas del campo o en las zonas marginadas de las ciudades”.

El especialista subrayó que la problemática de desprotección absoluta se agrava entre los sectores sociales más vulnerables, como son las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y los adultos mayores; “en las comunidades rurales, principalmente indígenas, es donde se presenta el mayor abandono”.

Dijo que las modificaciones deben garantizar el ejercicio pleno de los derechos sociales. “Es necesario que se asegure el acceso a los programas y beneficios sociales que ofrece el Estado”

Actualmente, agregó, existen contradicciones en la ley; por ejemplo, se considera a los programas de educación obligatoria y de vivienda como prioritarios en un artículo, pero en otra parte de la normatividad no tienen cabida”.

Por eso, continuó, el mayor desafío de la política social radica en la formulación de una estrategia que sea capaz de impulsar cambios institucionales, fincados sobre una base financiera sustentable y equitativa y en la perspectiva de eliminar las restricciones que obstaculizan a millones de ciudadanos el acceso a los beneficios del desarrollo.

Por su parte, el profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), John Scott, urgió por plantear una estrategia integral que coordine la actual política social, “existen cientos de programas descoordinados entre sí, lo que no permite que cumplan la función para la cual fueron creados al 100 por ciento”.

Externó que en la actualidad no hay evaluaciones transversales que permitan ver en su totalidad la problemática; “hoy en día el Coneval coordina más de 100 evaluaciones diferentes y de esa manera es complicado ver el panorama en su totalidad, debido a que los programas están fragmentados”.

Propuso impulsar modificaciones de ley, a fin de conectar el gasto de los recursos presupuestados con una reforma fiscal integral.

“Es fácil ver que una reforma integral sería equitativa, sería benéfico para los grupos de pocos y medianos ingresos que se reforme el sistema que tenemos actualmente”.

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