• La diputada Leticia Quezada presentó un punto para que se regule su comercialización, distribución y venta

Con el objeto de que las Secretarías de Salud y de Economía, así como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios regulen adecuadamente la comercialización, distribución y venta de las bebidas energizantes, la diputada Leticia Quezada Contreras (PRD) leyó un punto de acuerdo.

Subrayó que el principal peligro de las bebidas energizantes no radica en su consumo eventual sino en el excesivo y al combinarlas con bebidas alcohólicas, dársela a menores de edad o personas con algún padecimiento, situación que puede tener efectos dañinos en la salud física y mental, dañar el sistema nervioso central, afectar las funciones cardiacas e incluso provocar la muerte.

La falta de una etiquetación adecuada, dijo, con advertencias sobre su consumo, efectos secundarios o contraindicaciones genera incertidumbre para quien las consume y evita tener certeza de sus efectos.
Refirió que hasta 60 por ciento de los jóvenes, de entre 16 y 30 años de edad, ingieren en mayor proporción estos productos que, combinados con alcohol, incrementan dichos efectos y ocasionan malestares y pueden tener consecuencias fatales.

Además, se relacionan en alto porcentaje con problemas de obesidad por su alto contenido calórico y con trastornos alimenticios como la anorexia, ya que se calcula que 20 de cada 100 casos se asocian con su consumo.

“Es imprescindible garantizar la salud de los consumidores y brindarles la información necesaria para que conozcan los efectos derivados del consumo de las bebidas energizantes y las posibles consecuencias a su salud, y obligar a las empresas y particulares que fabrican, importan, distribuyen y comercializan estas bebidas energizantes para que en los envases se señale ampliamente el riesgo que implica el consumo de éstas”.

Se envió a las Comisiones de Salud y a la de Economía.

Reglamento de la Ley General de Turismo

Para que el titular del Ejecutivo federal, en el marco de su atribución, conmine a la secretaria de Turismo a que emita el Reglamento a la Ley General de Turismo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2009, el diputado Víctor Manuel Báez Ceja (PRD) presentó un punto de acuerdo.

La actividad turística, resaltó, es la tercera fuente de ingresos que apalanca el desarrollo económico de México; el fortalecimiento del sector es prioridad fundamental para salir de la crisis, toda vez que genera el 8.5 por ciento del Producto Interno Bruto, impulsa el empleo dando ocupación a poco más de 2.4 millones de personas y aporta una muy significativa contribución de divisas que compensan el saldo deficitario de la balanza comercial.

Indicó que la Sectur tenía hasta el día 17 de diciembre del 2009 para emitir el Reglamento, por lo que “el desarrollo de México no puede seguir esperando, urge un Reglamento que dé certidumbre y claridad a los actores que intervienen en el sector”. Se remitió a la Comisión de Turismo.

Corte Interamericana de Derechos Humanos

A la Junta de Coordinación Política se mandó un punto de acuerdo por la que se hace público el conocimiento oficial y las obligaciones derivadas de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el pasado 23 de noviembre de 2009, por el caso Rosendo Radilla en contra del Estado mexicano.

El documento leído por la diputada Florentina Rosario Morales (PRD) pide a la Cámara de Diputados ratificar la disponibilidad de esta soberanía para dar cauce procesal expedito a las iniciativas de ley procedentes del Ejecutivo encaminadas a dar cumplimiento a las recomendaciones y a los puntos de sentencia establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Terminar campaña de violencia en Baja California

El diputado Víctor Castro Cosío (PRD) leyó un punto de acuerdo, el cual pide al gobierno del estado de Baja California y a los miembros del Partido Acción Nacional de esta entidad, cesen de inmediato la campaña de violencia sistemática en contra la ciudadanía, especialmente en perjuicio de la maestra en ciencias Martha Beatriz López Amador.

Subrayó que según denuncias de un número creciente de ciudadanos de Baja California, diversas personas reciben pagos, en dinero y en especie, por el gobierno estatal para hacer llamadas radiofónicas en favor del PAN, y aplicar una estrategia de violencia sistemática contra los ciudadanos que no comulgan con ese instituto político, “especialmente en perjuicio de los compañeros del PRD, con el eslogan Sacar del estado a quienes no estén de acuerdo con el PAN".

De manera especial, expresó, es de destacarse el caso de la maestra en ciencias Martha Beatriz López Amador, quien es víctima de constantes amenazas de muerte y de un hostigamiento persistente y asfixiante, que incluye la obstaculización para su reinserción laboral y continuar estudios de doctorado. Se canalizó a la Junta de Coordinación Política.

Delincuencia organizada en el Estado de México

Se remitió a la Junta de Coordinación Política una propuesta del diputado Oscar Martín Arce Paniagua (PAN) la cual pide al gobernador del Estado de México y a la Procuraduría General de Justicia de dicho estado, a que investiguen los posibles vínculos de miembros de la Agencia de Seguridad Estatal con la delincuencia organizada, así como para que implanten, de manera urgente, procedimientos de control y confiabilidad a los integrantes de dicha corporación policiaca.

Se precisa que la inseguridad pública es uno de los males que “más sufrimos los mexicanos, ya que nos aleja del proyecto de nación que buscamos; la delincuencia que nos agobia resulta doblemente nefanda cuando es cometida por un servidor público, y se agrava aún más cuando dichos actos son cometidos por los cuerpos policíacos, que tienen por presupuesto y encomienda, la seguridad y la protección de las personas”.

Embargo camaronero

Con el objeto de que el comisionado nacional de Acuacultura y Pesca y el del Instituto Nacional de Pesca, expliquen técnica y detalladamente, la actual política nacional pesquera con las medidas implementadas para la protección ambiental; los impactos que tendrá la pesca por el embargo camaronero impuesto por el gobierno de Estados Unidos, así como las acciones del gobierno mexicano al respecto, el diputado del PVEM, Rafael Pacchiano Alamán planteó un punto de acuerdo.

Puntualizó que el embargo impuesto por Estados Unidos afectará la economía del país, ya que algunos datos precisan que se perjudicará alrededor de 10 mil pescadores de 11 entidades federativas.

Más de 300 mil mexicanos, manifestó, dependen de las actividades pesqueras y de acuacultura, por lo que resulta urgente que se modifique el enfoque de la actual política pesquera. Se envió a la Comisión de Pesca.

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